El País Vasco `rompe la baraja´ autonómica
edición: 2534 , Viernes, 17 agosto 2018
28/11/2012
En contra de las órdenes de Rajoy

El País Vasco `rompe la baraja´ autonómica al anunciar que pagará la extra de Navidad a sus funcionarios

Críticas a la comunidad por tomar una decisión contraria al Gobierno central a pesar de ser una región privilegiada, gracias al Concierto Económico
El País Vasco se posiciona como la comunidad más `radicalmente opuesta´ al Real Decreto del PP: Extremadura ya ha `reculado´ y sólo adelantará la extra de junio de 2013
ICNr

Pagar o no pagar. Esa es la pregunta a la que deberán dar respuesta -y pronto- todas y cada una de las comunidades autónomas españolas con respecto al desembolso de la extra de Navidad, una retribución que el Gobierno central niega por Real Decreto a los funcionarios de todo el país, y no sólo a los de la Administración central. Si desde el Ejecutivo de Rajoy se ha insistido en las últimas semanas en que el recorte de esta paga no es algo opcional para las autonomías, el País Vasco anunció ayer una postura contundente al optar, basándose además en informes jurídicos, por ignorar las instrucciones de Rajoy y hacer entrega de esa última porción del sueldo anual del funcionariado. La portavoz en funciones su Ejecutivo, Idoia Mendia, aseguró que la comunidad pagará íntegramente la extra navideña a los casi 70.000 funcionarios que dependen de la comunidad -excluyendo, eso sí, a los altos cargos del Ejecutivo-, haciendo así caso omiso a lo que desde el Gobierno central de plantea como una obligación y posicionándose como la autonomía más `radical´ en su decisión. Extremadura, que la semana pasada anunció la misma medida, `reculó´ después de que el Gobierno central asegurara que llevaría el caso al Constitucional. Por ahora, la solución intermedia, por la que están optando distintas comunidades, pasa por adelantar la paga de junio de 2013 para desembolsarla en diciembre.

La decisión, adoptada por el Consejo de Gobierno vasco, supone el posicionamiento más opuesto al del PP, incluso entre las comunidades que, como la vasca, previsiblemente cumplirán con el objetivo de déficit fijado por Bruselas -y, por tanto, podrían poner más en duda su aplicación, ante la falta de una situación de excepcionalidad en sus cuentas. Galicia, por ejemplo, optará por una solución distinta: los empleados públicos podrán recuperar la paga extraordinaria que se le suprimirá en diciembre de este año directamente en nómina en futuros ejercicios, cuando la Xunta estime que la situación financiera de las arcas autonómicas ha mejorado lo suficiente, según los parámetros fijados por la Ley de Disciplina y Sostenibilidad Presupuestaria.

Además, la decisión ha despertado algunas reacciones en contra por parte de las Diputaciones. La de Vizcaya advirtió ayer que existe cierto riesgo de que la cuestión acabe en el Constitucional y, por tanto, de que los trabajadores se puedan ver obligados a devolver ese salario `en el futuro´. La fórmula, en el caso de Vizcaya, será no abonar la paga de Navidad a los trabajadores forales y adelantar las pagas del año 2013, con `un principio de prudencia´ y un criterio de `seguridad jurídica´, tanto `para quien paga´ como para `quien recibe la paga´. Lo mismo se aplica al caso de Álava. Sin embargo, para el Gobierno de Patxi López -que toma esta decisión casi como su última voluntad política al frente del actual Gobierno-, la suspensión sería `injusta en el fondo y en la forma´ y, además, su eliminación `tendría un dudoso impacto sobre el déficit´.

El anclaje se encuentra, además, en un informe jurídico, según el cual si el Gobierno vasco no abonara la paga extra sin acudir al Parlamento para modificar la Ley de Presupuestos, se estaría tomando `una decisión no ajustada a derecho´. El País Vasco sigue así, al menos de momento, los pasos de Extremadura -del PP-, cuando aquella comunidad aseguró que no aplicaría el recorte salarial al que obliga el Gobierno central. Extremadura dio, sin embargo, un paso atrás en su decisión después de que el Gobierno central amenazara con llevar su decisión al Constitucional, asegurando que, como otras, adelantará el pago de la extra de junio de 2013. Además de Extremadura, la junta de Castilla y León también estudiará adelantar la extra de verano de 2013 para paliar la rebaja impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque todavía no ha tomado ninguna decisión sobre el asunto. No se sabe si el País Vasco también `reculará´ en su decisión, o si podrá hacerlo el PNV una vez que comience su etapa al frente del Ejecutivo, pero lo cierto es que el punto de partida a nivel financiero del País Vasco es muy distinto del de otras comunidades.

