edición: 2619 , Miércoles, 19 diciembre 2018
20/10/2016
LA OREJA DE LARRAZ

El Parlamento Europeo exige competencias y procedimientos claros para la Fiscalía Europea

Javier Ardalán
El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que solicita al Consejo Europeo que establezca un sistema claro e inequívoco de competencias y procedimientos para la Fiscalía Europea, basado en la propuesta de Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (Directiva PIF).
Además, señala que lo más adecuado es que la Fiscalía Europea y Eurojust trabajen en el mismo lugar, para poder cooperar e intercambiar información de forma eficaz. También, pide al Consejo que intensifique sus esfuerzos para lograr un acuerdo sobre la Directiva PIF, que incluye el IVA dentro de su ámbito de aplicación, y que retome las negociaciones con el Parlamento para permitir el establecimiento de la Fiscalía Europea.

El Europarlamento señala que la Fiscalía Europea debería tener prioridad para conocer de los delitos que se definen en la Directiva PIF y lamenta profundamente que el Consejo no permita que la Fiscalía Europea conozca de aquellos supuestos, definidos en la Directiva PIF, en los que la financiación de la Unión supere los 10.000 euros, pero no suponga el 50% o más de la financiación.

Por consiguiente el Consejo  debería abandonar la norma por la que priva a la Fiscalía Europea de la competencia para conocer de los delitos definidos en la Directiva PIF, cuando el perjuicio causado al presupuesto de la Unión sea menor o igual al perjuicio causado a otra víctima; insta al Consejo a garantizar que las autoridades nacionales informan inmediatamente a la Fiscalía Europea de todos los asuntos relacionados, de cualquier modo, con la Directiva PIF, previamente o durante una investigación.

También, pide al Consejo que reabra el debate relativo a los artículos 17 a 20 del texto consolidado (11350/1/16) de la propuesta de Fiscalía Europea para asegurarse de que esta última dispone de una mayor claridad y eficacia.

Además, el Consejo debería aclarar las competencias a nivel de enjuiciamiento de la Fiscalía Europea y de las fiscalías nacionales en los supuestos de delitos múltiples (un grupo organizado que comete varios delitos, por ejemplo: blanqueo de dinero y tráfico de seres humanos), y delitos mixtos (más de un delito cometido en un acto delictivo, por ejemplo: fraude en materia de IVA y blanqueo de dinero).

En la resolución parlamentara se lamenta profundamente que en caso de desacuerdo entre la Fiscalía Europa y las fiscalías nacionales en materia de competencias, la decisión final no corresponda a un tribunal independiente como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Y, por otra parte se hace hincapié en que la eficacia de la Fiscalía Europea dependerá de que se aclaren sus competencias y, si no se consigue, los legisladores de la Unión no podrán garantizar la eficacia de dicha Fiscalía, cruzando así una de las líneas rojas del Parlamento Europeo.

Considera que la Fiscalía Europea debería disponer de medidas de investigación suficientes para llevar a cabo sus investigaciones; recuerda, a tal efecto, que los colegisladores acordaron los criterios de presentación por parte de los Estados miembros de las solicitudes de medidas de investigación basadas en el principio de reconocimiento mutuo de la Directiva 2014/41/UE relativa a la orden europea de investigación en materia penal.

Estima que, para garantizar la efectividad de la revisión judicial con arreglo al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a los Tratados, toda decisión operativa de la Fiscalía Europea que afecte a terceros debería ser objeto de revisión judicial ante un tribunal nacional competente; opina que debería ser posible la revisión judicial directa por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Señala que es sumamente importante evitar cualquier efecto negativo del llamado ‘vínculo nacional’; pide, en ese contexto, al Consejo que garantice la existencia de medidas de seguridad adecuadas para garantizar la independencia de la Fiscalía Europea, por ejemplo en forma de una disposición que permita la derogación del vínculo nacional por motivos relacionados con el funcionamiento adecuado de la Fiscalía.

Debería garantizarse la protección de los derechos procesales de los sospechosos y acusados, Y, en particular, el Reglamento debería reconocer derechos de defensa adicionales para los sospechosos de la Fiscalía Europea, en especial el derecho a la asistencia jurídica gratuita, el derecho a la información, el derecho a acceder a la documentación del expediente y el derecho a aportar pruebas y a solicitar a la Fiscalía Europea que recabe pruebas en nombre del sospechoso.

Por ello, pide a la Comisión que presente estimaciones ajustadas de las implicaciones presupuestarias de la estructura colegiada, dentro de su análisis coste-beneficio, y que proporcione al Parlamento los resultados del ‘ejercicio de comprobación con la realidad’, y recuerda que el Parlamento tendrá en cuanta dicha información antes de tomar la decisión final.

Finalmente, en la resolución, se recuerda la importancia del papel de Eurojust en la mejora de la cooperación judicial y coordinación de las autoridades judiciales competentes de los Estados miembros, y en el desarrollo de investigaciones que impliquen a terceros países.

Así, insta al Consejo a aclarar las relaciones entre Eurojust y la Fiscalía Europea, y en particular las consecuencias de la estructura colegiada, así como la relación de la Fiscalía Europea con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, con el objeto de diferenciar sus funciones respectivas en la protección de los intereses financieros de la Unión.

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