edición: 2786 , Miércoles, 21 agosto 2019
17/10/2012

El PP pide urgencia para que las multinacionales dejen de consolidar balances con las normas de contabilidad españolas

Javier Ardalán
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una proposición no de ley por la que solicita al Gobierno que termine con la actual situación por la que aquellas empresas multinacionales que se plantean utilizar España como una plataforma de inversión internacional se ven obligadas a tener que preparar y auditar sus estados financieros y el informe de gestión de la sociedad dominante española y todas sus filiales según los principios y reglas contables españolas.

Considera el grupo del Gobierno que de esta forma se les está obligando a duplicar la información en la medida en que la sociedad matriz ya prepara y audita los estados financieros y el informe de gestión consolidado para todo el grupo.

Los efectos que se producen es que provocan una elevación de los costes tanto internos, como son por ejemplo la necesidad de una infraestructura informática y de personal de la empresa matriz, para que pueda coordinar y supervisar el trabajo al existir determinadas diferencias en los principios contables, como externos, entre los que destacan la necesidad de asesores contables y auditores españoles y la elaboración de documentación específica para España, lo cual duplica el trabajo al tener que hacerse en idiomas diferentes.

El problema que la legislación contable española exige a las compañías que las sociedades dominantes de grupos empresariales españoles la presentación del balance y las cuentas de resultados consolidadas en la que se incluya tanto la sociedad dominante como todas sus filiales acorde con la normativa contable vigente en España y sus principios y reglas contables. Sin embargo, en la normativa española hay una excepción cuando la sociedad dominante del grupo español tiene a su vez una matriz dentro de la Unión Europea.

En este caso es la matriz la encargada de preparar los estados financieros y el informe de gestión consolidados que han de estar auditados de acuerdo a los principios y reglas contables de la Unión Europea.

Recuerda la proposición que el artículo 11 de la Séptima Directiva 83/349/CEE establece la posibilidad de incorporar una segunda excepción por la cual, en los casos en los que una sociedad matriz de la sociedad dominante de la Unión Europea esté localizada fuera de la UE, se podría eliminar la obligación de la consolidación cuando se cumplan, ente otras, las condiciones de estar consolidadas en un grupo mayor y de que la consolidación se haya realizado de manera similar y análoga a lo establecido en la Séptima Directiva.

Esta segunda excepción recogida en la Séptima Directiva ha sido incorporada ya a los ordenamientos jurídicos de diversos países de la Unión Europea entre los que se encuentran Holanda, Alemania, el Reino Unido, Francia y Luxemburgo. En estos países se exige que a la sociedad dominante que deposite en el Registro Mercantil una copia traducida al idioma local de los estados financieros e informe de gestión consolidados, así como su auditoría preparada en el país de origen de la empresa matriz.

Esta posibilidad fue recogida en la legislación española en la disposición final primera de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

Dicha disposición autorizaba al Gobierno, mediante Real Decreto, a que aprobase, entre otras medidas, la eliminación de la consolidación siempre y cuando fuera de conformidad con lo dispuesto en las directivas comunitarias y considerando las normas de información financiera adaptadas por los reglamentos de la UE. Textualmente se regula que “la dispensa de la obligación de consolidar respecto de aquellas sociedades, en las que no obstante estar obligadas a efectuar la consolidación pueda concurrir alguna causa de excepción prevista en las Directivas Comunitarias”.

Sin embargo, a día de hoy, no se ha llevado a cabo la elaboración de ese Real Decreto con el consiguiente perjuicio para la situación de algunos grupos españoles cuyas matrices se encuentran fuera de la UE.

Por ello, el Grupo Popular insta al Gobierno a que “apruebe un Real Decreto que desarrolle todas las medidas pendientes de la disposición final primera de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, y en especial, los aspectos relacionados con la consolidación contable para empresas dominantes de un grupo español cuya matriz esté fuera de la Unión Europea en la línea de lo realizado por las principales economías de la Unión Europea."

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