edición: 2452 , Lunes, 23 abril 2018
08/03/2016
LA OREJA DE LARRAZ

El PE denuncia que los países de la UE combaten el fraude que les afecta e ignoran el comunitario

Javier Ardalán
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo considera los Estados miembros no están cumpliendo con la legislación comunitaria que les obliga a adoptar las medidas para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión, tal y como establece en el artículo 325.2 del Tratado Fundacional de la UE (TFUE).
Y no es el único reproche que ha enviado la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en su informe de 2015 sobre la Unión Bancaria,  puesto que en él opina que el Ejecutivo Europeo debería desarrollar una política horizontal sobre la lucha contra el fraude y la corrupción. Destaca, además destaca Bruselas también es responsable del uso eficaz de los fondos, y le pide por ello que establezca unas obligaciones internas de resultados.

Dice, por otra parte, que la represión de la delincuencia en todas sus vertientes, incluidos el fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales, el crimen organizado asociado y otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE, es una condición ‘sine qua non’ para el correcto funcionamiento de la UE; destaca la necesidad de realizar un seguimiento sistemático de las recomendaciones de la OLAF.

Pide a Bruselas que, habida cuenta de que el 85% del presupuesto de la UE está gestionado por los Estados miembros, garantice la coordinación efectiva entre organizaciones de lucha contra el fraude y autoridades nacionales de todos los Estados miembros mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información.

Reitera, además, su llamamiento a la Comisión Europea para que promueva sin demora una legislación sobre el nivel mínimo de protección de los denunciantes de irregularidades en la Unión Europea. Pide a las instituciones europeas que modifiquen su Estatuto para garantizar que este no solo obligue formalmente a los funcionarios a notificar las irregularidades, sino que también prevea una protección adecuada para los denunciantes de irregularidades. Y, también, solicita a las instituciones europeas que no lo hayan hecho todavía y a otros órganos que apliquen sin demora el artículo 22. c), del Estatuto de los funcionarios.

Hace hincapié en la necesidad de evitar la duplicación de los requisitos de información y los múltiples canales de información y, en general, una carga administrativa innecesaria para las entidades de crédito, en especial en el caso de los bancos de menor tamaño, así como de garantizar el principio de proporcionalidad; pide una mayor eficacia de la recopilación de datos, que debe atenerse al principio de «solo una vez» y ser examinada en función de su utilidad, aplicabilidad y proporcionalidad.

Por otra parte, solicita al Banco Central Europeo (BCE) que garantice que la creación de una exhaustiva base de datos de riesgo de crédito -Analytical Credit Dataset, (AnaCredit)- preste una atención especial al principio de proporcionalidad y a la necesidad de evitar cargas administrativas desproporcionadas, en especial para las entidades más pequeñas; solicita, en este contexto, que los umbrales de notificación pertinentes se fijen en un nivel adecuado.

Destaca la importancia de que exista una estrecha interacción entre las Direcciones Generales del BCE encargadas de la supervisión microprudencial directa e indirecta y la Dirección General encargada de la supervisión horizontal y de los servicios especializados, y subraya el papel de esta última en la mejora de la comprensión, por parte de las entidades supervisadas, de un enfoque de supervisión común subyacente a las medidas microprudenciales específicas de carácter individual.

Por otra parte, insiste en la importancia de una plena separación organizativa entre el personal del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y el personal que proporcione los servicios necesarios a efectos de la independencia de la política monetaria.

Hace hincapié en que la recuperación económica está en marcha, pero sigue siendo frágil y modesta —en particular, debido a un insuficiente grado de reformas estructurales, convergencia e inversión y a una excesiva dependencia de factores externos—, mientras que la inflación se mantiene por debajo del objetivo; señala, en este escenario, que si bien han podido observarse mejoras tangibles en los últimos años, la dinámica del crédito sigue siendo moderada en muchos países y un importante volumen de préstamos no productivos lastra los balances de los bancos europeos, lo que limita su capacidad de financiación de la economía.
Recuerda que la capacidad de cancelar o vender préstamos no productivos es vital, puesto que libera capital para financiar nuevos préstamos, en especial a las pymes; recalca la necesidad de abordar la cuestión de los préstamos no productivos a escala europea, sobre todo facilitando la creación de empresas de gestión de activos en aquellos países en que se considere necesario, como en los casos de España e Irlanda.

Considera que la tendencia mundial hacia un aumento del capital bancario y la mejora de su calidad y unos bancos con niveles más bajos de endeudamiento es una condición necesaria para disponer de un sistema bancario saneado capaz de respaldar la economía, así como para evitar que se repitan las enormes operaciones de rescate llevadas a cabo durante la crisis; subraya, sin embargo, que el desarrollo de políticas de regulación, supervisión y de otras políticas en el sector financiero a escala global (el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB), etc.) no debe apuntar a un determinado modelo de financiación utilizado en una parte del mundo.

Señala que un incremento de los requisitos de capital más allá de un determinado umbral podría, a corto plazo, provocar consecuencias imprevistas, lastrando la capacidad de concesión de crédito de los bancos, y que, por lo tanto, ese riesgo debe evaluarse cuando se fije el nivel de capital; recalca que la interdependencia entre los requisitos de capital y la concesión de crédito no es lineal.

 Pide a la Comisión que, junto con las Autoridades Europeas de Supervisión (AES), lleve a cabo una evaluación exhaustiva de los requisitos de capital incluidos en la legislación actual y futura, en particular con el fin de analizar sus consecuencias en lo que se refiere a las condiciones de financiación de las pymes y, en general, de la economía real, teniendo en cuenta el equilibrio entre los efectos a corto y largo plazo de los requisitos de capital y la necesidad de mantener la estabilidad financiera.

Recuerda la importancia de instrumentos como el ‘factor de apoyo a las pymes’; sugiere que las iniciativas para la mejora de la financiación de las pymes se extiendan a las empresas emergentes, las microempresas y las empresas de mediana capitalización;

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