edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
07/12/2010

El PE busca una normativa comunitaria alternativa a las estatales para combatir la morosidad

Javier Ardalán
El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que promueve un instrumento de derecho europeo (aún no se ha decidido si una directiva o un reglamento) que regule los contratos de consumo de una forma alternativa y voluntaria a las legislaciones nacionales. Se pretende, además, que entre en vigor lo antes posible un vehículo jurídico comunitario con autoridad para congelar el patrimonio de los morosos en las ejecuciones transfronterizas de resoluciones judiciales.

Estas normas tratan de ser paralelas a la entrada en vigor la Directiva comunitaria que impone a las empresas y al sector público, que en dos años tienen que estar adaptados a unos plazos de 30 a 60 días para pagar, ampliables sólo en casos en que el contrato sea notoriamente  injusto.

Según datos del Ejecutivo comunitario, los pagos atrasados ascienden a 1.900 millones de euros en toda la Unión Europea (UE), de los que 1.200 millones corresponden a las administraciones públicas y 700 millones a empresas. Además, el 7% de las quiebras empresariales en Europa se deben al retraso en los pagos, según  datos de la Comisión Europea.

Las reclamaciones por fallidos suponen el 2,4% del total, cuando hace dos años eran el 1,9%. En España más de 3 millones de pymes sufren morosidad, esta tasa de fallidos equivaldría a que 72.000 empresas no cobrasen ni un euro de lo que les deben.

En Madrid, los retrasos del Ayuntamiento en los pagos a las pequeñas y medianas empresas (pymes) alcanza de media los cuatro meses y ascienden hasta los nueve para las grandes, según ha reconocido la propia Concejalía de Hacienda.  Además, la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011 compromete las políticas económicas de los consistorios.

Aunque en España la crisis ha convertido a los ayuntamientos en destacados morosos, cuyos impagos están poniendo a muchos empresarios y empresas en peligro de desaparición, pues más del 90% de los ayuntamientos incumple la normativa, según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), no se puede descartar la importancia de las deudas trasnacionales.

Las cifras manejadas por este colectivo sitúan el retraso en los pagos públicos, unido a la morosidad privada, en el 64% y, si la situación no mejora, 100.000 de ellos cesarán su activad el próximo año.

La Directiva incluye plazos de 30 días para el pago, tanto para el sector privado como para el público, aunque para los poderes públicos amplía ese plazo hasta 60 días, por causas excepcionales y justificables. Así, las entidades sanitarias públicas tendrán siempre 60 días para pagar porque su financiación depende en gran parte de los reembolsos de la Seguridad Social. En caso de retrasos, las Administraciones tendrán que abonar un interés con el tipo de referencia más un 8%.

La Comisión Europea afirma que la ley española protege mejor que la normativa europea sobre el mismo asunto, ya que establece plazos más estrictos para el pago de las facturas por parte del sector público y las grandes compañías y contempla menos excepciones.

Con todos estos datos a la vista, la Comisión Europea considera que este instrumento podría aplicarse en todo tipo de transacción, fuera ésta empresa a empresa o de empresa a consumidor, puesto que los problemas de divergencia legislativa surgen en contratos trasfronterizos, en que concurren instrumentos nacionales e internacionales.

Paralelamente, la Conferencia de la Haya, organización internacional con sede en la ciudad de La Haya (Holanda) que tiene por objeto buscar la homologación de las normas de derecho internacional privado a nivel mundial, también trabajan para determinar la forma para un proyecto de instrumento de derecho, que debería convertirse en un conjunto de principios, una guía legislativa, una ley modelo, u otro tipo de instrumento, un marco jurídico global en la elección de la ley en los contratos internacionales.

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