edición: 2935 , Viernes, 27 marzo 2020
14/12/2015
LA OREJA DE LARRAZ

El PE vuelve a la carga con la unificación de la fiscalidad frente a las multinacionales

Xavier Gil Pecharromán
El pleno debatirá el martes y votará el miércoles sus recomendaciones de legislación para mejorar la transparencia, la coordinación y la convergencia de la fiscalidad empresarial dentro de la UE.
Una vez adoptadas por la Cámara, la Comisión Europea tendrá que responder, también en caso de que decida no seguir la recomendación parlamentaria.

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión, entre otras cosas, que presente una propuesta sobre la obligatoriedad de que las empresas multinacionales realicen la declaración país por país, que pretende informar sobre los beneficios, impuestos y subvenciones obtenidos a lo largo del ejercicio 2016 en cada uno de los países donde desarrollan la actividad.

El Parlamento es partidario de obligar a las grandes empresas a ofrecer su información financiera desglosada, país por país, incluido el beneficio generado, los impuestos pagados y las ayudas públicas recibidas. También aboga por introducir definiciones clara de “naturaleza económica” y otros términos clave para el cálculo de la factura tributaria de las compañías.

Los Estados miembros deben consensuar su posición sobre los denominados acuerdos fiscales y los “precios de transferencia” (que determinan cómo se valoran las transacciones dentro de la misma compañía). Los eurodiputados creen que, para poner fin a tratamientos preferentes, disparidades entre los sistemas tributarios nacionales y otras cuestiones que acaban socavando la recaudación tributaria, la solución es establecer tan pronto como sea posible una base imponible común consolidada para el Impuesto sobre Sociedades.

Y exige el Parlamento a Bruselas que presente una propuesta para la introducción de una etiqueta de ‘buen contribuyente’, al tiempo que se incluye una petición para que se establezca un número de identificación fiscal europeo, lo que facilitaría, a todas luces, el control sobre las actividades transfronterizas y evitaría muchos de los fraudes instituidos en el territorio comunitario para explotar las desconexiones entra las Administraciones de los Veintiocho.

Y una de las apuestas más decididas por parte de los europarlamentarios es que se proteja a los denunciantes sobre fraude en los diversos territorios comunitarios, evitando que se les pueda acusar de revelación de secretos o de quebrantar su secreto profesional.

Sin embargo, no todas las demandas de los europarlamentarios se centran en combatir el fraude. Así, por ejemplo, se aboga por un tema tan complicado por la resistencia numantina que están poniendo desde hace más de una década los Estados socios, como es la introducción de una base imponible común para el Impuesto sobre Sociedades.

En esta misma línea se pretende mejorar el marco de precios de transferencia en el seno de las empresas y de los grupos transfronterizos.

Otro de los capítulos abiertos es el de la mejora de las instituciones que participan en las relaciones entre Administraciones tributarias y contribuyentes, como es la mejora de los mecanismos de solución de controversias sobre impuestos transfronterizos, o la creación de un nuevo mecanismo por el cual los Estados miembros deben informar a los demás si tienen la intención de introducir un nuevo beneficio fiscal, exenciones, incentivos, etc., que puedan afectar a la base imponible de los demás.

Se pide, asimismo que se estime la brecha fiscal en el Impuesto sobre Sociedades, lo que se define como la sustracción de lo que ha sido pagado sobre los impuestos corporativos adeudados.

Un mandato para que se mejore la transparencia del Código de Conducta sobre la fiscalidad de las empresas, así como proporcionar directrices relativas a las ‘patentes box’ con el fin de asegurarse de que no sean perjudiciales para las arcas de los Estados.

Se estima decisivo que se alcance definiciones comunes para conceptos básicos de la tributación transnacional domo el ‘establecimiento permanente’ y la ‘sustancia económica’ a fin de garantizar que los beneficios se gravan en donde se genera valor. Y alcanzar una única definición sobre el concepto de ‘paraíso fiscal’ y contramedidas armonizadas contra aquellas personas físicas y jurídicas que los emplean.

El Parlamento ya adoptó a finales de noviembre un amplio número de propuestas para una fiscalidad empresarial en Europa más justa. Los eurodiputados reclaman en ellas a los Estados miembros que obliguen a las multinacionales a desglosar país por país la información sobre beneficios e impuestos. También quieren una base imponible común consolidada para el Impuesto sobre Sociedades, definiciones comunes de términos tributarios y más transparencia respecto a sus acuerdos fiscales –hasta ahora secretos- con las grandes compañías.

Insta a los Estados miembros a compartir de manera sistemática sus acuerdos fiscales y otra información tributaria que afecta a otros Estados miembros. Insisten en que la Comisión Europea también debe recibir esa información, para poder desempeñar adecuadamente su papel de árbitro de la libre competencia, tal y como hizo en los casos Starbucks y Fiat.

Entre estas propuestas, ya se incluyó como preferente que los delatores cuyas revelaciones benefician al interés común deben ser mejor protegidos, señala la resolución, que recuerda que el caso ‘Luxleaks’ salió a la luz gracias a periodistas de investigación a partir de la información facilitada por el ex empleado de una de las grandes auditoras, Antoine Deltour, ahora imputado en Luxemburgo. Ahora se vuelve a insistir en ello.

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