edición: 2561 , Martes, 25 septiembre 2018
16/11/2012

El PP retira la enmienda que cargaba las primas a las renovables en los PGE

ICNr

El PP han retirado su propuesta de que las primas a las energías renovables se carguen a los Presupuestos, y ha pactado una enmienda con el PSOE y UPN para explicitar en la reforma energética que los nuevos impuestos se destinarán a sufragar los costes del sistema eléctrico y el déficit.

Así, el texto acordado entre las tres fuerzas políticas precisa que los Presupuestos destinarán anualmente a financiar los costes del sistema eléctrico un importe "equivalente a la estimación de la recaudación anual del Estado derivada de los tributos y cánones incluidos" en la ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética.

Por otra parte, el PP ha aceptado una enmienda del PNV de carácter técnico, pero no ha recogido ninguna otra propuesta de las más de 130 de la oposición, que ahora deberá llevar sus iniciativas al Senado, donde los "populares" insisten que están abiertos a negociar. La reforma energética, aprobada con los únicos votos del PP, incluye varios impuestos nuevos con el objetivo de acabar con el déficit de tarifa.

LA LEY ES SÓLO RECAUDATORIA

José Segura, del PSOE, considera que la ley tiene un carácter "exclusivamente recaudatorio" para combatir el déficit, que a su juicio se debe atajar modificando la Ley del Sector Eléctrico para crear un nuevo "marco normativo" de futuro. Tras rechazar que se cree un impuesto "que ya todos estamos pagando" y que "podría ser inconstitucional", el diputado ha alertado de que las medidas del proyecto repercutirán en los consumidores y en la competitividad de las zonas industriales.

También ha rechazado que el reparto de la carga tributaria no sea "equitativa" --proponiendo una nueva escala de gravámenes-- y que se retiren todos los apoyos a las energías renovables, "que han generado actividad económica, empleo y una energía exportable" además de que reducen la dependencia energética y ayudan a combatir la contaminación.

Laia Ortiz, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha reprochado que, pese al título de la ley, la "sostenibilidad energética brilla por su ausencia". "Este proyecto ni es verde ni resuelve los problemas del sistema eléctrico y el déficit tarifario", ha añadido, defendiendo el texto alternativo redactado por su grupo y que pasa por "avanzar en la fiscalidad verde" con el doble objetivo de "cambiar hábitos y penalizar los comportamientos más nocivos" a la par que se consiguen nuevos ingresos.

Además, ha apostado por defender el sector de las renovables, que tiene un gran potencial de crecimiento y aportan independencia energética y empleo, ante el riesgo de "hundimiento" que representa la nueva tasa. Por último, ha pedido que se grave la importación de energía y no el autoconsumo, y que no se deje "a la arbitrariedad del Gobierno" la decisión sobre si se fomentan las energías limpias.

UNA OPORTUNIDAD PERDIDA

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha dicho sentirse "decepcionado" tanto por la tramitación como por la propia ley que, a su juicio, es "puramente recaudatoria, únicamente fiscal" y que, "lejos de aprovechar la oportunidad que la crisis ofrece para una reforma a fondo del sector y atacar las raíces del déficit tarifario, se limita a consagrar algunas de las reglas de juego que han llevado a esta situación e introduce sólo parches".

"La opinión pública debería estar preocupada por la aprobación de leyes como ésta, que perjudicará a la salida de la crisis económica porque afectará a la competitividad industrial, son muy injustas y no corrige abusos que se han cometido (como el de la suspensión de las primas a renovables). Además, pese a sus argumentos de preocupación medioambiental, no discrimina en absoluto (entre fuentes de energía) y acabará perjudicando a los consumidores", ha añadido Gorriarán.

PROVOCARÁ DESLOCALIZACIONES INDUSTRIALES

Josep Sánchez Llibre, de CiU, ha lamentado que se haya "perdido una gran oportunidad para plantear una reforma global para conseguir un sistema más competitivo" y mayor eficiencia energética, dado que la mayor parte de los grupos coinciden en la necesidad de revisar el sector. Además, ha alertado de que el proyecto de ley "representará un hachazo muy importante a la competitividad del tejido industrial" y perjudicará a los consumidores con una subida de la factura.

"La voracidad impositiva, la voracidad fiscal confiscatoria de esta ley, conllevará graves perjuicios a la economía productiva, a la política industrial y, si no lo remediamos en el Senado, retrocederemos a los años 50", ha pronosticado el diputado, reclamando por ello cambios como bonificaciones para la cogeneración, exenciones fiscales para el autoconsumo o eliminar el gravamen sobre productos energéticos cuando sean utilizados para la cogeneración.

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha calificado de "prioritario" el problema del déficit tarifario, pero cree que la solución "no será adecuada si no sirve para establecer un nuevo modelo energético a medio y largo plazo" que dé "confianza y seguridad" a empresas y consumidores. "A nuestro pesar, desgraciadamente éste no es el caso", ha apostillado, declarándose "decepcionado" con el texto.

Así, ha defendido las enmiendas de su grupo, que buscan evitar un grave perjuicio al sector industrial, especialmente al vasco, que verá mermada su capacidad competitiva dado que utiliza de forma intensiva la cogeneración. Por eso, ha pedido al PP que reconsidere su propuesta de reducir el gravamen al gas en los sectores de cogeneración y tratamiento de residuos. "Reconsideren, señores del PP, porque de lo contrario cometerán un grave error y una grave tropelía con el sector industrial", ha añadido el diputado, criticando que la ley "prime la recaudación frente a la apuesta por un modelo competitivo".

ASUNTO DE ESTADO

El diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha alertado de que la subida impositiva que recoge el proyecto afectará a muchas industrias, y "puede suponer cierre de empresas, más paro y deslocalizaciones". "Con este nuevo recorte de ingresos, los pequeños productores de fotovoltaica se verán abocados a cerrar o a que el banco se quede con sus instalaciones", ha añadido.

Rosana Pérez Fernández, del BNG, ha subrayado que la norma no acabará con el déficit de tarifa, porque no ataca a la raíz del problema, que es el procedimiento de fijación de precios por subasta. Además, ha criticado que se grave igual a todas las energías, sin discriminar a las fuentes más limpias.

El portavoz de UPN, Carlos Navarro, ha recordado que la energía es "un tema de estado" y ha señalado que, pese a los "esfuerzos del Gobierno por afrontar el difícil puzzle energético, sigue pendiente un gran acuerdo" de los partidos mayoritarios para "gastar mejor y solucionar la excesiva dependencia energética" del país. "Mi mayor crítica es que al final se receta aceite de ricino para todos los damnificados, estén sanos o estén enfermos", ha añadido.

El portavoz "popular" de Industria, Antonio Erías, ha defendido que este proyecto intenta resolver una dificultad obvia de la economía española y del sector eléctrico "heredado" del Gobierno anterior: el déficit tarifario. "La economía y los sectores productivos reclaman una mejora de la competitividad", ha dicho, subrayando que éste es el proyecto de ley que mejor defiende los intereses de los diferentes sectores industriales.

"Ciertamente el proyecto de ley tiene un componente recaudatorio, pero es para evitar que se siga incrementando el déficit de tarifa", ha asegurado el diputado, señalando que sin tomar medidas las tarifas que pagan los consumidores subirían "sí o sí". Además, ha recordado que éste es sólo un primer paso que busca "asentar la estabilidad presupuestaria" pero que estará continuado por otras normas para que el sistema energético sea más eficiente.

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