edición: 2287 , Miércoles, 23 agosto 2017
01/10/2013
OBSERVATORIO DE ECONOMÍA

El Régimen de responsabilidades dentro de la empresa

Alain Casanovas* (KPMG)

Hace tiempo que el crecimiento de las organizaciones y la complejidad del entorno  de los negocios dejó de permitir a los administradores sociales estar cerca de las operaciones del día a día y de todos los trabajadores de la empresa, viéndose obligados a delegar parte de sus responsabilidades a órganos o cargos especializados, normalmente encarnados por personas con niveles de formación y retribución acordes con la importancia de sus funciones.

Se articula así la denominada “función de supervisión”, que supone que los administrados no sólo deben cuidar de su conducta sino establecer los mecanismos adecuados para supervisar la de sus subordinados

En este contexto, vemos que los ordenamientos jurídicos tienden a individualizar el régimen de responsabilidades frente a terceros del personal de la empresa, exigiendo un determinado nivel de diligencia a ciertos cargos cuyo cometido es evitar daños a la propia organización o a terceros, sin necesidad de que ostenten la condición de administradores sociales.

Pero los administradores también deben tener presente que delegar ciertas funciones no equivale a abdicar de ellas ya que siempre mantendrán un hilo de responsabilidad y, por ello, les conviene articular estructuras razonables de vigilancia, para garantizar, entre otras cosas, el cumplimiento de las obligaciones legales de la organización. Su falta de diligencia en este sentido les puede reportar responsabilidad personal no sólo frente a la sociedad sino también frente a sus accionistas y acreedores.

En cualquier caso, el hecho de que los administradores estén sujetos a la responsabilidad que deriva de sus propios actos así como la de sus subordinados, incrementa notablemente su exposición al riesgo de ser objeto de reclamaciones por parte de terceros. En relación con esto, es muy probable que deban en algún momento acreditar que dispusieron los medios adecuados de control y vigilancia para desarrollar una delegación responsable, principio que es extensible a los mecanismos para desarrollar negocios de manera ética, cumpliendo con la legalidad.

En conclusión, podemos decir que es positivo que los administradores de cada organización sepan lo que se espera de ellos en términos de cumplimiento legal, y que su formación en esta materia les ayudes a establecer un modelo de cumplimiento razonable, haciéndoles ver que no sólo redundará en un beneficio para la organización sino también para ellos personalmente. Por consiguiente, no se comprenderá la despreocupación o inactividad de los administradores respecto del cumplimiento de la legalidad en las operaciones de negocio.

* Socio en KPMG Abogados y Chief Operating Officer de la red de servicios legales en KPMG a nivel mundial

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