edición: 2363 , Miércoles, 13 diciembre 2017
16/09/2010
OBSERVATORIO JURIDICO

El principio de reconocimiento mutuo no se aplica a la licencia de ofrecer juegos de dinero a través de Internet

DATADIAR

Holanda prohíbe a los operadores británicos ofrecer mediante su sitio de Internet, a las personas residentes en los Países Bajos, juegos de dinero para los que no disponen de licencia en Holanda. Esto ha dado lugar a un proceso en la jurisdicción holandesa, fundamentalmente por el litigio en relación con el rechazo de sus solicitudes dirigidas a obtener una licencia para la organización de juegos de dinero en los Países Bajos, que ha llegado al TJUE, resultando que con fecha 17/12/09 se ha conocido el Dictamen previo del Abogado General sobre esta cuestión que, termina con las sentencias del mes de junio, en el sentido apuntado por el Abogado General, que informarán decisivamente las posiciones de los Estados miembros en relación con la apertura del juego on line en su ordenamiento interno.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda) ha dictado el 3 de Junio de 2010, dos sentencias, en los asuntos 203/08 ("Betfair") y 258/08 ("Ladbrokes") que abordan con profundidad algunos de los temas cruciales de la oferta de los juegos de azar y apuestas vía Internet, promovidos por dos famosas empresas del sector: Ladbrokes y Betfair, con base en Reino Unido, y conocidos en España por estar muy activos en nuestro mercado, aunque no dispongan de autorización administrativa (licencia) en España.

El enfoque de las sentencias del Tribunal Europeo ya había sido anticipado por la fundamentación de la opinión del Abogado general Sr. Bot (común a los dos procedimientos), difundida en los medios de comunicación en el mes de Noviembre del pasado año, que iba en la misma línea de la jurisprudencia marcada en especial por el caso Bwin y Liga Portuguesa de Futbol Profesional , (Septiembre 2009), en la que ya se había determinado que la prohibición de estas ofertas de juego por operadores extranjeros contravenían el principio de libertad de prestación de servicios reconocida en el Art. 49 del Tratado, pero que los Estados Miembro podían restringir este principio aludiendo a razones de interés general como la lucha contra el fraude y la criminalidad.

El dictamen del Abogado general resulta muy significativo y es coherente con el reciente litigio entre Bwin y Portugal, es decir, con la propia doctrina del Tribunal Europeo.

Así pues, en sus conclusiones, el Abogado General, sobre la cuestión de si el Reino de los Países Bajos, con arreglo al principio de reconocimiento mutuo establecido en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se encontraba obligado a reconocer las licencias otorgadas por otros Estados miembros a Betfair,  considera con arreglo a la sentencia Liga Portuguesa (Sentencia de 8 de septiembre de 2009, también disponible en la base de datos de derecho de nuevas tecnologías de datadiar.com) que dicho principio no se aplica a la licencia de ofrecer juegos de dinero a través de Internet.

El artículo 49 CE debe interpretarse en el sentido de que la circunstancia de que un proveedor de juegos en línea esté autorizado a ejercer esta actividad por el Estado miembro en cuyo territorio está establecido no se opone a que las autoridades competentes de otro Estado miembro, prohíban a tal proveedor ofrecer juegos a través de Internet a las personas que residen en el territorio de ese otro Estado miembro.

El abogado señala que contrariamente a la situación objeto de la sentencia Gambelli y otros,  la Ley neerlandesa no pretende únicamente proteger a los consumidores frente a la ludopatía, sino que también tiene por objeto combatir el fraude. De conformidad con la jurisprudencia, la adecuación de esta normativa para alcanzar estos dos objetivos debe apreciarse a la luz de éstos considerados globalmente.

La legislación neerlandesa sobre los juegos de azar tiene por objeto proteger a los consumidores frente a la ludopatía y combatir la criminalidad. Por una parte, establece que está prohibido organizar o promover juegos de dinero sin haber obtenido una licencia a tal efecto y, por otra parte, que sólo un prestador por categoría de juego puede recibir dicha licencia.

La licencia para la organización de apuestas deportivas, de loto y de juegos de números se atribuyó a la fundación Stichting de Nationale Sporttotalisator (De Lotto). La licencia para la organización de apuestas mutuas sobre las carreras de caballos se atribuyó a la sociedad Scientific Games Racing BV. (SGR).

