edición: 2578 , Viernes, 19 octubre 2018
12/05/2017

El regulador británico aplica una sanción récord a PwC tras una investigación de más de seis años

La auditora acumula desde 2012 sanciones por importe de 9,4 millones de libras y acuerdos extrajudiciales
Carlos Schwartz
“PwC y Stephen Harrison, un socio auditor retirado de PwC, han recibido una seria reprimenda y fueron multados con 5 millones de libras y 150.000 libras respectivamente por mala conducta en relación con la auditoría de las cuentas de 2009 de Connaught plc, una compañía incluida en el FTSE 250 que en 2010 cayó en un proceso concursal. A partir de una investigación del Financial Reporting Council (FRC) y un periodo de audiencia de 12 días, el Tribunal independiente, presidido por el honorable Sir Stanley Burnton, encontró faltas de conducta en relación con tres áreas  de auditoría: costes de movilización, contratos a largo plazo y activos intangibles”, reza el comunicado del regulador británico hecho público esta semana. Una fuente del sector jurídico señaló a ICNreport que llamaba la atención el carácter escueto de la nota. De acuerdo con la portavoz del regulador esta es la multa más alta aplicada jamás a un auditor en Reino Unido. El organismo afirmó que “oportunamente considerará la publicación del Informe del Tribunal”. De acuerdo con los registros del FRC esta es la tercera vez que la auditora es multada en ese país. El año pasado fue obligada a  pagar 3 millones de libras por su auditoría de Cattles, una sociedad de servicios financieros que se hundió, además de los costes de la investigación del regulador.
En 2012, el auditor recibió una severa reprimenda y fue multado con 1,4 millones de libras por una serie de informes para la Autoridad de los Servicios Financieros -el regulador financiero sustituido en 2013 por dos entidades separadas- sobre JPMorgan Securities Ltd. Los informes recopilados para el regulador omitieron señalar que la empresa de inversiones no había separado las inversiones hechas con recursos propios de las inversiones hechas con recursos de los clientes.

La resolución del FRC, que es el órgano disciplinario del registro de auditores y censores jurados ha excedido de lejos la opinión de los abogados de PwC que en la audiencia de marzo pasado sugirieron una multa de entre 2 y 2,5 millones de libras y del orden de las 50.000 libras para el auditor socio. La posición de los abogados de la empresa fue que el caso carecía de la excepcionalidad necesaria como para aplicar una multa ejemplar. La cuestión de fondo en torno a la cual se juzga la conducta de la empresa auditora y su socio consiste en la difícil situación de Connaught en 2010.

La empresa dedicada al mantenimiento de edificios de vivienda social, tras hacer una advertencia sobre sus resultados para el año, enmascaró un crédito a corto plazo por importe de 4 millones de libras al contabilizarlo como un flujo de caja operativo en los resultados trimestrales de la empresa en 2010. El crédito había sido concedido por el consejero delegado de la empresa y fue prácticamente devuelto entre el 15 de marzo y el 29 de abril de 2010. Los artífices del maquillaje financiero fueron el director financiero de la empresa y su subdirector quienes ya fueron sancionados en 2016 con una multa significativa y exclusión del registro por cinco y tres años respectivamente.

PwC argumentó en las audiencias que fue víctima de un engaño por parte de los ejecutivos de la empresa, aunque admitió que no se había esforzado lo suficiente en la recogida de evidencia sobre las cuentas de 2009 y había fallado en ejercer una posición escéptica respecto del material recibido. La resolución del regulador implica que no se ha tomado en cuenta el maquillaje de las cuentas para ocultar la transformación de un pasivo a muy corto plazo en un activo operativo como sería el flujo de caja como atenuante.

El 22 de marzo pasado en Nueva York PwC logró un acuerdo con un demandante, el administrador del fondo en quiebra MF Global, para abandonar una causa judicial que estaba virtualmente a mitad de procedimiento y a falta de la declaración del último testigo de la parte actora. El administrador reclamaba de PwC 3 millones de dólares en concepto de indemnización. El juicio pedía del tribunal que calificara dos actuaciones de la auditora: Primero, el haber aceptado un tratamiento contable que permitía a MF Global acumular una cartera de miles de millones de dólares en deuda europea sin reconocerlos en su balance y segundo el haber aceptado que su cliente mantuviera en los balances un crédito fiscal diferido en marzo de 2011 a pesar de tres años consecutivos de pérdidas.

El administrador de MF Global señala que cuando la envergadura de la cartera de bonos se hizo pública en octubre de ese mismo año los clientes y las contrapartes del fondo de inversión perdieron la confianza en la entidad y liquidaron precipitadamente sus posiciones llevando a la insolvencia al fondo. Entre sus argumentos destacó que la amortización tardía del crédito fiscal amplificó el pánico entre los inversores. Lo cierto es que para los mercados financieros PwC tuvo poco que ver con la crisis de MF Global cuyo principal ejecutivo Jon Corzine mantuvo una política temeraria respecto de la inversión en deuda pública europea en un momento de inmensa inestabilidad financiera ocultándolo a sus inversores. Hay fuentes que destacan no obstante las dos omisiones como fallos reales en la práctica contable. Se ignoran los términos económicos del acuerdo por el cual el administrador de FM Global retiró su demanda.

En agosto del año pasado PwC logró un acuerdo para finalizar un procedimiento judicial en una corte de Miami en su contra que involucraba una gran crisis bancaria estadounidense. El caso fue llevado a juicio por el administrador judicial de una sociedad de crédito hipotecario, Taylor, Bean & Whitaker (TBW) porque el auditor no logró detectar un fraude materializado entre ejecutivos de TBW y del Colonial Bank que cedía créditos a la sociedad. PwC emitió auditorías limpias a Colonial Bank durante los seis años consecutivos previos a su quiebra en 2009 cuando se descubrió que muchos de los créditos cedidos a TBW estaban garantizados por activos inexistentes. El administrador de TBW argumentaba que el auditor había sido incapaz de detectar un fraude organizado entre ejecutivos de ambas entidades por valor de varios miles de millones de dólares, y exigía como reparación por esta omisión 5.500 millones de dólares. Se ignoran los términos del acuerdo económico entre las partes.

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