edición: 2785 , Martes, 20 agosto 2019
10/02/2014
LA OREJA DE LARRAZ

El PP introduce el debate sobre nuevos mecanismos de retribución de los administradores concursales

Xavier Gil Pecharromán

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una proposición  no  de Ley para mejorar del Estatuto de la Administración Concursal, que se debatirá en el Pleno de esta semana, que busca facilitar la viabilidad de las empresas  en concurso, estudiar la posibilidad de introducir nuevos mecanismos de retribución de los administradores concursales que generen incentivos para resolver más rápidamente los procedimientos.

Se propone el Grupo Popular que se inicie el estudio de los requisitos exigidos para poder ser nombrado  administrador concursal y considera conveniente estudiar las modificaciones necesarias que se pudieran introducir en el proceso de nombramiento de los administradores concursales, para agilizar los plazos y reducir la carga de trabajo de los Juzgados de lo Mercantil.

Actualmente, el concurso no está cumpliendo con la principal finalidad para la que fue ideado, es decir,  no logra la viabilidad del deudor concursado. Esto es consecuencia de la lentitud y complejidad de los  procesos y del estigma que se les asocia. Los retrasos en la presentación del concurso, la dureza de la  crisis y las deficiencias del proceso concursal han determinado que el 90% de los concursos que finalizaron en 2011 lo hicieran con la liquidación de la empresa, y solo hubo un 10% que lo hicieran en convenio

Una vez reconocido el fracaso de la estructura de control por parte de la administración concursal de la persona en concurso, la reorganización más natural de los derechos de control es la que incrementa el papel de los propietarios de los derechos de cobro. Adicionalmente, la masa acreedora es la más interesada en maximizar la recuperación, lo que en el caso de aquellos concursados que son viables está ligado a la continuidad de la actividad operativa.

El Consejo General del Poder Judicial informó el pasado 22 de marzo de 2013 que durante el año 2012 se iniciaron en los Tribunales  de lo Mercantil españoles 10.920 concursos de acreedores, lo que significa un 28,2% más que el año 2011. En el primer trimestre del 2013 aumentó un 26,2% respecto al mismo periodo de 2012.

El Grupo Popular considera que para reconciliar los intereses de todos los afectados por la situación de insolvencia, el control de la persona física o jurídica concursada así como el diseño del plan de viabilidad o la gestión de la liquidación queda en manos de la administración concursal.

A pesar de las reformas aplicadas en los últimos años para mejorar la profesionalidad de la administración concursal, sigue ocurriendo que los concursos se alargan demasiado, y rara vez acaban en convenios. La lógica económica indica que la insolvencia implica el fracaso de los deudores concursados para cumplir con los compromisos adquiridos.

La entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, ha sido un hito en el Derecho Civil  español, al consolidar y perfeccionar los instrumentos para la resolución ordenada de las entidades  mercantiles en situación de insolvencia o cercanas a ella.

Esta nueva regulación del concurso respondía a la necesidad de agrupar la dispersión que en esta  materia existía hasta el momento, a la vez que simplificar la estructura del concurso y dotarle de flexibilidad.

La finalidad de la nueva norma era conseguir una mejor regulación del concurso, en la que los deudores  concursados pudieran renegociar la deuda que tuvieran con sus acreedores y de no llegar a un acuerdo  de refinanciación, la extinción de los créditos que los acreedores tuvieran contra la masa crediticia de la  manera más equitativa.

Aunque hay práctica unanimidad sobre el efecto modernizador que la Ley Concursal, ha tenido en el  tratamiento de las situaciones de insolvencia en España, y sin duda se puede considerar esta Ley como  uno de los hitos del Derecho Civil español de la democracia, la práctica de los años y las exigencias que  a esta Ley le presenta la crisis económica, han hecho aflorar varios problemas de aplicación. Desde su  entrada en vigor en 2003 la Ley ha sido reformada en tres ocasiones: por el Real Decreto-ley 3/2009 de 27 de marzo, la Ley  de medidas urgentes en materia tributaria financiera y concursal; por la Ley 13/2009, de  reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, y por la Ley 38/2011,  de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio,

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