La sociedad The Sporting Exchange Ltd, que actúa bajo el nombre de Betfair, con domicilio social en el Reino Unido, facilita la celebración y la negociación recíproca, directa o indirectamente por Internet, de apuestas sobre acontecimientos deportivos, en particular, las carreras de caballos. El asunto C-203/08 tiene origen en el litigio que opone a Betfair al Ministro de Justicia neerlandés en relación con el rechazo de sus solicitudes dirigidas a obtener una licencia para la organización de juegos de dinero en los Países Bajos y de los recursos que ha interpuesto contra las decisiones de prorrogar las licencias de De Lotto y de SGR.

Las sociedades Ladbrokes Betting & Gaming Ltd y Ladbrokes International Ltd, con domicilio social en el Reino Unido, organizan apuestas deportivas, en particular, apuestas efectuadas según el sistema de cotización. El contexto del asunto C-258/08 es la impugnación por dichas sociedades de los procedimientos iniciados contra ellas por De Lotto, dirigidos a que se les prohíba ofrecer en su sitio Internet a las personas residentes en los Países Bajos juegos de dinero para los que no disponen de licencia.

El Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal de casación neerlandés) y el Raad van State (Consejo de Estado neerlandés), que conocen en última instancia de estos litigios, preguntan al Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad de la normativa neerlandesa sobre la política de los juegos de azar con el Derecho comunitario.

Con carácter preliminar, el Abogado General señala que debe examinarse la conformidad de la normativa neerlandesa a la luz de las disposiciones sobre la libre prestación de servicios. En este contexto, consta que dicha normativa constituye una restricción a dicha libertad de circulación.

El Abogado General recuerda que, según jurisprudencia consolidada, los Estados miembros pueden restringir la organización y la explotación de juegos de dinero en su territorio con el fin de proteger a los consumidores debido al riesgo de fraude generado por las elevadas sumas que los juegos de dinero permiten reunir.

Asimismo, el Tribunal de Justicia ha estimado que un Estado miembro podía legítimamente conceder el derecho a explotar juegos de dinero a un operador único.

En este contexto, el Abogado General considera, en primer lugar, que el hecho de que los titulares de derechos exclusivos de explotación de los juegos de dinero en los Países Bajos estén autorizados a hacer su oferta más atrayente creando nuevos juegos y recurriendo a la publicidad no es, como tal, incoherente con los objetivos perseguidos por la normativa neerlandesa, considerada globalmente, ya que esta actitud contribuye perfectamente a combatir el fraude.

No obstante, en la medida en que la normativa neerlandesa pretende también proteger a los consumidores frente a la ludopatía, es importante que la creación de nuevos juegos y la publicidad estén estrechamente controlados por el Estado miembro y limitados con el fin de ser también compatibles con la consecución de dicho objetivo. La conciliación de estos dos objetivos perseguidos por la normativa neerlandesa exige, por tanto, que la oferta de los titulares del derecho exclusivo y la publicidad para los juegos autorizados sean suficientes para incitar a los consumidores a mantenerse en el circuito legal sin constituir, sin embargo, una incitación excesiva a jugar, lo que llevaría a los consumidores o, al menos, a los más frágiles de entre ellos, a gastar una cantidad mayor del porcentaje de sus ingresos que pueden consagrar a su ocio.

Corresponde al juez nacional apreciar si esta legislación, a la vista de su contenido y de su aplicación, contribuye efectivamente a alcanzar los dos objetivos perseguidos.

En segundo lugar, el Abogado General considera que el juez nacional, tras haber constatado que la legislación es conforme al Derecho comunitario, no está obligado a comprobar, en cada caso concreto, que una medida destinada a garantizar el cumplimiento de esta legislación, como una orden a un operador económico de hacer inaccesible a las personas que residan en el territorio nacional su sitio Internet que ofrece juegos de dinero, es adecuada para alcanzar los objetivos perseguidos por la citada legislación y es proporcionada, habida cuenta de que esta medida de ejecución se limita estrictamente a garantizar el cumplimiento de esta legislación.

En tercer lugar, sobre la cuestión de si el Reino de los Países Bajos, con arreglo al principio de reconocimiento mutuo establecido en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se encontraba obligado a reconocer las licencias otorgadas por otros Estados miembros a Betfair, el Abogado General recuerda que, con arreglo a la sentencia Liga Portuguesa dicho principio no se aplica a la licencia de ofrecer juegos de dinero a través de Internet.

