edición: 2613 , Martes, 11 diciembre 2018
31/01/2017
LA OREJA DE LARRAZ

El PE quiere que se faciliten contratos de trabajo en una lengua que conozcan los inmigrantes de la propia UE

Xavier Gil Pecharromán
El Parlamento Europeo pide a los Estados miembros que impongan a los empresarios la obligación de facilitar un contrato de trabajo en una lengua que conozcan los ciudadanos móviles de la Unión, con el fin de que los trabajadores comprendan dicho contrato. 
Así se se establece en la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales que considera que se podría aliviar el impacto social de los ajustes económicos dentro de la zona del euro y reforzar la convergencia económica y social ascendente mediante una financiación adecuada que permita evitar una mayor degradación en lo que respecta a las desigualdades y el potencial de crecimiento de los Estados miembros.

Reconoce que una cierta diversidad de los contratos de trabajo resulta útil para acoplar eficazmente las necesidades de trabajadores y empleadores. Recuerda, no obstante, el riesgo de dualidad del mercado laboral y el peligro de que las personas queden atrapadas en contratos precarios sin perspectivas concretas de progreso,

El Europarlamento destaca la importancia que revisten los contratos indefinidos para la seguridad socioeconómica, y recuerda las ventajas que esos contratos aportan a los empleadores en numerosos sectores, al tiempo que apoya la promoción de los modelos empresariales de la economía social.
       
En esta Resolución se destaca que la libre circulación de personas es uno de los grandes logros de la Unión y que la libre circulación de trabajadores es una pieza fundamental del mercado interior, que desempeña un papel esencial a la hora de reforzar la convergencia y la integración entre los Estados miembros.

Hace hincapié en que la movilidad dentro de la Unión constituye una oportunidad y un derecho fundamental cuyo ejercicio debe respaldarse, también a través de un sistema eficaz de coordinación de la seguridad social; pide que se apliquen y cumplan adecuadamente las normas de la Unión relativas a la movilidad de los trabajadores y a la prestación de servicios transfronterizos.

Pide, además, que se apoye la movilidad laboral a través de una enseñanza adecuada de idiomas en todos los niveles de la educación, la mejora de la comparabilidad de los sistemas educativos y del reconocimiento de las cualificaciones profesionales, información fácilmente accesible sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores móviles, y medidas destinadas a garantizar unas condiciones de trabajo dignas y una cooperación real entre los servicios públicos de empleo en toda Europa.

El Europarlamento destaca que la movilidad no debe ser resultado de unas oportunidades de empleo inadecuadas o de una protección social no adecuada en las regiones de origen de los trabajadores, dado que los flujos prolongados de salida de trabajadores pueden frenar la convergencia económica.

Señala la importancia de la política de cohesión y de otros instrumentos para un desarrollo económico equilibrado entre los territorios. La movilidad laboral no debe utilizarse de forma abusiva para socavar las normas sociales de los países de acogida a través del fraude o la elusión de la legislación. Los trabajadores móviles suelen ser contribuidores netos a los presupuestos públicos de los países de acogida. Solicita inversiones adecuadas en servicios públicos en las zonas que ven aumentar su población, y recuerda la ayuda que puede aportar a este fin el Fondo Social Europeo.

Constata el Parlamento Europeo la decreciente proporción de las rentas del trabajo en la renta total en Europa durante las últimas décadas y hace hincapié en la necesidad de una convergencia social ascendente renovada y de colmar la brecha salarial entre hombres y mujeres en toda la Unión a fin de impulsar la demanda, permitir el crecimiento sostenible e integrador y reducir las desigualdades.

También, reconoce la importancia que revisten unos salarios mínimos vitales dignos para evitar la pobreza en el trabajo, al tiempo que pide a la Comisión que apoye activamente una cobertura más amplia de los convenios colectivos, en consonancia con las tradiciones y usos nacionales de los Estados miembros y respetando debidamente la autonomía de los interlocutores sociales.

Recomienda, en su caso, y dentro del debido respeto de las prácticas de cada Estado miembro y previa consulta a los interlocutores sociales, pide a la Comisión que ayude a intercambiar buenas prácticas al respecto.

Y, finalmente, recuerda que el derecho a unas condiciones de trabajo saludables y seguras también incluye medidas de protección frente a los riesgos laborales, así como limitaciones sobre el tiempo de trabajo y disposiciones sobre los períodos mínimos de descanso y las vacaciones anuales.

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