edición: 2612 , Lunes, 10 diciembre 2018
06/05/2010
El amago de dimisión de Ordóñez y el nombramiento de Fainé, claves del acuerdo

El Partido Popular logra la capacidad de veto en la reforma de las cajas de ahorros

Pacto significa que las cuatro Comunidades Autónomas retiren sus recursos contra el FROB ¿o no?
Juan José González

Cultura latina en estado puro, o no hay nada como ver las orejas al lobo para reaccionar. Para que luego digan que el Ejecutivo no resuelve los asuntos; ayer, en poco más de dos horas, el presidente del Gobierno fue capaz, de la mano del presidente del Partido Popular, de poner la primera piedra del panteón al que irán, seguramente, un número indeterminado de cajas de ahorros que todavía hoy navegan sin rumbo fijo. A toro pasado se asegura que el gobernador del Banco de España llegó a poner sobre la mesa su renuncia al cargo si no se ponía fin a una situación tan absurda como peligrosa: el mantenimiento del deterioro de un sector entero, cuyos problemas de solvencia vienen creciendo en los últimos doce meses en proporción geométrica, y que incluso superarían –ya se irán conociendo a partir de ahora los resultados de las cajas con problemas- al de la intervenida caja manchega.

El pacto entre el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero y el líder de la oposición Mariano Rajoy, se concreta en una cesión de la iniciativa, que no carta blanca, al gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez para acelerar los procesos de fusión en marcha y cambiar, de paso, alguna pieza que no gusta en los sistemas de protección Institucional (SIP), mecanismo que en la práctica no cambia nada aunque facilitaba, en buena parte, el cumplimiento de los requisitos para operar que exige el Banco de España. Sin embargo, en los meses que lleva funcionando el citado mecanismo, se ha demostrado más como un instrumento de adaptación por la vía de la colaboración que como un elemento previo a la fusión o integración de las entidades. Así que es más que probable que, con el tiempo, los SIP planteados hasta el momento pasen a mejor vida.

En el acuerdo alcanzado ayer entre Zapatero y Rajoy, el primero que logra desatascar uno de los asuntos que mayor peligro estaba creando en el sistema financiero, como era –y como es todavía- mantener la mitad del sector bancario, esas 46 cajas -de nombre que no de operativa- al borde de una intervención permanentemente inmediata. Cabe imaginar el efecto y las repercusiones que en una semana como la presente tendría para la economía, la solvencia, y por ende, para la calificación del país, una quiebra, o dos, o la intervención de varias entidades de ahorro. Sería la puntilla o el colmo. Con el acuerdo de la Moncloa quedan sentadas las bases para que las cajas de ahorros no se conviertan en titulares de apertura de la prensa nacional y de la extranjera.

El acuerdo también proporciona rédito al líder de la oposición. Todo indica que a partir de hoy mismo, Rajoy contará con la misma información que el Ministerio de Economía sobre el proceso de concentración financiera de las cajas; si no se tiene el poder no existe modo más eficaz de control sobre los asuntos que la capacidad de veto. Es decir, el dibujo del llamado mapa definitivo de las cajas de ahorros contará con la autoría de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pero también con el ‘visto bueno’ del partido en la oposición. Se trata de que la reforma del sector tenga un desarrollo y vida larga, no sometido a los cambios del Gobierno de turno.

No supone el acuerdo mayor libertad para el gobernador, sino más bien, una cierta garantía de que desaparecerán muchos obstáculos y piedras en el camino, que hacían hasta ahora imposible el cumplimiento de cualquier planificación para reestructurar el sector. Si la dimisión del anterior presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, resultó ser el principio del fin de un enroque, cada día más lesivo para las cajas, el nombramiento de su sustituto Isidro Fainé, ha significado la llave para abrir la puerta al siguiente movimiento, el que la semana pasada decidió dar el gobernador, forzando, se afirma en medios financieros y en el propio banco, contra su dimisión, una reunión urgente para evitar la intervención de dos entidades esta misma semana, así como los efectos que podría haber causado la misma. Ahora, la reconversión del sector correrá a cargo de un reducido grupo de representantes de la CECA, la Secretaría de Estado de Economía, que dirigido por el Banco de España, mantendrá informado a los partidos de la oposición.

En cualquier caso, el Gobernador tiene por delante unos meses para despejar las dudas pendientes sobre el modelo de cajas que se quiere aplicar en España; definir y hacer posible el instrumento de financiación y capitalización con las cuotas participativas; decidir el número idóneo de entidades que sobrevivirán en la reforma; el régimen de las participaciones industriales que mantengan en cartera; la composición de los órganos de gobierno; cómo resolver el asunto de las obras sociales; cómo dimensionar el nuevo sector, es decir, qué volumen y capacidad va a tener el sector, etc, etc.

Sin embargo, el principal escollo con el que se encontrará el gobernador no tiene nombre propio ni apellidos, ni gafas ni bigote. Se llama cambios normativos, leyes que deberán pasar, como no podía ser de otra manera, por el Parlamento, lugar en el que el acuerdo alcanzado ayer por Zapatero y Rajoy debe mostrar su voluntad y eficacia, y lograr que las reformas que afecten a la reestructuración financiera salgan adelante y no conviertan las cámaras legislativas en un lugar tenebroso en el que se puede entrar pero del que no es posible salir.

Asunto pendiente de no menor importancia es el relacionado con los cuatro recursos de inconstitucionalidad presentados por la Comunidad de Madrid, la Generalitat de Cataluña, la Xunta de Galicia y la Junta de Extremadura contra la normativa del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Se entiende que se trata de un movimiento político-jurídico orientado a bloquear la reforma de las cajas, y que ahora deberá contar con alguna solución, y que esta pasaría por la retirada de los cuatro recursos –unificados en uno por el TC- ante el Tribunal Constitucional.

El horizonte es complicado por el tamaño de la empresa y por los objetivos a alcanzar, pero se presenta como la ocasión de oro para cerrar más oficinas, regular empleo, directivos y cuadros medios, darle nueva dimensión a un sector que no esta llamado a competir con la banca en tamaño y volumen, sino en solvencia y sobre todo en eficacia.

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