En conclusión, los fundamentos jurídicos empleados por el Tribunal Europeo en sus sentencias de 03/06/2010 (disponibles en la bbdd de nuevas tecnologías de datadiar.com) son los que apuntaba el Abogado General, a) existen razones justificativas de las restricciones impuestas por los Países Bajos en su Legislación, y, b) no procede ofertar juegos por medio de Internet a residentes holandeses, entendiendo que son válidas las medidas impeditivas del uso de estas Páginas Web acordadas (asunto Ladbrokes), y la denegación de la Licencia (Betfair), sin que pueda reconocerse validez a estos efectos a las licencias que ambos operadores tienen concedidas en otros Países Miembros (asuntos Ladbrokes y Betfair),  y sin que sea relevante la existencia de controles o la intervención administrativa que puedan establecerse en dichos Países.

Entrando analizar la jurisprudencia europea que consideramos más relevante a estos efectos, lo cierto es que el Tribunal de Justicia Europeo acepta restricciones a la libertad de establecimiento y a la libertad de prestación de servicios en virtud de objetivos de interés general, cuando esas restricciones son proporcionadas y no discriminatorias.

Al tratarse el juego de una actividad económica no armonizada, corresponde a cada Estado probar esta razón. Habitualmente, suelen esgrimir motivos de defensa de los consumidores con problemas de adicción al juego y/o la prevención del fraude en eventos deportivos, que podrían verse alterados por las cantidades de dinero que se mueven en las casas de apuestas.

Un aspecto relevante es que el Dictamen de este caso es posterior al fallo de 8 de septiembre de 2009 (frente a Casa de Santa bwin, C-42/07), y expresamente parece seguir la estela que marca el Tribunal reconociendo un margen a los Estados, que con limitaciones,  pueda suponer incluso la restricción a la libre prestación de servicios, en el mercado del juego on line.

Recordemos que dentro de su política de expansión y marketing, Bwin concertó contratos de patrocinio con la Liga de Fútbol Portuguesa (LPFP) por los cuales se publicitaba la web de apuestas de esta entidad, por lo que la dirección de la casa de apuestas portuguesa decidió multar a ambas entidades por haber promocionado, organizado y explotado apuestas por vía electrónica, siendo el otorgamiento de estas licencias una facultad exclusiva del Estado.

Ante esta decisión, Bwin Internacional Ltd y la Liga Portuguesa interpusieron sendos recursos ante la jurisdicción de Portugal. Admitidos éstos, el juzgado portugués elevó una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo de Justicia (TJCE), planteando si la legislación portuguesa, al conceder en exclusiva a la citada casa de apuestas un monopolio sobre el juego, estaba violando el Principio de Libre Prestación de Servicios, recogido en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

Conviene recordar que el Juzgado encargado del caso en Portugal se dirigió al TJCE para aclarar cuestiones de principio referentes a la compatibilidad del Derecho Comunitario con el monopolio del juego de azar. Así mismo, tengamos en cuenta que la opinión del Abogado General no vincula al Tribunal de Justicia UE, sino que la función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia una solución jurídica al asunto del que se ocupa.

Los jueces del Tribunal de Justicia finalmente dictaron sentencia, con fecha 08/09/09, dando la razón a Portugal, considerando que las leyes aplicadas por cada Estado miembro no vulneran la normativa europea, y que, en definitiva, los monopolios estatales sobre apuestas en línea son legales, si guardan determinados principios, como proporcionalidad y no discriminación.

Concluye el Tribunal que el artículo 49 CE no se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que impide a operadores como Bwin International Ltd, establecidos en otros Estados miembros donde ofrecen legalmente servicios análogos, proponer juegos de azar por Internet en el territorio de dicho Estado miembro.

