edición: 2575 , Martes, 16 octubre 2018
28/04/2009

El Parlamento Europeo le aprieta las tuercas a las agencias de 'rating'

Beatriz Lorenzo

La lente de los videntes de la economía está empañada. La reputación de las agencias de calificación crediticia se encuentra bajo mínimos desde que saltaron a la palestra múltiples insuficiencias a raíz del huracán que asola la economía mundial. Tanto, que el Parlamento Europeo ha aprobado con 569 votos a favor, 47 en contra y 4 abstenciones una norma que obligará a registrar y supervisar el funcionamiento de las agencias de calificación de riesgos -entre ellas, y sobre todo, las tres que dominan el sector, las americanas Moody's, Standard & Poor's y Fitch.

La citada normativa establecerá un mecanismo de supervisión europea sobre ellas. Como medida principal, les será negada la posibilidad de  realizar labores de asesoramiento, y tendrán que establecer una estructura interna de revisión de sus calificaciones. Además de esto, deberán contar con tres administradores independientes, cuya retribución no dependa de los beneficios de la agencia, en sus consejos. El texto aprobado ya ha sido pactado con los Gobiernos de los 27 estados, lo que pone fin al procedimiento legislativo. Entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE y los Estados miembros tendrán 6 meses para aplicar las nuevas disposiciones.

DE LA VOLUNTARIEDAD A LA OBLIGACIÓN

No es la primera vez que la fama de las agencias de rating se tambalea. Hasta las quiebras de Enron y Parmalat la reputación de estas compañías era inmaculada, pero a raíz de la lenta reacción que mostraron ante el deterioro que estas empresas sufrieron en su riesgo de crédito y que se reflejó en la veloz bajada del precio de sus bonos, su labor comenzó a ser cuestionada. Ya en ese momento se planteó un debate tanto en Europa como en Estados Unidos y se revisó por vez primera las regulaciones que afectaban a las agencias. En Estados Unidos se reformó el sistema NRSRO a través de la Credit Rating Agency Reform Act de 2006. Gracias a este nuevo sistema cualquier agencia con más de tres años en el mercado podía registrarse como NRSRO. En Europa, en cambio, se optó por la autorregulación y se adoptó un código de conducta, caracterizado por su voluntariedad y propuesto por IOSCO. Además, y a través de la transposición de Basilea II, la Comisión Europea creó un sistema de reconocimiento en el cual los supervisores bancarios de cada país escogían qué agencias serían entendidas como varas de medición para calcular el capital regulatorio de las entidades de crédito. Serían las conocidas como External Credit Assessment Institutions (ECAI).

Esta voluntariedad,  puesta ahora en entredicho, pasará, en líneas generales, a ser obligación a raíz de la nueva normativa parlamentaria.

Merece ser mencionada a nivel europeo la resolución parlamentaria 2003/2081 que, entre otras cláusulas, “considera que, teniendo en cuenta los objetivos de interés público de las agencias de calificación, la obligación de rendir cuentas constituye un objetivo importante, y que dichas agencias deberían asumir el doble compromiso de informar anualmente sobre sus actividades y de suministrar información sobre sus balances financieros únicamente en la medida en que se refieran a sus actividades de calificación; que, por otra parte, teniendo en cuenta los principios enunciados en el informe de la OICV, debería invitarse a las agencias de calificación a examinar la creación de un órgano profesional voluntario encargado de definir las mejores prácticas, fomentar la formación y ofrecer un sistema de arbitraje y resolución de litigios a aquellos emisores e inversores descontentos con los procedimientos decisorios de una determinada agencia de calificación”. Una afirmación que con las nuevas disposiciones parlamentarias se ve matizada y pulida en su sentido más literal.

Es evidente que el tortuoso camino para la regulación de las agencias de rating hasta ahora no ha conducido a buen puerto. En los últimos tiempos estas compañías han protagonizado otro lamentable episodio, ostentando el dudoso honor de ser el motor de arranque  de la crisis económica. Ellas concedieron altísimos ratings a los bonos construidos a partir de hipotecas de EEUU de muy alto riesgo (subprime). Gracias a ello, los bonos fueron adquiridos con total confianza por entidades y fondos de pensiones y de inversión que ahora sufren las consecuencias. La metedura de pata de las agencias de rating fue tan monumental que fueron cuestionadas por las autoridades de todo el mundo.

