edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
26/11/2015
LA OREJA DE LARRAZ

El Parlamento Europeo aboga por que los Estados miembros protejan la figura de los delatores fiscales

Javier Ardalán
El Parlamento Europeo aboga por que los Estados miembros protejan la figura de los delatores fiscales, cuyas revelaciones benefician al interés común, en una resolución, que recuerda que el caso ‘Luxleaks’ salió a la luz gracias a periodistas de investigación a partir de la información facilitada por el ex empleado de una de las grandes auditoras, Antoine Deltour, ahora imputado en Luxemburgo.
El escándalo LuxLeaks estalló el 5 de noviembre de 2014 gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el cual publicó unas 28.000 páginas de documentos confidenciales por los que se establecían más de 500 resoluciones fiscales privadas entre la Administración tributaria luxemburguesa y más de 300 empresas multinacionales entre 2002 y 2010.

Esta investigación reveló el alcance del recurso a acuerdos secretos que incluían complejas estructuras financieras concebidas para obtener importantes reducciones fiscales; que, en muchos casos, filiales en Luxemburgo gestionaron centenares de millones de euros de empresas que tienen una presencia reducida y ejercen poca actividad económica en este país. Por ello, piden los europarlamentarios a la Comisión Europea, que proponga, antes de junio de 2016, un marco legislativo de la UE para la protección efectiva de los denunciantes de irregularidades y de los autores de denuncias similares.

Destacan que es inadmisible que puedan ser perseguidos por la ley, en lugar de gozar de protección jurídica, aquellos ciudadanos y periodistas que, actuando en aras del interés público, revelan información o dan cuenta de sospechas de comportamientos impropios, irregularidades, fraudes o actividades ilegales —especialmente en los casos de evasión y elusión fiscal y blanqueo de capitales— o bien de cualquier otra conducta que infrinja los principios fundamentales de la UE, como el principio de cooperación leal.

La resolución insta a la Comisión a que considere la posibilidad de introducir una serie de dispositivos que garanticen dicha protección frente a procesos judiciales injustificados, sanciones económicas y actos discriminatorios, así como la protección de la confidencialidad y del secreto comercial. Además, señala a la atención, en este mismo contexto, el ejemplo de la Ley Dodd-Franck en los Estados Unidos, que remunera a los denunciantes de irregularidades cuando comunican a las autoridades información de primera mano y los protege de las actuaciones legales y la pérdida del empleo, teniendo presente que dicha remuneración no debe servir de estímulo para la publicación de información comercial sensible.

La creación de una agencia europea independiente competente para recabar este tipo de información y realizar investigaciones, es otra de estas propuestas, así como de un fondo común paneuropeo para denunciantes de irregularidades, que permita garantizar que los denunciantes reciben una ayuda financiera adecuada, ambos financiados por un porcentaje de los fondos recuperados o de las multas impuestas.

Considera que también debe protegerse a los denunciantes de irregularidades en caso de que informen a la opinión pública después de haber alertado a las autoridades competentes a escala nacional o de la UE y estas no hayan reaccionado en el plazo de un mes.

También, echa en cara que la troika institucional (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) encargada de supervisar los programas de ajuste financiero y presupuestario en Estados miembros como Portugal y Grecia no intentó impedir amnistías fiscales, resoluciones fiscales, beneficios fiscales y regímenes de exención fiscal que eran y son injustamente discriminatorios, al favorecer a las empresas y personas que eluden el pago de impuestos, causando una gran sangría en los ingresos públicos e incrementando la carga sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los ciudadanos, que ya sufren una carga impositiva excesiva.

Los Estados miembros deben consensuar su posición sobre los denominados acuerdos fiscales y los “precios de transferencia” (que determinan cómo se valoran las transacciones dentro de la misma compañía). Los eurodiputados creen que, para poner fin a tratamientos preferentes, disparidades entre los sistemas tributarios nacionales y otras cuestiones que acaban socavando la recaudación tributaria, la solución es establecer tan pronto como sea posible una base imponible común consolidada para el Impuesto sobre Sociedades (BICCIS).

La diferencia entre, por un lado, las prácticas perniciosas de determinadas Administraciones tributarias y nacionales que permiten que las empresas multinacionales trasladen sus beneficios a fin de evitar la tributación en los territorios donde se generaron dichos beneficios y, por otro, la competencia entre los gobiernos a la hora de atraer la inversión extranjera directa (IED) o de mantener las actividades económicas dentro del país respetando plenamente la legislación de la UE, es otra de sus reclamaciones.

La Cámara considera que las empresas multinacionales deben pagar los impuestos donde generan el beneficio. A su juicio, la actual competencia en materia tributaria – que conduce a agresivas prácticas de planificación y evasión fiscal, sin un marco regulatorio a nivel comunitario- es perjudicial. Además de la pérdida de recaudación, los eurodiputados ven injusto que las grandes compañías casi no paguen impuestos sobre sus ganancias, mientras que los ciudadanos y las pymes sí pagan su parte.

El Parlamento Europeo ha adoptado esta resolución en la que, además, se reclama a los Estados miembros que obliguen a las multinacionales a desglosar país por país la información sobre beneficios e impuestos y que se establezca una base imponible común consolidada para el Impuesto sobre Sociedades, así como definiciones comunes de términos tributarios y más transparencia respecto a sus acuerdos fiscales –hasta ahora secretos- con las grandes compañías.

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