El Tribunal, incluso el propio gobierno portugués, asume que la normativa controvertida en el litigio principal da lugar a una restricción a la libre prestación de servicios garantizada por el artículo 49 CE, sin embargo se considera que hay una justificación de la restricción a la libre prestación de servicios.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Orden IGD/2263/2010, de 19 de agosto, por la que se crea la Sede Electrónica del Ministerio de Igualdad. (B.O.E. n.º 207 de 26 de agosto de 2010).
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, creó el concepto de «sede electrónica», justificado por «la necesidad de definir claramente la «sede» administrativa electrónica con la que se establecen las relaciones, promoviendo un régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad». El artículo 10.1 de la misma Ley define la sede electrónica como «aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias». El apartado 3 del mismo artículo establece que «cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas». En aplicación de las previsiones legales, la presente Orden tiene por objeto la creación y regulación de la sede electrónica del Ministerio de Igualdad (en adelante SEMIGD), para todos los órganos del Ministerio y organismos públicos. Asimismo, mediante esta Orden se habilita, en su disposición final primera, a la persona titular de la Subsecretaría para la adaptación de determinadas características de la sede cuando deban modificarse.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de apropiación indebida de dinero recibido en nombre propio y como mandatario de terceros. Valor probatorio de la grabación de una conversación por uno de los intervinientes. Abuso de relación personal. Tribunal Supremo. Sentencia 10 de mayo de 2010.
El modo de operar de los recurrentes con la grabación, el del Juez de Instrucción al procesar lo grabado, y el de la Audiencia al incorporarlo a su discurso probatorio no plantean problema alguno de garantías. Lo primero es insistir en que en el hecho de la grabación de una conversación por parte de alguno de quienes participan en ella no plantea ningún problema de constitucionalidad, en la medida en que para él no existe secreto, pues, por su calidad de interlocutor, ya  está en él. De otra parte, y dado que no hubo intromisión ilegítima en ese ámbito y tampoco comunicación a distancia sino captación de lo hablado en un encuentro presencial, el supuesto es ajeno a la previsión del art. 579 Lecrim. Dicho de otro modo, el núcleo problemático de la cuestión radica en el valor que en el plano probatorio pueda darse a una información obtenida del modo que consta. Algo que asimismo se ha planteado la Audiencia, que igualmente ha tomado en consideración la discontinuidad de la grabación en la que hacen particular hincapié los recurrentes. La sala hace una valoración de contenido que es la que le lleva a pronunciarse por la fiabilidad de lo grabado, para lo que estima decisivo el tenor de la línea argumental y el modo de discurrir la conversación en las manifestaciones de las dos partes implicadas en ella, algo, que, en efecto, sería francamente difícil de simular, y que en sus términos guarda estrecha coincidencia con otros elementos de prueba de cargo.

Mercantil

No cabe monopolizar en exclusiva vocablos que indiquen la procedencia geográfica. Tribunal Supremo. Sentencia 9 de junio de 2010.
El art. 5.1 c) de la Ley 17/2001 prohíbe que pueda ser utilizado como marca el signo que  se componga exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio. A través de esta prohibición, se trata de impedir que una sola persona o entidad pueda apropiarse de un signo o denominación que podría ser utilizado por todos los empresarios del sector para indicar la localización del origen de los productos.

Contrato de distribución en exclusiva. Liquidación de la relación contractual. Tribunal Supremo. Sentencia 17 de junio de 2010.
El Reglamento 1400/2002, resultado de la experiencia adquirida en el sector de los vehículos de motor en lo relativo a la distribución de los mismos, así como de sus recambios y de la prestación de servicios de postventa, impuso unas requisitos más estrictos que los establecidos en el Reglamento (CE) número 2790/1999, de la Comisión, de 22 de diciembre de 1.999 para la aplicación de la exención por categorías. De ahí que considere el Tribunal que la necesidad de que los acuerdos verticales se adaptasen a ellos, en el plazo transitorio señalado en el artículo 10, ha sido correctamente entendida en la instancia como la «variación sustancial del marco legal del contrato» a que se refiere la cláusula 11.5 del mismo. No cabe negar razonabilidad a la conexión establecida por el Tribunal de apelación entre la norma comunitaria y ese particular de la reglamentación contractual. Es más, la propia recurrente ha admitido implícitamente el carácter esencial del cambio exigido por el Reglamento, al alegar que bastaba con eliminar del contrato la obligación de suministro exclusivo, esencial en el régimen pactado por ambas partes, para dar cumplimiento a la nueva normativa.

