edición: 2348 , Martes, 21 noviembre 2017
17/06/2013
LA OREJA DE LARRAZ

El PE pide medidas urgentes para erradicar a las organizaciones criminales del mercado de créditos del CO2

Xavier Gil Pecharromán

Tanto las fuentes policiales como los reguladores del sector energético han detectado una nueva amenaza de fraude de pago previo en la explotación de los mercados de la electricidad y del gas, tras los esquemas de engaño descubiertos en los últimos años en la comercialización de créditos de carbono, según se establece en un informe no vinculante aprobado por el Parlamento Europeo.

Los operadores se están dando cuenta del cada vez mayor interés por parte de empresas con poca experiencia en estas mercados, pero con ganas de entrar en ellos como los comerciantes al por mayor. Esto refleja evoluciones observadas durante la aparición de fraudes sobre créditos de carbono, en los que se  defraudaron grandes cantidades de IVA y casi se monopolizó el comercio de carbono con un 90 por ciento de créditos impulsados por el fraude en la negociación de CO2.

Europol señala también que la falsificación de productos básicos y el comercio ilícito de bienes constituye un mercado criminal emergente alimentado por la crisis económica; considerando que el tráfico de drogas sigue siendo el mayor mercado delictivo; considerando que el comercio ilícito de desechos y el fraude energético son las nuevas amenazas emergentes que demandan una atención especial.

Tramas delictivas como la `Cosa Nostra´ y la `Ndrangheta´ ya están involucrados en energías alternativas (eólica y solar) y en las empresas de gestión de residuos, que utilizan para lavar beneficios.

En 2008 el 75  por ciento de los decomisos mundiales de anhídrido acético, el principal precursor de la heroína, se produjeron en la UE y que en los informes anuales de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas se sigue señalando el rigor insuficiente de las medidas aplicadas por la UE para evitar la utilización de este precursor químico con fines ilegítimos.

Los diputados quieren poner fin al secreto bancario para que las organizaciones delictivas dejen de beneficiarse de sus recursos financieros. Los bancos, las compañías de seguros y las instituciones financieras deben cooperar aportando toda la información sobre las entidades corporativas y los beneficiarios finales. Igualmente, deben definirse los instrumentos informáticos que pueden utilizarse para la trazabilidad de los flujos financieros y la detección de los fenómenos delictivos.

La delincuencia organizada ahora incluye, entre sus modos de funcionamiento típicos, no sólo la violencia, la intimidación y el terrorismo, sino también la corrupción; considerando que el blanqueo de dinero, a su vez, está vinculado no sólo a las actividades propias de la delincuencia organizada, sino también a la corrupción y los delitos fiscales.

Los conflictos de interés pueden ser una causa de corrupción y fraude considerando por lo tanto, que la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero, sin dejar de ser fenómenos distintos, a menudo están interrelacionados; considerando que la delincuencia organizada no tiene reparos en servirse de diferentes organizaciones del sector público y privado, incluidas las ONG, para encubrir su entramado de corrupción y blanqueo de capitales.

Los ingresos procedentes de actividades ilegales y las redes de blanqueo de capitales tienen un impacto negativo en la economía de la UE mediante el fomento de las burbujas especulativas y financieras que son perjudiciales para la economía real.

El Europarlamento recomienda que se prevea como causa de exclusión de un operador económico de la participación en un contrato público en toda Europa el haber sido objeto de una condena definitiva por participación en organización delictiva, blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, explotación relativa a la trata de seres humanos y al trabajo infantil, corrupción o cualquier otro delito grave contra el interés público siempre que estos delitos provoquen una pérdida de ingresos fiscales o daños sociales, u otros delitos graves con dimensión transfronteriza (los denominados `eurodelitos´), incluso cuando dicha causa de exclusión se produzca durante el procedimiento de adjudicación.

Considera el informe que los procedimientos de contratación pública deben basarse en el principio de legalidad, y que, en ese marco, se debe definir el criterio de la oferta económicamente más ventajosa con el fin de garantizar la transparencia (que también se debe alcanzar en la contratación pública electrónica) y prevenir el fraude, la corrupción y otras irregularidades graves; pide a los servicios de la Comisión que establezcan una estructura o unos esquemas de cooperación que garanticen un enfoque holístico para luchar contra los delitos de corrupción en relación con la contratación pública.

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