edición: 2788 , Viernes, 23 agosto 2019
24/05/2010

El ‘paro’ de los autónomos llega al Pleno del Congreso en plena campaña de recortes presupuestarios

Javier Ardalán
En plena época de recortes presupuestarios llega al Pleno del Congreso de esta semana, el dictamen de la Comisión de Trabajo e Inmigración sobre el Proyecto de Ley para establecer un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Se trata de un proyecto aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en la Comisión el pasado 12 de mayo, pero cuyos fondos dependerán de los Presupuestos Generales del Estado cada año. Un auténtico hándicap de salida.

El proyecto ha modificado las prestaciones a lo largo de su tramitación, ya que el tope era de seis meses para quienes habían cotizado más de 36 meses. Actualmente, antes de su paso por el Senado, el proyecto contempla prestaciones de tres tipos: de seis meses para los autónomos que hayan cotizado menos de 43 meses; de ocho meses para quienes lo hayan hecho entre 43 y 48 meses y de un año para los trabajadores por cuenta propia que hayan cotizando más de 48 meses.
 
Además, se ha incluido una enmienda al proyecto de ley que permite que los autónomos que tengan entre 60 y 64 años cobren un año de prestación con una cotización mínima de 43 meses -en lugar de 48, como es para el resto-. El trabajador autónomo al que se le hubiere reconocido y hubiere disfrutado el derecho a la prestación económica por cese de actividad podrá volver a solicitar un nuevo reconocimiento, siempre que concurran los requisitos legales y hubieren transcurrido veinticuatro meses desde la extinción del derecho anterior.

Acogerse a las prestaciones, no obstante, no será fácil. Un dato a tener en cuenta por su importancia, es que cuando el trabajador autónomo tenga a uno o más trabajadores a su cargo y se encuentre en situación de cese de actividad, será requisito previo al cese de actividad el cumplimiento de las garantías, obligaciones y procedimientos regulados en la legislación laboral para con los empleados.
Tendrán derecho a la prestación quienes hayan estado afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, tengan cubierto un mínimo de 12 meses ininterrumpidos de cotización antes del cese de actividad, acrediten una disponibilidad activa para reincorporarse al mercado de trabajo a través de la suscripción del compromiso de promoción de la actividad emprendedora, y no hayan cumplido la edad ordinaria para la jubilación, salvo en aquellos casos en que el trabajador autónomo no tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello.

Además, será obligatorio estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, y si en la fecha del cese de actividad no se cumpliera con este requisito pero se tuviera cubierto el período mínimo de cotización para tener derecho a la protección, el órgano gestor exigirá al trabajador autónomo a que, en el plazo improrrogable de 30 días naturales, ingrese las cuotas debidas.

También, para poder acogerse a la protección por motivos económicos será necesario justificar unas pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad, en un año completo, superiores al 30% de los ingresos, o superiores al 20% en dos años consecutivos y completos. En ningún caso el primer año de inicio de la actividad computará a estos efectos. También, servirán las ejecuciones judiciales tendentes al cobro de deudas reconocidas por los órganos judiciales que comporten, al menos, el 40% de los ingresos de la actividad del trabajador autónomo correspondientes al ejercicio económico inmediatamente anterior. Y, finalmente, la declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad, en los términos de la Ley Concursal.

Se podrá alegar, incluso, una causa de fuerza mayor, pérdida de la licencia administrativa, cese de la actividad por violencia de género. En el caso de divorcio o acuerdo de separación matrimonial, mediante la correspondiente resolución judicial, será posible, pero sólo en los casos en que el autónomo ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su ex cónyuge o de la persona de la que se ha separado.

En el caso de los autónomos dependientes, será algo más fácil la justificación, pues bastará con alegar la terminación del contrato o la conclusión de la obra o servicio por incumplimiento grave del contrato del cliente. En algunas situaciones, se aceptará por rescisión de la relación contractual por parte del cliente y siempre, en caso de muerte, incapacidad o jubilación del cliente, siempre que impida la continuación de la actividad.

El objetivo de esta normativa alcanza a los autónomos incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social cubiertos por las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo a los trabajadores por cuenta propia agrarios incluidos en el ámbito del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios y por cuenta propia del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Se ha optado por las Mutuas como órgano gestor, porque los grupos parlamentarios han entendido que se trata de una opción coherente con el sistema mixto de cobertura y cotización establecida. Es decir, puesto que la protección deriva de la cobertura ineludible de las contingencias profesionales, y dado que las mutuas son entidades colaboradoras del sistema público de Seguridad Social, se ha considerado a estas entidades las más adecuadas desde el punto de vista del encaje jurídico para gestionar el sistema y en particular la prestación económica para el trabajador autónomo en situación de cese de actividad.

El tipo de cotización aplicable para mantener la sostenibilidad financiera del sistema se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ya que debe cumplir el principio de sostenibilidad del sistema que preconiza la disposición adicional cuarta del Estatuto del Trabajo Autónomo. El sistema deberá mantener el equilibrio financiero desde su inicio. Por ello, la gestión de la protección se llevará a cabo de forma separada de la gestión de las contingencias por accidente de trabajo y enfermedad profesional.

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