edición: 2557 , Miércoles, 19 septiembre 2018
05/10/2012
Confemetal arremete contra el proyecto de ley del sector eléctrico y se postula como generador

El pulso entre Nuclenor y el Gobierno refleja el enfrentamiento por una reforma del sector

¿Qué pinta el reciente aluvión de visitas germanas que reciben la Moncloa y sus esferas más cercanas?
Carlos Schwartz

El consejo de Nuclenor, la sociedad propietaria de la central nuclear de Garoña, ha decidido no recurrir los plazos del Ministerio de Industria que tenía como límite la medianoche de ayer. Los propietarios de la central de Garoña pedían una ampliación del plazo para presentar una solicitud de extensión de la explotación de la central. El 3 de julio, Industria publicó una orden ministerial en la que se autorizaba, condicionada a una serie de medidas, una ampliación de las actividades de la central nuclear por hasta otros seis años a partir de 2013.

En 2009, el Gobierno había decretado que el cierre definitivo de la central debería hacerse el 6 de julio de 2013. En la orden ministerial de julio se establecía que la solicitud de la extensión de la actividad de Garoña se debía presentar antes del 6 de septiembre pasado. Nuclenor recurrió esa resolución solicitando que se ampliara el plazo para pedir la extensión de las operaciones de Garoña. El recurso fue denegado por Industria con lo cual Nuclenor podría haber recurrido nuevamente hasta la medianoche de ayer la decisión negativa de Industria.

La nota del consejo es una formulación algebraica que al mismo tiempo que dice que no recurrirá la decisión de Industria apuesta por la continuidad de la central nuclear. De hecho lo que la resolución deja planteada es una batalla jurídica contra la Administración que estará en parte sujeta a la evolución del debate sobre el proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, es decir al tarifazo fiscal descargado contra el sector y de rebote sobre los consumidores.

Los socios de Nuclenor, Endesa e Iberdrola, consideran que de aprobarse el proyecto en los términos en los que está planteado el margen empresarial de la central quedaría tan mermado que no tendría sentido continuar con su explotación. El mensaje de Nuclenor es el de “confianza en que las incógnitas e incertidumbres que desaconsejaron solicitar la extensión de la actividad” de la central se despejen en el futuro. Lo cual deja abierta la puerta a que si hay un cambio de orientación en la ley como resultado del debate parlamentario los socios de la central apelarían a los mecanismos jurídicos necesarios para obtener esa extensión. Lo cual supone una hipotética batalla jurídica si hay un más que improbable vuelco en el debate parlamentario.

En línea con esta coyuntura la patronal del sector del metal, Confemetal, anunció ayer que si Garoña salía a subasta -es decir Nuclenor dejaba de operarla y el Estado optaba por adjudicarla a otro operador- la entidad estaba dispuesta a comprarla. El anuncio va arropado en una crítica muy dura por parte de la patronal al proyecto de ley del que dice que es una “simple subida de impuestos y costes, muy alejada de la reforma energética que verdaderamente necesita el Sector y la economía española en su conjunto”. Confemetal no se propone una operación destinada al autoconsumo energético, sino una opción que le permitiría intervenir en la regulación de los precios del lado de la oferta a “precios muy inferiores que los actuales”, de acuerdo con una fuente de la patronal.

El modelo está basado en la experiencia del empresariado de Finlandia que es propietario de una central nuclear con el objetivo de actuar como regulador de los precios en el mercado eléctrico. En línea con lo que ICNreport viene publicando, el comunicado de Confemetal afirma que: “En el caso concreto del Metal, responsable del 45 por ciento de las exportaciones españolas, la Ley mermaría sensiblemente su competitividad y agravaría el riesgo de deslocalizaciones y cierres de empresas”. Un portavoz de la patronal afirmó que: “la subida de impuestos que contempla el Proyecto de Ley bajo principios de caja única con destino a los Presupuestos Generales del Estado, contradice el carácter finalista que debería tener una Ley que enuncia en su titulo querer defender la sostenibilidad energética”.

El sinsentido de “medidas fiscales para la sostenibilidad” que gravan con una serie de tasas e impuestos a la generación, al gas, al uso de los recursos hidráulicos y el combustible nuclear gastado, plantea la sostenibilidad desde el punto de vista de la Administración para financiar el engendro diseñado en 1997. Lo que es sostenibilidad para la Administración se hace insostenible para el consumidor y el generador, con la salvedad de que este último tiene la potestad de trasladar el tarifazo fiscal al consumidor. El consumidor industrial a su turno queda enfrentado a una pérdida de competitividad ya que no puede trasladar a su turno los costes sin perder mercados.

Con estos antecedentes la posibilidad de que la anunciada nueva Ley, que el Gobierno pretende presentar como proyecto antes de fin de año, implique una verdadera reforma del sector eléctrico entra dentro del área del más profundo escepticismo. Una revisión radical del conjunto del proceso de liberalización iniciado en 1997 debería determinar si el precio del kilovatio se debe basar en el coste marginal, es decir el precio más alto, y debería revisar como mínimo el conjunto de los peajes que gravitan sobre el precio del kilovatio. La política energética ha sido un permanente desatino que ha sumado un desequilibrio sobre otro, imputando además a la tarifa eléctrica políticas de estado que deberían ser asumidas por los presupuestos generales y no por los consumidores finales.

Parece que el Gobierno lo que no está teniendo en cuenta es que en el sector de la producción industrial, como en el de la generación de electricidad, se trata de la lucha por la supervivencia en un clima muy adverso, que la política de austeridad agrava a diario. Por cierto, qué pinta el reciente aluvión de visitas germanas que reciben la Moncloa y sus esferas más cercanas. Qué es lo que se cuece a tal nivel de detalle que justifique la presencia en Madrid del ministro de Economía y Tecnología Philipp Rössler. Desde luego visitas como esa poco tienen que ver con un eventual “rescate” de España. Más bien parecen estar vinculadas a potenciales ventas de activos que rocen los intereses de los reguladores, sean cuales fueren estos últimos.

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