A este respecto, merece la pena mencionar un informe de un órgano consultivo de la Comisión Europea el Comité Europeo de Reguladores Bursátiles (CESR), publicado en febrero del presente año, que  constata que estas agencias juegan hoy día un papel cada vez más importante como consecuencia del incremento de los productos estructurados. Estos productos financieros son tan complejos que los inversores no tienen ni el tiempo ni los expertos necesarios para determinar el grado de riesgo que suponen. Así pues, el principal inconveniente que plantea el funcionamiento reciente de las agencies de rating, según el informe, es el conflicto de intereses en que incurren al asesorar a las mismas entidades cuyos productos tienen que calificar.

VAPULEADAS PERO RESISTENTES

No menos preocupante que los errores de las agencias es el marco regulatorio imperante durante estos últimos años en el ámbito financiero: la normativa existente en los Acuerdos de Basilea II sobre requerimientos de capital está fundamentada en los ratings otorgados por aquellas agencias que (siempre según los bancos centrales) poseen una amplia aceptación por parte del mercado. Esto supone un fuerte obstáculo a la entrada de nuevas agencias y es también sin duda la causa de que a pesar de la tormenta, a pesar de estar desacreditadas y vapuleadas, las agencias de rating  a la hora de la verdad siguen conservando todo su poder.  A la luz de esto, el 12 de enero de este año, Standard & Poors anunció que estaba pensando rebajar la máxima nota concedida a la deuda pública española. Eso suponía perder  el rating triple A ostentado por España desde enero del 2002  y bajar a AA+. El anuncio provocó el caos. Al minuto, el euro se depreció frente al dólar el 1%.. En cinco días, la deuda española se encareció en 0,27 puntos y quedó convertida en papel mojado la mitad de la rebaja del precio oficial del dinero (de 0,50 puntos) que promovió el Banco Central Europeo (BCE) días antes.

Esta capacidad de resistencia no debe sorprendernos si tenemos en cuenta que ya habían sobrevivido tras su fracaso en la detección de la crisis de Enron y Parmalat, mientras que la consultora y auditora Arthur Andersen se vio arrastrada por la vorágine.

MANTENER LA CONFIANZA

La nueva regulación parlamentaria se encamina por la senda de la confianza: "El reglamento contribuirá a garantizar a los inversores la información, la integridad y la imparcialidad que necesitan de las agencias de 'rating' para tomar decisiones prudentes en materia de inversión, que favorezcan el crecimiento y el empleo en lugar de crear burbujas de riesgos excesivos", dijo el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, a través de un comunicado.

Aún así, fuentes parlamentarias confirman que el proyecto ha perdido mucha de su inicial inquina debido a que el Reino Unido, Luxemburgo, Holanda y Dinamarca han terciado a favor de un trato más benévolo hacia las agencias. En el caso de Londres, su reacción puede estar justificada después de los recelos expresados por la City a que la crisis sea aprovechada por Bruselas para meter baza en los mercados financieros.

El compromiso final alcanzado entre la Eurocámara y los Gobiernos prevé que el CESR actúe a modo de ventanilla única en la que tendrán que registrarse las agencias de rating que quieran operar en la UE. El CESR tramitará todas las solicitudes de registro e informará a las autoridades competentes en todos los Estados miembros.

Para evitar los conflictos de interés entre las agencias y las empresas a las que evalúan, la norma establece que los analistas que elaboran los 'rating' estén sometidos a un mecanismo de rotación. Las agencias deberán desvelar las metodologías que utilizan para elaborar su calificaciones y publicar anualmente un informe sobre transparencia.

Los plazos de adaptación de que disponen las agencias para acoger la nueva normativa son claramente generosos: 24 meses para cumplir las normas sobre utilización de ratings emitidas desde terceros países. Las empresas y bancos también podrán seguir utilizando esas valoraciones 'extracomunitarias' durante un año desde la entrada en vigor del Reglamento.

Sobre la nueva normativa, Standard & Poor's consideró el pasado jueves que debería "tranquilizar al mercado sobre la calidad y la integridad de los ratings", y debería fomentar "la confianza en las calificaciones crediticias y en los mercados". Subrayó, además, que la aplicación coherente de la normativa de la UE es fundamental para el mercado, "que necesita la seguridad de un enfoque común para los ratings", y destacó que la firma ha incluido el nombramiento de un ombudsman (defensor del cliente) y que ha adoptado una serie de medidas para aumentar la transparencia, independencia y la calidad del análisis de las calificaciones, así como facilitar más información a los inversores.

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