edición: 2328 , Lunes, 23 octubre 2017
27/02/2017

El real decreto sobre el régimen laboral de los estibadores apunta a una brutal reducción de costes

El instrumento tendrá una tramitación complicada en medio de acusaciones de intereses sectoriales
A quien si le interesa es a los fondos de inversión oportunistas que quieren hacer una plusvalía extraordinaria de forma precipitada
Carlos Schwartz
El Gobierno ha respaldado la decisión del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, que con un decreto sobre el régimen laboral de los estibadores -sin consensuar con los sindicatos- y bajo el pretexto de acatar la decisión del 11 de diciembre del 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJE)  pretende forzar una brutal reducción salarial en el sector y la extinción de condiciones laborales. De hecho la norma aprobada el pasado viernes tras una postergación breve para simular que se escuchaba a las partes aspira además a privar a los trabajadores del sector de la aplicación de convenios laborales al introducir a las empresas de trabajo temporal y otras sociedades privadas de esta naturaleza como canal de empleo. El objetivo último es aplicar el concepto de contrato por obras para la descarga de buques. Este es un cambio radical de criterio respecto de su antecesora, también del Partido Popular, Ana Pastor. El decreto se diseñó hace escasos dos meses y antes de aprobarlo el Ministerio logró interrumpir por la vía de los contactos con los empresarios el proceso de negociación que las empresas agrupadas en la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de buques (ANESCO) mantenían con los sindicatos del sector. De acuerdo con una fuente de una empresa consignataria “el Ministro sugirió que se suspendiera la negociación porque había que tener una actitud tajante y sin concesiones en este asunto”.
La cuestión de fondo sin embargo es que entre la ofensiva arrolladora que pretende el Ministerio y las exigencias de la sentencia del TJE existe un camino intermedio que permitiría el mantenimiento de ciertas garantías salariales, de estabilidad laboral y aplicación de convenios laborales que el modelo oficial virtualmente excluye con el objetivo de lograr la máxima precarización posible del empleo en el sector.

La opción intermedia es la que se ha desarrollado en Bélgica, otro país en el cual la Unión Europea (UE) impuso la necesidad de garantizar la libertad de establecimiento que se vería afectada por la contratación forzosa de los estibadores. Esto en el caso de España se refiere a las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) y la obligación de participar en ellas para operar en los puertos en la manipulación de mercancías.

El caso belga ha sido esgrimido como prueba de que existe una vía alternativa al modelo propugnado ahora por el Gobierno por los sindicatos y algunas autoridades portuarias en España sin que el Gobierno haya estado dispuesto a atender esas razones. De acuerdo con algunas fuentes del sector “porque el ministro de turno está especialmente interesado en que los objetivos de algunas de las empresas del sector, como JP Morgan, salgan adelante”.

Entretanto, todo parece indicar que ANESCO, tras sus negociaciones con los sindicatos, ha cambiado de parecer y se mantiene a la espera de los avatares del decreto 4/2017. Por su parte, la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles milita activamente para su aprobación. En esta última están muchos de los miembros de ANESCO, aunque no todos, pero la misma se ha convertido en un ariete para la expresión de las necesidades en particular de los fondos de inversión que operan en el sector. En especial los fondos de inversión y de pensiones agrupados por JP Morgan Assset Management Infrastructure Investment Group y la holandesa Dutch Pension Fund Stichting Pensioenfonds ABP que retienen la gestión del principal propietario de terminales portuarias en España, Noatum.

Esta última, originariamente parte de Dragados, fue vendida por ACS al grupo inversor. De acuerdo con versiones del sector JP Morgan, que adquirió el grupo por unos 700 millones de euros en 2010, intenta vender esa inversión que considera “madura” y tiene como principal interesado al grupo China Ocean Shipping Company (COSCO) quien solo cerraría una operación si no hay compromisos laborales. En cualquier caso sea este el comprador o no es un hecho que JP Morgan y los fondos quieren vender y hacer una plusvalía y que la llave para ello es la liberalización de los compromisos laborales del sector.

Los puertos españoles han pasado por dos años consecutivos de récord en el movimiento de carga y las terminales han obtenido beneficios. En realidad tras una caída del tráfico entre 2008 y 2013 los puertos españoles han vivido una fuerte recuperación. Esto hace que las quejas de la PIPE hayan quedado desactualizadas.

Lo que si es una realidad es que las navieras sufren uno de los periodos más duros de su historia, del que da cuenta la quiebra de la coreana Hanjin, y que las grandes del sector presionan por una reducción de costes en las operaciones portuarias a escala internacional lo que está afectando a las terminales de carga.

Desde este punto de vista está en la lógica de los operadores de terminales descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores, pero este desde luego no puede ser un movimiento sin consecuencias. Sobre todo si la operación en lugar de una cirugía moderada es una amputación sin anestesia.

Uno de los problemas que tiene el Gobierno es que para convalidar en el parlamento el real decreto ley necesitará una mayoría con la que no cuenta y que por tanto deberá negociar. De momento el PSOE y Unidos Podemos han dicho que no apoyarán la propuesta oficial. De la suerte que corra el real decreto en su trámite parlamentario depende en buena medida el nivel de enfrentamiento con los sindicatos que han convocado a un movimiento de huelgas escalonadas que se inicia el 6 de marzo tras haber aplazado la decisión a la espera de unas negociaciones fallidas con Fomento y los empresarios del sector.

El objetivo del Gobierno es infligir una derrota sin atenuantes a un sector laboral tradicionalmente combativo con el objetivo de abaratar las operaciones portuarias en España imponiendo en el sistema portuario el modelo de empleo basura que el Partido Popular agita como la gran solución para combatir la desocupación en el país. No está claro que al conjunto de las empresas del sector les interese realmente esta salida. A quien si le interesa es a los fondos de inversión oportunistas que quieren hacer una plusvalía extraordinaria de forma precipitada ante el temor de que el comercio internacional y la crisis de las navieras afecte a sus ingresos futuros. Pájaro que comió, voló.

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