edición: 2594 , Martes, 13 noviembre 2018
11/10/2016
LA OREJA DE LARRAZ

El Plan sobre Administración Electrónica de Bruselas no exige la actualización permanente de la tecnología

Javier Ardalán
El Consejo Económico y Social Europeo (CESE) lamenta que no figure entre los siete principios elegidos en el Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020, elaborado por la Comisión Europea el principio de ‘actualización permanente’, que consiste en renovar los sistemas y tecnologías informáticos en las administraciones públicas para que siempre estén acordes con la evolución tecnológica.
Y aunque el CESE aprueba los siete principios en los que descansa la propuesta de la Comisión, pero duda de que algunos de ellos puedan aplicarse sin resolver previamente los problemas jurídicos y tecnológicos que plantean.

El primero de estos principios (Digital por defecto), se refiere a que las administraciones públicas ofrecerán servicios digitales (incluyendo la información legible de forma automatizada) como opción preferida (si bien manteniendo otros canales para quienes están desconectados bien por elección o bien por necesidad). Además, los servicios públicos se deberán prestar a través de un único punto de contacto o de una ventanilla única y a través de diferentes canales.

El Principio de solo una vez garantizará que los ciudadanos y las empresas suministran la misma información sólo una vez a las administraciones públicas. Las oficinas de la administración pública adoptarán medidas para la reutilización interna de estos datos, de acuerdo con lo permitido y con el debido respeto de las normas de protección de datos, con el fin de evitar que recaigan cargas adicionales sobre los ciudadanos y las empresas.

El de inclusión y  accesibilidad establece que las administraciones públicas diseñarán servicios públicos digitales que sean inclusivos de forma predeterminada y adaptados a las diferentes necesidades, tales como las de las personas mayores y de las personas con discapacidades.

Las administraciones públicas compartirán información y datos y permitir que los ciudadanos y las empresas puedan tener control de acceso y rectificación de sus propios datos, según el principio de Apertura y transparencia. Así, permitirán a los usuarios controlar los procesos administrativos que los involucran; se comprometerán y abrirán a las partes interesadas (tales como empresas, investigadores y organizaciones sin ánimo de lucro) en el diseño y la prestación de servicios.

El principio ‘transfronterizo de forma predeterminada’ prevé que las administraciones públicas desplegarán los servicios públicos digitales pertinentes disponibles a través de las fronteras y evitarán que se produzca una mayor fragmentación, facilitando así la movilidad dentro del Mercado Único.

Por otra parte, los servicios públicos se diseñarán para funcionar sin problemas en el Mercado Interior y través de los silos organizacionales, basándose en la libre circulación de datos y de servicios digitales en la Unión Europea, mediante la interoperabilidad predeterminada’.

Y finalmente, todas las iniciativas irán más allá del mero cumplimiento del marco jurídico sobre la protección de datos personales y la privacidad y seguridad de TI, mediante la integración de estos elementos en la fase de diseño. Estas son condiciones previas importantes para aumentar la confianza y la asimilación de los servicios digitales.

Aunque en líneas generales el CESE suscribe estos principios, se pregunta cómo podrán aplicarse antes de haber resuelto con antelación todos los problemas jurídicos (tratamiento de datos personales y protección de la intimidad en un contexto de administración abierta) y tecnológicos (tecnologías industriales y de capacitación, migración de los servicios hacia los canales digitales) que se plantean.

Considera que en el marco del principio de ‘apertura y transparencia’, los ciudadanos y las empresas deberían contar expresamente con el derecho a controlar la transmisión de sus datos personales a otras administraciones públicas y, en su caso, a eliminarlos (derecho al olvido) en el respeto de las legislaciones y procedimientos correspondientes, y pide a la Comisión que presente una propuesta relativa a un sistema europeo seguro de archivo e intercambio en línea de los documentos.

El informe lamenta profundamente que el Plan de Acción no aborde en absoluto las implicaciones y consecuencias sociales de la administración electrónica, como tampoco sus repercusiones sobre el empleo, tanto en términos de pérdidas de puestos de trabajo como de los numerosos puestos vacantes por falta de candidatos que posean las cualificaciones profesionales digitales requeridas.

En el marco de la redistribución de los puestos de trabajo liberados por el paso a una administración pública digital, los agentes cuyos puestos desaparezcan deberían destinarse al servicio digital con asistencia o ser reorientados hacia tareas profesionales adecuadas.

Pide también Bruselas que acelere el establecimiento de las ‘ventanillas únicas’ en materia de justicia en red, del ámbito marítimo y de los demás modos de transporte.  La futura estrategia debería proponerse agrupar, en la medida de lo posible, los portales europeos existentes (como eJustice, solvit, youreurope, etc.) en un portal único y, sobre todo, en una segunda fase, ampliarlo a los portales nacionales para facilitar todo tipo de gestiones administrativas.

De la misma forma, considera que se debe pedir a los Estados miembros y sus entes regionales y locales que creen un servicio de asistencia digital a los ciudadanos, cofinanciado con fondos europeos. En el marco de la redistribución de los puestos de trabajo liberados por el paso a una administración pública digital, los agentes cuyos puestos desaparezcan deberían destinarse al servicio digital con asistencia o ser reorientados hacia tareas profesionales adecuadas.

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