edición: 2808 , Viernes, 20 septiembre 2019
06/06/2016
LA OREJA DE LARRAZ

El PE votará nuevas reglas para probar la autenticidad de los documentos públicos

Xavier Gil Pecharromán
El Parlamento votará el jueves nuevas reglas para facilitar la libre circulación mediante la simplificación de los procedimientos para probar la autenticidad de determinados documentos públicos, como certificados de nacimiento o matrimonio, en otros países de la UE. Para evitar la necesidad de traducciones, se introducirán nuevos formularios multilingües que podrán adjuntarse a los documentos.
El proyecto de reglamento cubre todos los documentos referidos al estado civil y otros que a menudo necesitan los ciudadanos que se trasladan a otro país, como certificados de residencia o de antecedentes penales. Si el Parlamento da su visto bueno, la norma entrará en vigor gradualmente y será de plena aplicación a partir de 2019.

Un gran número de ciudadanos europeos viven en un Estado miembro distinto al suyo y este número crece continuamente. Cada vez más ciudadanos tienen vínculos con otro Estados, ya sea por motivos familiares, profesionales o solo por ir de vacaciones.

Todas estas personas pueden entrar alguna vez en contacto con las autoridades administrativas del país que visitan o en que residen: los turistas con el sistema sanitario, los estudiantes con los órganos administrativos de las universidades, los trabajadores y las trabajadoras con la administración tributaria y de seguridad social, etcétera.

El texto acordado suprime el artículo 114.1 del Tratado Fundacional de la Unión Europea (TFUE) del fundamento jurídico doble, ya que restringe el ámbito de aplicación del Reglamento propuesto exclusivamente a los documentos públicos relativos a personas físicas y excluye de dicho ámbito de aplicación a los documentos relativos específicamente a las empresas. Por consiguiente, dicho acto legislativo pasa a basarse única y apropiadamente en el artículo 21, apartado 2, del TFUE.

En su reunión del 12 de noviembre de 2015, la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó el acuerdo alcanzado en el diálogo tripartito con el Consejo, que incluye el cambio de fundamento jurídico. Tras considerar detenidamente las consecuencias para el fundamento jurídico del acto en su reunión del 28 de enero de 2016, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, en consecuencia, por 23 votos a favor, 2 votos en contra y ninguna abstención, recomendar que el Pleno dé su respaldo al texto acordado en segunda lectura con el único fundamento jurídico del artículo 21, apartado 2, del TFUE.

En 2011 la Comisión publicó un documento de estrategia en el que se enumeraban las veinte críticas más importantes de los ciudadanos y las empresas al mercado interior, buena parte de las cuales se referían a las formalidades administrativas.

Además, es sabido que los problemas en la aplicación transfronteriza del Derecho de familia, del Derecho tributario y del Derecho de la seguridad social, entre otros, disuaden a muchos ciudadanos de aventurarse a establecerse en otro Estado miembro.

Cada año cientos de miles de documentos públicos han de ser legalizados o certificados para que se reconozcan en un Estado miembro distinto. Por tanto, la reducción de los trámites transfronterizos añadidos es otro paso importante para facilitar la libertad de circulación de los ciudadanos.

Por último, hay que señalar que esta propuesta de Reglamento no armoniza en modo alguno el Derecho sustantivo de los Estados miembros en los ámbitos abordados. No dispone que un Estado miembro deba reconocer el contenido de un documento de otro Estado miembro.  El único objetivo es reducir los trámites transfronterizos añadidos mediante la supresión de las formalidades de legalización o apostilla para una serie de documentos públicos.

El Reglamento tiene por objeto garantizar la libre circulación de documentos públicos dentro de la Unión con el fin de promover la libre circulación de los ciudadanos de la Unión, y se afirma que, para alcanzar el objetivo establecido en el artículo 21 del TFUE, la Unión debe adoptar medidas concretas que simplifiquen los requisitos administrativos vigentes relativos a la presentación en un Estado miembro de determinados documentos públicos expedidos por las autoridades de otro Estado miembro.

La transacción prevé que el Reglamento solo se aplique a determinados documentos públicos, principalmente a los relativos al estado civil. Según el artículo 2, apartado 1, del texto acordado, el Reglamento se aplica a los documentos públicos expedidos por las autoridades de un Estado miembro de conformidad con su Derecho nacional que tengan que presentarse a las autoridades de otro Estados miembro y cuya finalidad principal sea acreditar el nacimiento, la defunción, el matrimonio, el divorcio, la filiación, la adopción, etc.

La propuesta de la Comisión también incluía en el ámbito de aplicación del Reglamento la personalidad jurídica y la representación de una sociedad o empresa, mención suprimida posteriormente a petición del Consejo, lo que restringe dicho ámbito de aplicación fundamentalmente a los documentos relativos al Estado civil.

La finalidad principal del Reglamento es acabar con los trámites de legalización y apostilla de los documentos públicos incluidos en su ámbito de aplicación. También se introducen simplificaciones en materia de copias certificadas y traducciones juradas.

Con el objetivo de evitar posibles fraudes, el Reglamento prevé asimismo el uso del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) con fines de asistencia administrativa recíproca. Dicho sistema, que ya se usa en la esfera económica, permite a las autoridades del Estado miembro receptor pedir ayuda a las autoridades del Estado miembro expedidor en caso de duda. La autoridad que ha expedido el documento tiene así la posibilidad de confirmar la autenticidad y el valor probatorio del documento ante la autoridad receptora.

Por último, uno de los elementos fundamentales de la propuesta es la creación de impresos estándar multilingües de la Unión. La expedición de impresos estándar multilingües simplificaría el problema de la traducción, de forma similar a lo que ya ocurre con los impresos electrónicos en el ámbito de la seguridad social.

Los impresos estándar multilingües de la Unión se limitan a obviar la necesidad de trámites y traducciones. En ningún caso obligan a reconocer el contenido del impreso, sobre todo en lo que respecta al ámbito del Derecho de familia.

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