La reacción de Madrid, en todo caso, no se hizo esperar: la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, aseguró que se trata de una decisión `muy negativa´, dado que se trata de la aplicación de `legislación básica´ para todas las autonomías en una materia cuya competencia corresponde al Estado. En este sentido, el pasado mes de septiembre la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, dependiente del Ministerio de Hacienda, ya publicó una nota informativa relativa a la aplicación por las entidades locales de lo dispuesto en los artículos 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y 22 de la Ley 2/2012, de Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio. En dicha nota se aseguraba que tal medida de recorte tiene carácter básico, de conformidad con los artículos 149.1.13ª (competencia del Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica) y 156 de la Constitución (“las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”, y “podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las Leyes y los Estatutos”.

UN SÍMBOLO DE RUPTURA

Los internautas no pudieron evitar ver en la decisión del País Vasco un símbolo de la ruptura que, más que nunca en tiempos de crisis, amenaza la unidad del país. Se trata de una decisión que supone pasar por alto la legalidad y poner en duda las competencias del Estado central en materia de política económica. Se trata, además, de una cuestión de justicia y de ética: si todo el sector privado está cargando a sus espaldas el peso de la crisis, vía despidos, impuestos, recortes de salario, etc., lo justo es que también el sector público, en su totalidad y de forma solidaria, aporte su parte a la recuperación de la estabilidad presupuestaria. Sin embargo, tampoco faltan internautas en contra de que se recorten derechos del funcionariado en zonas en las que se están haciendo bien los deberes. No sería justo, en definitiva, que una comunidad que se ha esforzado en cumplir con sus límites de déficit tenga que adoptar un recorte de derechos cuando no existe una situación de emergencia que lo justifique. El problema, para este sector de los lectores, está en otras autonomías y en el propio Estado central, y son éstos los que tienen que poner remedio a sus problemas financieros. De otro modo, pagarían `justos por pecadores´.

Tampoco se dejó de lado que el caso vasco presenta ciertas particularidades que hacen que, en este supuesto, la decisión resulte especialmente insolidaria. El Concierto Vasco  `les da muchos privilegios´, tal y como recordaron muchos lectores, por lo que la negativa del Gobierno de Patxi López supone una `injusticia´ fruto de un país ` descabezado e ingobernable´. `Roban a los funcionarios de carrera de la Administración del Estado para pagar administraciones paralelas´, denunció un lector, que se centró también en hasta qué punto sobran funcionarios en muchas autonomías, sin que la vasca sea una excepción. En la misma línea, `vascos y navarros, siempre vivirán mucho mejor porque no pagan casi nada al Estado español y eso es una injusticia´. Ese marco, que parece inamovible y al que aspira también Cataluña, supone que, si se sigue por la vía de la ruptura, `al final Madrid y Baleares tendrán que alimentar al resto de comunidades´. Entre las críticas al cupo vasco, se comentó que supone `una miseria que no se actualiza correctamente´, y a la que se suma que `encima les pongamos ejercito, instituciones, aportaciones a la UE, etc.´

En definitiva, se criticó duramente la existencia de desigualdades entre las distintas autonomías y el sistema en su conjunto, donde `cada región hace lo que le apetece, provocando diferencias injustas entre los ciudadanos´. Se habló también de `españoles de primera y españoles de segunda´, apostándose por la igualdad de condiciones entre todas ellas, por parte de algunos lectores, o bien por la ruptura radical con esa fórmula, según otro sector de la opinión pública. `O todos iguales o rompemos la baraja. Pero ¿qué es esto? ¿Las autonomías, en función de su capricho, quitan o dan? Si el País Vasco se puede permitir pagar la extra, ¿porqué las demás no?´, sentenció un lector.

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