Civil

No procede la rebaja del precio pactado inicialmente en el contrato de compraventa por resultar una menor edificabilidad de la prevista en un principio. Tribunal Supremo. Sentencia 1 de junio de 2010.
La calificación e interpretación de los contratos es una cuestión que, por regla general, queda agotada mediante su discusión en la instancia y únicamente cabe reproducirla en casación cuando se trata del establecimiento por el tribunal «a quo» de una calificación o de una interpretación tan desafortunada que rompe incluso la armonía del ordenamiento jurídico y resulta ilógica, irracional y, en definitiva, inasumible.

La analogía pretende resolver el caso de la laguna de la Ley y no puede considerarse tal cosa, cuando en un contrato se produce una discordancia, un error o una falta de previsión. El tema de la edificabilidad es importante económica y socialmente y está sumamente regulado en la normativa administrativa, pero no lo está en la civil. Siendo la base de la analogía la identidad de razón -ubi eadem ratio est, ibi eadem iuris dispositio esse debet- que comprende los dos presupuestos de falta de norma e igualdad esencial, no se da en el caso presente. La normativa no regula los excesos o defectos de edificabilidad, al igual que no regula tantas otras cuestiones de divergencia que se pueden dar en la compraventa, tanto de inmuebles como de cosas muebles. El que no contemple una determinada cuestión no permite que se pueda aplicar por analogía otra distinta.

La ruina funcional  comprende los graves defectos constructivos, que, excediendo de las imperfecciones corrientes, hacen a la edificación inútil o básicamente insuficiente para su finalidad propia. Tribunal Supremo. Sentencia 7 de junio de 2010.
La existencia de ruina, a los efectos del art. 1591 del Código Civil  , precisa una doble apreciación: una, de índole fáctica, que consiste en la fijación de los hechos y circunstancias que integran el defecto constructivo, incluida la entidad o gravedad del mismo, y otra, de índole jurídica, que consiste en la calificación de aquella base fáctica como constitutiva de ruina, en alguna de las modalidades que la jurisprudencia admite como tal: física, potencial o funcional. Para la primera apreciación es preciso tener en cuenta las alegaciones de las partes y los medios de prueba, pues se trata de una cuestión de hecho, cuya fijación corresponde al Tribunal de instancia, y que, por consiguiente, no puede ser sometida a la revisión casacional, sino a través del recurso extraordinario por infracción procesal, a partir de una valoración absurda, irracional o ilógica de la prueba. La segunda, en cambio, es una cuestión jurídica, que incumbe exclusivamente a los órganos jurisdiccionales en consideración a los defectos acreditados por las pruebas practicadas, y puede impugnarse por vulneración del reiterado artículo 1591 del Código Civil y de la jurisprudencia que lo interpreta. En este caso se  trata de defectos constructivos de carácter general y no simplemente puntual, lo que implica un fracaso generalizado de la obra en determinados aspectos, sin perjuicio de que también encajan en el concepto más amplio de «ruina funcional», que comprende los graves defectos constructivos, que, excediendo de las imperfecciones corrientes, hacen a la edificación inútil o básicamente insuficiente para su finalidad propia.

Laboral

Supuesto de cesión ilegal, acordándose que el trabajador se integre en la plantilla de la cesionaria, pero  con derecho a la retribución colectivamente pactada en la misma y no a la percibida en la empresa cedente. Tribunal Supremo. Sentencia 25 de mayo de 2010.
La cuestión que se plantea en el presente recurso consiste en determinar las consecuencias retributivas que corresponden a un trabajador sometido a cesión ilegal y que opta por adquirir la condición de fijo en la empresa cesionaria, y en concreto si cabe mantener en ésta las condiciones salariales superiores que tenían en la empresa cedente. La doctrina ajustada a derecho, que coincide con la unificada de esta Sala  se contiene en la sentencia de contraste, y no en la recurrida en la que de forma jurídicamente inadecuada se sostuvo la conclusión desde los hechos descritos de que el salario que correspondía al demandante, cuando ejerció la opción de integrarse como fijo en la empresa cesionaria, era el  que tenía asignado en la cedente, cuando la decisión ajustada a derecho es la que adoptó la Confederación Hidrográfica demandada al establecer el salario del trabajador integrado en su plantilla como fijo en las mismas condiciones que las del resto de trabajadores de su categoría en la empresa, y con arreglo a las previsiones del II Convenio Colectivo Único del Personal Laboral al servicio de la Administración General del Estado. Procede la estimación del recurso interpuesto por Entidad Pública Confederación Hidrográfica del Norte.

