edición: 2825 , Martes, 15 octubre 2019
03/12/2015
LA OREJA DE LARRAZ

El PE se propone regular un régimen de incompatibilidades para la asesoría fiscal

Javier Ardalán
El Pleno del Parlamento Europeo ha acordado prorrogar los trabajos de la Comisión Especial sobre los Acuerdos Fiscales durante un nuevo mandato de seis meses, que entre otras cuestiones abordará la problemática de la asesoría fiscal.
En su resolución, los Eurodiputados señalan la problemática que plantea la yuxtaposición, dentro de una misma empresa, de actividades de asesoramiento fiscal, auditoría y consultoría destinadas, por una parte, a facilitar el trabajo de las Administraciones tributarias, de cara, por ejemplo, al diseño de regímenes fiscales o la mejora de la recaudación de impuestos, y, por otra parte, a ofrecer servicios de planificación fiscal a las empresas multinacionales, que pueden estar aprovechándose de los aspectos más vulnerables de las legislaciones nacionales en materia fiscal.

Existe un marco jurídico europeo que incluye el último paquete de reformas del mercado de la auditoría, aprobado por el Parlamento el 3 de abril de 2014, por lo que piden a la Comisión que vele por la aplicación efectiva de las disposiciones legislativas pertinentes en los Estados miembros en los plazos señalados y de conformidad con los objetivos perseguidos.

Se persigue que la Comisión Europea propugne propuestas de orientaciones para el sector de los servicios de consultoría y para la creación de un régimen de incompatibilidades de la UE para los asesores fiscales y, en su caso, para las entidades bancarias, mediante el establecimiento de un marco que permita evitar eficazmente los conflictos de intereses entre los servicios prestados al sector público y los prestados al sector privado.

Pide asimismo a la Comisión que emprenda una investigación dirigida a evaluar el grado de concentración en el sector y cualquier distorsión de la competencia resultante; recomienda que en dicha investigación se examine también de forma específica si la combinación de actividades de asesoría fiscal y de auditoría dentro de una misma empresa puede conducir a conflictos de intereses, y que, en consecuencia, se propongan medidas adecuadas, en particular mediante la introducción de mecanismos de separación de los distintos departamentos dentro de las sociedades de consultoría.

La Comisión debería estudiar urgentemente la posibilidad de instaurar un marco legislativo que prevea la imposición de sanciones apropiadas a las empresas, entidades bancarias, sociedades de auditoría y asesores financieros respecto de los que se haya probado su implicación en la realización o promoción de operaciones ilegales de elusión fiscal o de planificación fiscal agresiva, según el texto aprobado por el Pleno.

Destaca, de este modo, que estas sanciones han de tener un efecto disuasorio y pueden incluir, entre otras cosas, multas, la imposibilidad de acceder a fondos procedentes del presupuesto de la UE, la prohibición de cualquier actividad de asesoramiento en relación con las instituciones de la UE y, en casos extremos y recurrentes, la retirada de la licencia comercial.

La prórroga de la Comisión ha sido aprobada con 561 votos a favor, 69 en contra y 5 abstenciones y la deberá centrar sus esfuerzos en el análisis los regímenes de fiscalidad corporativa que resultan perjudiciales y las prácticas a nivel europeo e internacional.

La estructura de esta segunda comisión copiará la de su predecesora y utilizará como base de sus trabajos las conclusiones de la primera, con especial atención a las cuestiones pendientes detalladas en la resolución adoptada por la Cámara.

Entre otros objetivos, los eurodiputados examinarán el papel de la Comisión Europea en las áreas de ayudas de Estado y fiscalidad, evaluarán el cumplimiento de los Estados miembros de la normativa tributaria y estudiarán las agresivas prácticas fiscales de algunas compañías.

También verificarán si los países y las instituciones de la UE siguen las recomendaciones dadas hasta ahora por la Comisión. Asimismo, prestarán atención a los trabajos en curso por parte de instituciones internacionales, como la OCDE y el G20.

Los eurodiputados piden un esfuerzo al considerar que el legislador y las Administraciones tributarias, a menudo insuficientemente dotadas, no pueden anticipar sino solo reaccionar, algunas veces con gran retraso, a los regímenes innovadores de elusión fiscal concebidos y fomentados por algunos asesores fiscales, en particular de grandes empresas de auditoría, abogados y empresas intermediarias.

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