edición: 2351 , Viernes, 24 noviembre 2017
20/03/2014

El proyecto ruso South Stream destinado a alimentar la región mediterránea desde Italia queda en entredicho

La crisis de Crimea desnuda la dependencia de Rusia que alimenta la red de gasoductos europeos
Carlos Schwartz

La crisis desatada tras la separación de Crimea de su unión política con Ucrania y su inclusión en la federación rusa ha ocasionado una sacudida colosal en el sector europeo del gas. Rusia es el proveedor de más de un tercio del gas que se consume en el continente, proporción que estaba destinada además a aumentar. El gigante ruso del combustible, Gazprom, es el propietario del proyecto de gasoducto South Stream que debía abastecer al sur europeo tras pasar por debajo del Mar Negro y a través de Bulgaria, Serbia, Hungría y Eslovenia hasta Italia. Su diseño tenía por objetivo sortear Ucrania, un aliado inestable como los acontecimientos han vuelto a demostrar. La semana pasada el Gobierno de Bulgaria que se había embarcado en obras para el desarrollo de la línea de transporte de gas afirmó que era muy probable que la actividad en las obras se paralizara por un lapso de tiempo difícil de prever. De acuerdo con la última información disponible pese a que aun no ha ocurrido “se respira en el aire” de acuerdo con una fuente del sector.

En el consorcio de South Stream participan la italiana ENI, la francesa EDF, y la alemana Wintershall, filial de BASF. El proyecto ahora ha quedado en suspenso, y aunque se complete los acontecimientos han puesto una vez más de relieve que Rusia no es un aliado energético fiable para Europa. El gas vital para Alemania y el norte de Europa que entra por el Nord Stream es también ruso, y en ese gasoducto el 51% del capital es de Gazprom. En el capital de ese conducto que pasa debajo del Báltico participan EON y Wintershall además de Gaz de France Suez y Gasunie de Holanda. Mientras, la italiana SNAM, bajo control de la estatal Casa Dipositi e Prestiti (CDP), ha adquirido ahora la mayoría del capital del gasoducto TAG que pasa por Austria y trae gas ruso procedente de Nord Stream.

Más allá de la batalla de ENI con la autoridad de Competencia de la CE que le obligó a vender la participación en TAG a CDP, Italia aspira a convertirse en el surtidor de gas del Mediterráneo europeo. Pero el pasado año ENI redujo su compra de gas a Argelia y tenía previsto suplir esa reducción con gas ruso, lo que parece ahora una muy mala idea. De momento la única iniciativa seria respecto de la dependencia europea de Gazprom ha sido la elección por el consorcio que explota el campo de gas de Sha Deniz en Azerbaiyán del gasoducto trans Adriático (TAP) a fines del pasado año para conducir su gas. En el capital de TAP participan EON, Statoil y Axpo. Pero el desarrollo de la explotación del gas azerí por parte de British Petroleum, Statoil, Total y Socar será lento y de momento sólo rinde a Italia el 80% de 10.000 millones de metros cúbicos al año. Un 10% se queda en el camino en Bulgaria y otro 10% es para Grecia. De tal suerte que realmente hay una dependencia del gas ruso en el norte y en el sur de Europa con excepción del gas procedente de Argelia y Libia.

La estructura de la red de gasoductos europea por lo tanto tiene una dependencia extrema de Rusia. Una de las excepciones es el gasoducto Medgaz cuyo capital ha quedado en manos de la argelina Sonatrach (43%), CEPSA (42%) -propiedad del fondo de inversiones petroleras de Abu Dhabi- y Gas Natural Fenosa (15%). En realidad, Medgaz tenía una estructura de capital más equilibrada con la presencia de Iberdrola y Endesa, pero ambas compañías eléctricas vendieron sus participaciones el año pasado por la caída de la rentabilidad de la generación con gas. El Gobierno español está muy lejos de la defensa eficaz de activos estratégicos como este gasoducto, a diferencia del italiano que se las arregló en su momento para asegurar la propiedad de TAG que ayer quedó en manos de SNAM tras pasar por las manos de la estatal CDP. Pero más allá de esta realidad, el gasoducto es una de las vías de abastecimiento de gas no dependientes de Rusia en territorio europeo. Hay un problema de especificidad europea en la base de la venta de sus participaciones por parte de Iberdrola y Endesa: la política de la Comisión Europea frente al gas.

Esta semana el consejero delegado de EON, Johannes Teyssen, al comunicar los resultados del ejercicio 2013 de la principal eléctrica alemana recordó que la empresa había cerrado 13 Gigawatios de generación convencional en los últimos años. El recordatorio no es una banalidad.
Gas de France Suez, Electricite de France, al igual que ENI o Iberdrola han subrayado el proceso de cierre de centrales convencionales, en particular las accionadas por gas a causa de los costes que implica mantener éstas y las cargas que soportan en comparación con las energías renovables que tienen acceso privilegiado a las redes eléctricas europeas.

Los costes de la generación por gas han llevado a paralizar de forma creciente ciclos combinados y sistemas de cogeneración algo que ha afectado de manera central a sectores industriales íntegros como el del papel o la cerámica. Los analistas del sector consideran que esta es una política suicida y recalcan que dentro de la generación eléctrica uno de los combustibles con menor emisión de carbono es precisamente el gas.

Las eléctricas han puntualizado que el castigo a la generación por gas que determina el cierre de plantas accionadas por ese combustible ha dado paso a un incremento de emisiones de carbono porque las empresas se han volcado a la generación con carbón cuyo precios se han deprimido en el mercado internacional mientras que el precio de los derechos de emisión ha caído en picado.

El Gobierno no parece capaz de hacer una lectura seria de esta situación. Al menos no ha manifestado reacción alguna ante los problemas que enfrentan los consumidores industriales del combustible. Ni siquiera teniendo en cuenta que España está en una posición privilegiada debido a su proximidad con África para ser un proveedor europeo del combustible. Pero para ello debería comenzar por tener y luego defender su propia política europea para el gas. Un traje que a este Gobierno parece que le queda grande.

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