edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
28/06/2010

El Parlamento Europeo debate nuevas medidas sobre las remuneraciones de los directivos de la banca y las cotizadas

Javier Ardalán
El Parlamento Europeo debatirá en el próximo Pleno un informe elaborado por el socialista belga Saïd El Khadraoui, en el que se solicita a la Comisión Europa y a los Estados que cada institución financiera y cada empresa que cotice en bolsa, dentro del ámbito comunitario, deberá contar con un  comité de remuneraciones independiente que determine la política remunerativa, sin que los miembros de este órgano puedan basar su paga en el rendimiento del negocio ni desarrollar funciones ejecutivas en la empresa. Esto debe hacerse en estrecha cooperación con los gestores del riesgo y previa consulta de los accionistas. En opinión del ponente, debe quedar claro que los consejeros no ejecutivos sólo han de percibir una remuneración fija.

Con esta iniciativa, la Eurocámara se propone evitar los excesos en las comisiones e incentivos a ejecutivos en el sector financiero y un excesivo nivel de riesgo bancario al intentar buscar beneficios rápidos, uno de los factores, que para algunos colaboraron en la formación de la actual crisis económica y, para otros, como los europarlamentarios liberales, es un efecto positivo en la libertad de mercado.

El ponente pide a la Comisión Europea que establezca unos principios sólidos y vinculantes sobre las políticas remunerativas en el sector financiero, tal como propugna el ponente sobre las directivas sobre la adecuación del capital (DAC), así como un procedimiento de denuncia pública de las compañías que cotizan en bolsa que no respeten estos principios; pide, además, a la Comisión Europea que lleve a cabo una evaluación o estudio de impacto sobre la viabilidad de la instauración de un impuesto europeo sobre los incentivos así como un impuesto europeo sobre la actividad bancaria.

También, el informe subraya el hecho de que los beneficios y pérdidas abarcan distintos períodos de tiempo, y que el pago de la remuneración variable debe diferirse en consecuencia durante un plazo suficientemente largo; el importe de la proporción diferida y la duración del período de aplazamiento deben determinarse teniendo en cuenta el ciclo económico, la naturaleza del negocio, sus riesgos y las actividades del miembro del personal de que se trate.

El texto a debatir incide también en potenciar el derecho de los accionistas a conocer estas remuneraciones, aunque para una parte de la Cámara, tal y como se vio durante el debate del informe en Comisión, esta medida debería ser voluntaria y sin tener en cuenta la opinión de los sindicatos, según ha defendido el liberal finlandés Carl Haglund.

Una de las medidas propuestas en este capítulo pide a los Estados que aseguren, mediante medidas legales, que los accionistas, en especial los inversores institucionales, asistan a las asambleas generales cuando resulte oportuno y ejerzan de forma ponderada sus derechos de voto en lo tocante a la remuneración de los consejeros.

El informe recomienda que la remuneración variable de los directivos no pueda superar la mitad de la remuneración total del ejercicio y que los Estados establezcan un límite (un plazo máximo de dos años para el componente fijo de la remuneración de los consejeros) en lo que respecta a las indemnizaciones por despido (los conocidos como «paracaídas dorados») y supriman las indemnizaciones de despido en caso de fracaso de la actuación del consejero.

De aprobarse el informe, la normativa resultante exigiría a los Gobierno nacionales que no solo requieran un equilibrio entre los componentes fijos y variables de las remuneraciones sino que supediten el pago de los variables al cumplimiento de unos criterios de rendimiento predeterminados y medibles, a fin de reforzar el vínculo entre pagos y resultados.

Estas medidas deberían complementarse con la sostenibilidad a largo plazo de las empresas a través de un equilibrio entre los criterios de rendimiento a largo y corto plazo de la remuneración de los consejeros, el aplazamiento de los componentes variables de la remuneración, y el establecimiento de un período mínimo (de tres años) para poder ejercer las opciones sobre acciones y adquirir la plena propiedad de las acciones; la retención de una parte de las acciones hasta el final del empleo.

El informe, aboga también por normativas que permitan a las empresas reclamar los componentes variables de las remuneraciones pagadas sobre la base de datos que luego resulten manifiestamente erróneos (clawback) para recuperar esos fondos.

En el caso de los consejeros no ejecutivos se propone que no puedan recibir opciones sobre acciones como parte de su remuneración, a fin de evitar conflictos de intereses.

Finalmente, se aboga por el incremento de los impuestos sobre las instituciones financieras cuyos consejeros reciben una remuneración global por encima de un determinado.

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