edición: 2748 , Jueves, 27 junio 2019
11/02/2014
LA OREJA DE LARRAZ

El Poder Judicial rechaza que la futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales rompa las funciones de abogado y graduado social

Javier Ardalán

El  Consejo del Poder Judicial rechaza que el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales rompa las funciones de los abogados y de los graduados sociales obligando a colegiarse a los que participen en procedimientos  judiciales o extrajudiciales y admite la colegiación libre para quienes se dedican a la consultoría. Ya se conocía que el informe considera que en líneas generales el Anteproyecto mantiene la dualidad de la postulación procesal, es decir, defensa técnica a cargo del abogado y representación procesal a cargo del procurador, pero abre asimismo la posibilidad de la compatibilidad del ejercicio simultáneo por una misma persona de ambas profesiones, lo que en su criterio no resulta satisfactorio.

En su informe, elevado al Gobierno, considera que no puede justificarse en la relación laboral del profesional este diferente trato, ya que el asesoramiento jurídico previo al proceso resulta esencial para que la persona conozca la dimensión jurídica de los hechos o del conflicto, las posibilidades que se le abren, actuaciones que puede seguir y sus posibles consecuencias, lo que resulta esencial para decidir sobre las acciones o el comportamiento a seguir para un eficaz ejercicio de sus derechos. Por lo que determina que no parece que pueda cuestionarse que el asesoramiento jurídico constituye una actividad de las comprendidas en la actuación ante los tribunales.

El Anteproyecto considera que exige la necesaria colegiación cuando no medie relación laboral con el representado, lo que excluye a los abogados y graduados sociales de empresa, por lo que también indica que resulta procedente que la colegiación se mantenga y exija también aun cuando exista esa relación laboral, pues, también en este caso, la actividad afecta a la seguridad jurídica y puede afectar al derecho a la tutela del usuario.

Además, considera que la exclusión de la obligación de colegiarse a los profesionales que desarrollan meras actividades de asesoramiento jurídico en el marco de una relación laboral, ha sido interpretada por muchos jóvenes abogados, antes que como una oportunidad o descarga de obligaciones, como un factor de discriminación y como un riesgo de desprotección y de mayor precarización en el ejercicio profesional.

El artículo 542 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) define al abogado como el licenciado en Derecho que ejerce profesionalmente no solo la dirección y defensa en juicio, sino también “el asesoramiento y consejo jurídico”; comprendiendo, en consecuencia, las funciones contenciosas y las consultivas.

Siguiendo este concepto unitario de las funciones del abogado, el artículo 6 de la Ley de Justicia Gratuita, reconoce como contenido material de este derecho, no solo la asistencia y defensa en juicio, sino también el “asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión”.

En el mismo sentido, el Consejo General estima que el propio Anteproyecto objeto de informe, mantiene la unidad de funciones del abogado en el artículo 1.2 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales.
La igualdad de trato y la obligación de colegiación, sitúa a muchos letrados en tareas de asesoramiento y de informe, especialmente a los jóvenes, en plena igualdad de condiciones e integración en el ejercicio de la profesión de abogado, vinculándolos tanto a las debidas obligaciones y códigos éticos y deontológicos colegiales, como a los derechos y reconocimientos profesionales. Esta colegiación deviene así en una protección de la propia profesión.

Finalmente destaca que la identificación y aislamiento conceptual del abogado de empresa, teniendo en cuenta adicionalmente la relativa ambigüedad con la que en este particular se pronuncia el Anteproyecto al identificarlo con la existencia de una relación laboral, puede plantear no pocas dificultades para encajar en una u otra de las categorías que el Anteproyecto distingue aquellos casos en que la relación con su “principal” no es de tipo laboral sino que adopta otras posibles fórmulas.

En consecuencia, se estima que carece de justificación la falta de obligación de colegiación de todos los abogados y graduados sociales y que debe mantenerse el statu quo actual, exigiendo la colegiación para todos los abogados y procuradores, con independencia de las actividades concretas que ejerzan y la relación que puedan mantener con su cliente principal.

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