edición: 2514 , Viernes, 20 julio 2018
18/12/2015

El regulador francés aplica una multa de 350 millones a Orange por abuso de posición dominante

Vodafone denuncia a KPN ante el regulador en Amsterdam
Carlos Schwartz
La Autoridad de la Competencia en Francia ha resuelto aplicar al ex monopolio de las telecomunicaciones Orange una multa de 350 millones de euros por abuso de posición dominante. De acuerdo con la resolución del regulador Orange ha mantenido una política contraria a la libre competencia con sus competidores respecto de los clientes corporativos. Durante ocho años los operadores que dependen de las infraestructuras de red móvil y fija residencial del ex monopolio estatal han denunciado la política de Orange respecto de su red fija y móvil. El regulador señala al respecto que el operador ha dificultado el acceso a la red de cobre residencial a sus competidores. Por otra parte desde 2002 ha recurrido a ofertas con fuertes descuentos a clientes corporativos con el objetivo de desalentar la migración a otros operadores en una política calificada de contraria a los principios de la libre competencia por las ventajas objetivas con las que cuenta el operador.
El operador ha anunciado que no va a recurrir la decisión y que por otra parte la multa no va a afectar sus resultados operativos. Orange ha afirmado que quiere dejar atrás el incidente y que modificará en lo que deba su política ante sus competidores. En su comunicado afirma por otra parte que: “Orange ha decidido no oponerse ni recurrir la decisión de la Autoridad de la Competencia en este asunto, que se relaciona exclusivamente con el impacto potencial de esas políticas más que con el impacto real en el mercado de las prácticas señaladas”.

El comunicado añade que: “Esto quiere decir que podremos dejar detrás nuestro este asunto que se ha arrastrado durante muchos años, eliminando cualquier posible incertidumbre alrededor de los términos de la oferta de servicio para nuestros clientes en el futuro”. Los antiguos monopolios del estado en el sector de los telecomunicaciones son los herederos de las infraestructuras de telecomunicaciones cuyo desarrollo fue financiado en el pasado con cargo a los presupuestos públicos. En la Unión Europea, al tiempo que se alentó la privatización de esas empresas de servicios públicos se impuso un ordenamiento obligando a las privatizadas a brindar servicio a los competidores con esas infraestructuras en condiciones de igualdad de acceso y tarifas mayoristas.

Sin embargo, en la mayoría de los países la posición de dominio sobre las infraestructuras por parte de estos operadores genera problemas de acceso a la red para los competidores. Francia no es una excepción. La semana pasada Vodafone demandó al ex monopolio estatal holandés KPN por prácticas contrarias a la competencia. El consejero delegado de Vodafone Vittorio Colao ya ha librado una lucha contra otros antiguos monopolios como British Telecom en Reino Unido, y Deutsche Telekom en Alemania. El ejecutivo ha acusado a los ex monopolios de intentar retornar a una situación similar a la que reinaba antes de la privatización.

Colao se ha mostrado beligerante no solo en lo que respecta al acceso a las infraestructuras sino también a los procesos de adquisiciones por parte de estas compañías que tienden a reforzar sus posición de dominio en el mercado y reducir la competencia. En Reino Unido Vodafone se ha opuesto ante el regulador a la adquisición de EE por BT, aunque la denuncia fue rechazada por esas empresas. Vodafone, una empresa que surgió como operador de telefonía móvil, padece en parte los cambios en la oferta de servicios de las empresas de telecomunicaciones que han pasado de vender el servicio de voz por red fija o móvil a ofrecer paquetes de servicios que incluyen telefonía móvil, fija, televisión y acceso a Internet por banda ancha.

Vodafone reclama a KPN 115 millones de euros por daños alegando que la empresa holandesa retrasó en tres años el lanzamiento de un servicio de Internet, televisión y servicio telefónico al no proveer la tecnología requerida para ello. El operador con sede en Reino Unido ha puesto pleitos similares contra los ex monopolios estatales en Irlanda, Italia y la República Checa. En su demanda Vodafone argumenta que la negativa a implementar la tecnología necesaria equivale a un abuso de posición dominante. De acuerdo con la demanda el retraso permitió a KPN ofrecer un servicio que competía con el que tenía previsto Vodafone lo cual impidió a esta empresa entrar en el mercado en un momento en el cual 100.000 clientes al mes migraban al nuevo servicio ofrecido por KPN.

Esta semana el regulador holandés comunicó a KPN que deberá compartir su infraestructura de red al menos durante tres años más para garantizar la competencia en el sector de las telecomunicaciones. En el caso de Orange los principales afectados por la política ahora condenada por la Autoridad de la Competencia fueron empresas como Bouygues y SFR-Numericable. Los obstáculos para el acceso a las redes dificulta a los competidores la oferta de un servicio competitivo con los niveles de calidad necesarios para atraer a los clientes.

Entre las alternativas para mejorar la oferta de servicios por parte de los operadores que han entrado al mercado tras la liberalización del sector está la adquisición de otros competidores con infraestructuras de red como es el caso de las empresas de cable de fibra óptica, sin embargo el proceso de adquisiciones es más costoso y más lento por los problemas de integración que el acceso a las redes de los grandes operadores que tienen capacidad ociosa en sus infraestructuras. Esto a su turno genera el problema de las inversiones en infraestructuras que los ex monopolios estatales deben acometer para dar cabida al tráfico de datos en las redes. Aunque en este capítulo la batalla de los operadores principales no es con las empresas de telefonía sino con las grandes plataformas de Internet.

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