La situación de IT, que surge con anterioridad al período vacacional y que impide disfrutar de este último en la fecha señalada, no puede erigirse en impedimento que neutralice el derecho al disfrute de dicha vacación anual. Tribunal Supremo. Sentencia 31 de mayo de 2010.
La cuestión que plantea el presente recurso, se refiere a la determinación de un nuevo período de vacaciones, diferente del fijado inicialmente por acuerdo colectivo o pacto individual, debido a la coincidencia del período fijado con días de incapacidad temporal originada con anterioridad. Siguiendo doctrina unificada al respecto, la situación de incapacidad temporal, que surge con anterioridad al período vacacional establecido y que impide disfrutar de este último en la fecha señalada, no puede ni debe erigirse en impedimento que neutralice el derecho al disfrute de dicha vacación anual que todo trabajador ostenta por la prestación de servicios en la empresa. Y es conveniente señalar, al respecto, que tiene que ser distinto el tratamiento que merece la incapacidad temporal que surge durante el disfrute de la vacación, pues es un riesgo que, en tal situación, ha de asumir el propio trabajador, con aquella otra que se produce con anterioridad al período vacacional y que impide el disfrute de éste en la fecha preestablecida en el calendario previsto, a tal efecto, en la empresa. En este último caso necesariamente, ha de hacerse compatible el derecho a la baja por incapacidad temporal, sea esta por enfermedad común o por maternidad, con el correspondiente al disfrute de la vacación anual.

Administrativo

Procedimiento sancionador. Los tipos infractores en base a los que se ha sancionado carecían de suficiente cobertura legal y  habían sido declarados nulos por el Tribunal Supremo. Tribunal Constitucional. Sentencia 19 de julio de 2010.
Los tipos infractores en base a los que se ha sancionado a la mercantil recurrente no sólo carecían de suficiente cobertura legal, sino que han sido declarados nulos por el Tribunal Supremo y, por tanto, inexistentes ab origine. De este modo la resolución (y los posteriores actos administrativos y judiciales que la han confirmado) resultan contrarios tanto a la garantía constitucional formal inherente al art. 25.1 CE como a su garantía material, connatural también al principio de legalidad punitiva. Se debe añadir a dicho tenor que la inclusión con carácter accesorio, por la Resolución sancionadora impugnada, de las menciones a la Ley 25/1970 y a su Reglamento de desarrollo tampoco satisfacen las exigencias de dicho principio desde la perspectiva de la tipicidad, al no recoger con la debida exhaustividad y contenido material el catálogo de infracciones en la materia.

Exigir al recurrente que acreditase la presencia en Madrid del conductor de su vehículo en las fechas en las que se cometió la infracción, no responde a una argumentación lógica ni razonable que permita subsumir la conducta del recurrente en el tipo aplicado. Tribunal Constitucional. Sentencia 19 de julio de 2010.
Las circunstancias concurrentes en este caso, de un lado, la identificación por parte del demandante de amparo de la persona que conducía su vehículo en el momento de la infracción en los términos en los que la ha llevado a cabo, y, de otro lado, la inactividad administrativa en orden a comunicar con la persona identificada, ponen de manifiesto que la motivación de las resoluciones administrativa y judicial impugnadas, al exigir al recurrente que acreditase la presencia en Madrid del conductor de su vehículo en las fechas en las que se cometió la infracción, así como que era en realidad el conductor, no responde a una argumentación lógica ni razonable que permita subsumir la conducta del recurrente en el tipo aplicado. En efecto, ni la norma exigía expresamente que se facilitaran estos concretos datos, aun tratándose de una persona residente en el extranjero, ni, conforme al modelo de argumentación aceptados en la comunidad jurídica, cabe extraer tal exigencia de la misma, una vez que se había indicado a la Administración el nombre, los dos apellidos, el número de permiso de conducir y el domicilio del conductor, lo que, en principio y sin que las circunstancias concurrentes permitan presumir otra cosa, dada la inactividad de la Administración, parece, por una parte, que supone una respuesta congruente con el deber de identificar a una persona impuesto por el art. 72.3 LSV y, por otra, que es suficiente con la finalidad de la exigencia legal, que es la de permitir a la Administración dirigir eventualmente contra esa persona un procedimiento sancionador.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2017 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...