edición: 2451 , Viernes, 20 abril 2018
27/05/2009

El “ojo” de la RSC vigila a los eurodiputados

Una campaña promovida por la Coalición Europea por la Justicia Corporativa exige “concreción” a los candidatos al PE
Beatriz Lorenzo

Desde los salones de Estrasburgo adoptan a diario medidas que afectan a toda la Unión Europea. Se les ha tachado muchas veces de lacayos de las grandes compañías, de facilitarles recomendaciones y directrices mediante el acceso a los núcleos fuertes de toma de decisiones. Los eurodiputados también se han llevado su correspondiente bofetada en la caza de brujas que, desde los mentideros políticos, pretende poner nombre y apellidos a los culpables de la crisis económica. A ellos se les acusa de decisiones políticas poco  meditadas que han favorecido la hecatombe del mercado financiero, de que han hecho la vista gorda ante la proliferación de paraísos fiscales. Y ha llegado la hora, piensan muchos, de ponerles el bocado con campañas como 'Exige Concreción a tu Candidato’ (Pin down your candidate) que se inició ayer en diferentes capitales de la Unión Europea  exigiendo a  los candidatos a las elecciones del Parlamento Europeo del próximo Junio,  priorizar los intereses públicos antes que los beneficios privados.

La mencionada campaña está promovida por cuatro redes: Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (Alter-EU),  ATTAC Europa, la red Seattle-to-Brussels Network y la Coalición Europea por la Justicia Corporativa (European Coalition for Corporate Justice, ECCJ).  Esta última, nacida en 2005, aúna las fuerzas de muchas de las organizaciones y plataformas de la sociedad civil que comenzaron su andadura en Bruselas en temas relacionados con la Responsabilidad Corporativa. El Observatorio de la RSC es el representante español en esta plataforma dedicada a la incidencia política cuya actividad está ligada a la evolución de la política de la Unión Europea en este campo.

En la página web de la campaña, www.electioncampaign.eu, votantes de los 27 estados miembros de la UE podrán exigir concreción de los candidatos al Europarlamento, preguntándoles acerca de su posición en asuntos que incluyen la transparencia en el lobby, la irresponsabilidad social y ambiental de las empresas, las políticas comerciales injustas y la regulación del mercado financiero. A los candidatos se les requiere con este movimiento la adquisición de compromisos tales como: un sistema para acabar con el acceso privilegiado de las empresas transnacionales a la creación de políticas para la UE, un marco legal que abra la posibilidad de enjuiciar a las empresas por abusos cometidos, un cambio radical en la agenda comercial que priorice la justicia económica, social y ambiental, y la formulación de legislaciones que regulen los mercados financieros, el vacío fiscal y la lucha contra la corrupción.

Pin down your candidate trata de popularizarse como un “claim” evocador de justicia, de transparencia, de honestidad y su meta es erigirse en vigilante de la imparcialidad y los principios democráticos que deberían reinar en las decisiones parlamentarias, en detrimento de la intrincada red de relaciones no del todo claras que se gestan entre los eurodiputados y el sector corporativo de las grandes compañías. Aprobar propuestas que sean beneficiosas para la gente, para el medio ambiente, y no sólo para los negocios, este es el objetivo de la campaña según sus redes promotoras.

Las grandes compañías provocan fuertes impactos sociales y medioambientales, tanto en sus países comunitarios de origen como ( y sobre todo ahí) en zonas de Asia, África y América Latina. Aún en una época en que las políticas de RSC han cobrado una importancia vital y la opinión y la confianza de los grupos de interés se mide en valores de calidad, reparto equitativo y respeto medioambiental, parece ser que el establecimiento de mecanismos voluntarios no es suficiente para que dejen de firmarse acuerdos beneficiosos para las empresas a costa de las comunidades y el medio ambiente de las zonas implicadas.

Ante esta necesidad de establecer códigos, regulaciones o recomendaciones, son muchas las asociaciones e instituciones que han querido poner su grano de arena. Así, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha colaborado con la Organización Europea de Consumidores (BEUC) en la creación de una guía, puesta a disposición de los partidos políticos, que tiene como finalidad plantear cuestiones de interés para los consumidores con el objetivo de que sean tenidas en cuenta en sus propuestas. Se trata de la guía "Ganarse la confianza del consumidor". Una guía para futuros eurodiputados en ocho pasos, que propone un pacto entre el Parlamento y los 500 millones de consumidores europeos. Este pacto conecta con las principales causas de inquietud para los ciudadanos en materia de consumo, buscando el apoyo de los partidos políticos y sus candidatos para, tal y como indica la guía, “crear, mantener y fomentar la confianza del consumidor en el Parlamento y en la Unión Europea”.

SUBIDAS SALARIALES Y UNA EUROPA “GLOBAL” PERO NO SOSTENIBLE

Si la transparencia y el respeto a los principios sociales y medioambientales consiguen hacerse un hueco en los pasillos de las instituciones europeas, quizás no vuelvan a repetirse hitos poco afortunados en la trayectoria de la RSC en la Unión Europea, habiendo dejado algunos de ellos una cicatriz que a muchos les sigue supurando.

Especialmente polémica fue la estrategia “Europa Global”, lanzada por la UE en octubre de 2006, que aspiraba a facilitar acceso al mercado para las empresas europeas a través de la conclusión de tratados mundiales, regionales y bilaterales de libre comercio y la eliminación de todas las protecciones sociales o ambientales que pudieran ser una traba para la competitividad y, por tanto, los beneficios de las empresas europeas. Se trataba de buscar de una manera agresiva una completa desregulación de los mercados a favor de las grandes corporaciones europeas, mediante acciones que suponían un aumento de las desigualdades mundiales, una amenaza para el medio ambiente y una dinamización del calentamiento global.

Para muchos, una completa locura y una reafirmación de la agenda neoliberal de Lisboa (2000) donde se marcó el objetivo estratégico de convertir la economía de la Unión en "la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, antes de 2010, capaz de un crecimiento económico duradero acompañado por una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y una mayor cohesión social”.

Otra decisión, mucho más reciente, que todavía sigue levantando ampollas, es la anunciada subida salarial de más de 4.000 euros que los eurodiputados comenzarán a disfrutar tras la celebración de las elecciones el próximo 7 de junio.  En el caso de los eurodiputados españoles, a partir de la nueva Legislatura europea recibirán cada mes un sueldo de 7.665,31 euros brutos,  en contraposición con los 3.125 que venían percibiendo hasta ahora y que se incrementará de acuerdo con la tasa de inflación. Una subida no demasiado discreta que no ha sentado nada bien en unos tiempos en que la economía española poco más puede hacer que apretarse el cinturón.

Para que la democracia europea funcione correctamente, los ciudadanos deben ser capaces de saber quién influye el proceso de determinación europeo y cuánto dinero está involucrado. El objetivo es un Parlamento que, si no totalmente transparente, si esté al menos lo suficientemente diáfano como para que las aguas turbulentas no sean el caldo de cultivo de decisiones que afectarán a toda Europa.

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