edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
29/12/2015
banca 
LA OREJA DE LARRAZ

El Reglamento de recuperación de entidades de crédito da un exceso de discrecionalidad a los supervisores

Javier Ardalán
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que en el Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley de recuperación y resolución de entidades de crédito se observa un posible exceso de discrecionalidad en cuanto a la modulación por supervisores y autoridad de la aplicación de la normativa a las distintas entidades y en la fijación por el FROB de las contribuciones por parte de las entidades al Fondo de Resolución en función de su perfil de riesgo.
La Comisión entiende que las autoridades nacionales deben alcanzar un equilibrio complejo entre la protección de la estabilidad del sistema financiero y la necesidad de garantizar que el régimen se aplique de forma proporcionada, adecuando las cargas administrativas impuestas a la mayor o menor incidencia que podría tener la inviabilidad de una entidad. En este sentido, los mencionados criterios de modulación se valoran positivamente.

Se estima, sin embargo, que los referidos criterios, sin un ulterior desarrollo, pueden suponer riesgo de inseguridad jurídica para las entidades así como de posible aplicación discriminatoria o no equitativa de la norma, en tanto en cuanto permiten una discrecionalidad a las autoridades.

Los criterios fijados (carácter sistémico, situación financiera, resolubilidad, estructura de pasivo, haber recibido ayudas con anterioridad) se estiman adecuados a los efectos de atenuar el riesgo moral que la propia existencia de un fondo de resolución podría implicar10, pero se echa de menos una mayor concreción.

La CNMC recomienda bien el establecimiento de una metodología en la propia norma, bien, si no se estima conveniente, habilitar al FROB para establecer una metodología uniforme de general aplicación a todas las entidades, que tome en consideración estos criterios. Y deja entrever que se podría quizá tomarse en consideración como criterio cualitativo de cuantificación del riesgo el grado de desarrollo y cumplimiento por parte de la entidad de mecanismos internos de control de riesgo.

La CNMC ha publicado su informe, que fue aprobado en el mes de septiembre pasado. La Ley y el Proyecto de Real Decreto conjuntamente articulan el sistema de recuperación y resolución de entidades de crédito y servicios de inversión y modifican el régimen del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) en línea con la normativa comunitaria.

El sistema de recuperación y resolución de entidades de crédito contribuye de una manera decisiva a la solución de diversos fallos de mercado que se han puesto de manifiesto desde el principio de la crisis financiera y que han tenido graves efectos distorsionadores de la competencia en el mercado.

Por un lado, se incluye el mecanismo de recapitalización interna o ‘bail-in’, que limita la garantía implícita del Estado a las entidades de crédito, internaliza los costes asociados a la gestión del riesgo y contribuye a un reparto de cargas más justo entre los participantes del sistema bancario y la sociedad, minimizando el uso de recursos públicos.

Por otro, la atenuación del vínculo entre el Estado y las entidades de crédito en cuanto al rating y el coste de financiación, contribuye a crear un escenario en el que las entidades puedan competir entre sí en igualdad de condiciones.

Considera que este vínculo ha tenido un efecto perverso sobre la competencia en el sector financiero en el marco de la Unión Europea durante los últimos años, perjudicando a las entidades sólidas de los países fiscalmente percibidos como más débiles y beneficiando a aquellas entidades en dificultades pero situadas en Estados percibidos como fiscalmente sanos, provocando una dinámica centro-periferia muy problemática en términos de mercado interior.

Se recomienda asimismo introducir referencias concretas a principios relacionados con el Derecho de la Competencia y con la normativa que rige la contratación pública, tales como los de publicidad y concurrencia, en la regulación de los procedimientos establecidos en la norma para solicitar la prestación de servicios en el mercado.

Sobre la valoración de entidades se establece que debe hacerse por “persona independiente”, sin indicar nada acerca del procedimiento de selección del valorador. Determina que sería conveniente incluir una referencia al sometimiento del procedimiento de selección de valoradores a los principios de publicidad y concurrencia del artículo 52.9 de la Ley 11/2015, y a la sujeción de la entidad a la Ley de Contratos y a los principios que le son propios, garantes de una adecuada competencia efectiva.

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