edición: 2598 , Lunes, 19 noviembre 2018
04/05/2017

El Parlamento solo convalida reales decretos-ley pero no ha aprobado ninguna ley en 2017

Xavier Gil Pecharromán
El 26 de junio de 2016 se celebraron las últimas elecciones generales, llenas de optimismo y esperanza por lograr una legislatura que alcanzase la normalidad parlamentaria en España, tras una legislatura con el  Gobierno en funciones, que no logró los apoyos necesarios, tras la aparición de nuevas formaciones políticas. El Estado produjo en 2016, un total de 127 normas con rango de Ley, a pesar de que durante prácticamente todo el ejercicio el Gobierno estuvo en funciones. A esto se suma que las comunidades autónomas produjeron en ese mismo periodo 245 normas con rango de Ley, que en ocasiones afectan a las empresas presentes en otras zonas de España si hacen negocios con las comunidades que crean una nueva norma. En total, 372 normas con rango de Ley en 2016, prácticamente una nueva al día. A esto se suma que el Estado publicó 309 órdenes ministeriales. En total, sin contar con la legislación de los ayuntamientos, que también tienen competencias importantes en materia de fiscalidad o de servicios sociales básicos, las Administraciones Públicas publicaron 895.820 páginas en los distintos boletines oficiales, según un informe de la patronal CEOE.
Sin embargo, en los meses transcurridos de 2017 no se ha aprobado en el Parlamento ninguna nueva ley y en 2016 vieron la luz dos leyes orgánicas la de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la de Régimen Electoral General, para el supuesto de convocatoria automática de elecciones. La culpa se la echan sus señorías a que no hay mayoría suficiente para aprobar nuevas leyes. Lo que está quedando claro es que no existe cintura política alguna entre los grupos que componen el Parlamento español para lograr acuerdos y equilibrios que permitan legislar y acabar con la actual sequía.

Lejos quedan las reformas sobre las cinco que son las prioridades que señala la Comisión Europea para corregir los desequilibrios existentes: reformas laborales, educativas y sociales, mejor clima favorable a la inversión empresarial, lograr un sector público sostenible, reducir un excesivo endeudamiento privado, políticas de  I+D y sectoriales, así como reformas en la Administración pública.

El denominador común es incrementar la productividad, sobre la que descansa la mejora de la competitividad (y con ello la recuperación de los salarios, la reducción del desempleo, la mejora de la balanza comercial, la sostenibilidad del sistema de pensiones, etc.). Obviamente, todas las reformas que recomienda la Comisión son importantes, pero hay tres que destacan por más urgentes: la sostenibilidad de las finanzas públicas, la reducción de la deuda externa y la creación de empleo.

La aprobación de Reales Decreto-ley, por el Consejo de Ministros y su remisión a las Cortes para lograr su convalidación como leyes ha sido la vía predilecta  a lo largo de 2017, con un total de siete medidas convalidadas, la mayoría como consecuencia de sentencias de los tribunales, como el de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo o el que modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías.

Otros Reales Decreto-Ley han sido apoyados, al tratarse de directivas comunitarias, como el que modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos o el de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, algunas de ellas con el periodo de transposición ya vencido.

En otros casos se ha debido a acuerdos entre los interlocutores sociales, como las  prórrogas anuales del Programa de Activación para el Empleo o medidas tributarias para combatir el déficit público. Lejos quedan resoluciones tan importantes como el Código de Comercio, las de reforma integral del sistema de Justicia, el Registro Civil o el Texto Refundido de la Ley Consursal.

En la actualidad el mayor esfuerzo parlamentario está  centrado en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que  pasan el trago delas  siete enmiendas a la totalidad que han presentado el PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias y que se votarán en la sesión de hoy.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha advertido a los gobiernos regionales y a los partidos políticos de que sin acuerdo "no hay reforma de la financiación autonómica", y ha recordado la "obligación" de llegar a un pacto en los próximos meses. Una de las grandes reformas urgentes pendientes de este país.

El problema es que la calidad legislativa y la Administración de Justicia tienen efectos directos en el crecimiento de un país. Así, advierte la CEOE en el documento sobre ‘Propuestas para mejorar la legislación y la Administración de Justicia’, en el que asegura que uno de los principales factores que los inversores tienen en cuenta a la hora de tomar sus decisiones son “la existencia de una legislación clara, práctica y razonable y un sistema judicial predecible, ágil y eficiente”. Lejos de la actualidad legislativa española.

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