edición: 2614 , Miércoles, 12 diciembre 2018
17/07/2013
LA OREJA DE LARRAZ

El PE busca que las víctimas de delitos contra la competencia sean compensadas por sus pérdidas

Javier Ardalán

Aunque el derecho al pleno resarcimiento de las víctimas de delitos contra la competencia está garantizado por el Tratado Europeo y forma parte del acervo comunitario, el ejercicio práctico del mismo resulta difícil o casi imposible debido a las normas y procedimientos que lo regulan en los diversos países, ya que no hay legislación comunitaria al respecto. Por ello, el Parlamento Europeo ha iniciado la tramitación de una propuesta de Directiva que trata de asegurar este resarcimiento.

Una empresa que se plantee cooperar con una autoridad de competencia en el contexto de su programa de clemencia (por el que la empresa reconoce su participación en un cártel a cambio de la dispensa o una reducción de la multa) no puede saber en el momento de su cooperación si las víctimas de la infracción de la legislación de competencia tendrán acceso a la información que facilitó voluntaria mente a la autoridad de competencia.

En concreto, en su sentencia del `caso Pfleiderer´ dictada en 2011, el Tribunal Europeo de Justicia considera que, en ausencia de legislación comunitaria, corresponde al órgano jurisdiccional nacional decidir, sobre la base de la legislación nacional y caso por caso, si permite la exhibición de documentos, incluidos los documentos de clemencia.

Al adoptar dicha decisión, el órgano jurisdiccional nacional debe poner en la balanza tanto el interés de proteger la eficacia de la aplicación pública de las normas de competencia de la UE como el de garantizar el ejercicio efectivo del derecho al pleno resarcimiento. Ello podría dar lugar a  discrepancias entre los Estados miembros e incluso dentro de ellos sobre la exhibición de medios de prueba de los expedientes de las  autoridades de competencia.

Además, es probable que la incertidumbre resultante en cuanto a la posibilidad de exhibir información relacionada con los programas de clemencia pueda influir en una empresa a la hora de decidir si coopera o no con las autoridades de competencia en el marco de su programa de clemencia.

En ausencia de una medida jurídicamente vinculante a escala de la UE, la eficacia de los programas de clemencia — que constituyen un instrumento muy importante en la aplicación pública de las normas de competencia de la UE — podría verse gravemente comprometida por el riesgo de exhibición de determinados documentos en las demandas por daños y perjuicios interpuestas  ante los órganos jurisdiccionales nacionales.

El texto en debate establece un régimen de protección temporal de aquellos documentos que las partes hayan elaborado específicamente a efectos del procedimiento de ejecución pública (por ejemplo, las respuestas de las partes al requerimiento de información de la autoridad) o que la autoridad de competencia haya elaborado en el transcurso del procedimiento (por ejemplo, un pliego de cargos). Estos documentos solo pueden exhibirse a efectos de una demanda por daños y perjuicios ocasionados por infracción de la normativa `antitrust´ una vez que  la autoridad de competencia haya dado por concluido el procedimiento.

Para evitar que la exhibición de los medios de prueba ponga en peligro la aplicación pública de las normas de competencia por parte de una autoridad de competencia, la propuesta de  Directiva establece también límites comunes a escala de la Unión Europea a la exhibición de las pruebas incluidas en el expediente de una autoridad de  defensa de la competencia.
 
En primer lugar, la propuesta contempla la protección absoluta de dos tipos de documentos que se consideran cruciales, como son las declaraciones de  empresa en el marco de un programa de clemencia y las solicitudes de transacción. La exhibición de estos documentos amenaza con afectar gravemente la eficacia del programa de clemencia y de los procedimientos de transacción. Según la propuesta  de Directiva, el órgano jurisdiccional nacional no puede en ningún caso ordenar la  exhibición de tales documentos en una demanda por daños y perjuicios.

Además de limitar la capacidad de los órganos jurisdiccionales nacionales para ordenar la exhibición, las anteriores medidas de protección también deben aplicarse cuando los documentos protegidos se hayan obtenido en el contexto de procedimientos de aplicación pública (por ejemplo, en el ejercicio del derecho de defensa de las partes). Por lo tanto, cuando una de las partes en la demanda de indemnización de daños y perjuicios hubiera obtenido dichos documentos del expediente de una autoridad de competencia, no serán admisibles como prueba en una demanda por daños y perjuicios (para los documentos de la categoría a) o solo lo serán si la autoridad haya dado por concluido su procedimiento.

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