edición: 2346 , Viernes, 17 noviembre 2017
07/05/2009

El regusto agridulce de la reforma concursal llega al paladar de los economistas forenses

Raimon Casanellas, presidente de Refor, cree que “la reforma no ataca los problemas de la concursalidad”
B.L.

Esperada y anhelada por todos, anunciada a bombo y platillo desde Economía. Y cuando por fin ha llegado, la reforma de la Ley Concursal aprobada el pasado 27 de marzo, lo ha hecho dejando un sabor agridulce, tanto en el sector de la abogacía como entre los profesionales de la economía. Un descontento que no sólo se debe a la gravedad de las cifras, que muestran sin ambages la difícil situación económica; los expertos reprochan también varios defectos de fondo de la reforma que impedirían la solución de varios problemas urgentes. Reflexiones varias que se hacen en el Registro de Economistas Forenses (Refor). Su presidente, Raimon Casanellas, prevé que los consursos de acreedores superarán este años los 6.000, frente a los 2.902 contabilizados el año pasado.

A la hora de hablar de insolvencias, en el primer trimestre del año, el Refor calcula que dejaron a 38.000 trabajadores afectados, un 58% más que los 24.000 empleados perjudicados en el último trimestre de 2008 (160.000 desde el inicio de la Ley Concursal, en 2004), debido al aumento en el número de empresas concursadas con un tamaño superior a 50 trabajadores. En caso de que los procesos concursales acaben en liquidación, tal y como sucede actualmente con más del 90% de las empresas en quiebra, "los trabajadores acabarán perdiendo su empleo", explicó Casanellas, que reconoció también que las indemnizaciones previstas para estos casos son sensiblemente inferiores a las de los EREs no concursales.

Desde la puesta en marcha de la Ley Concursal hasta la actualidad, los tribunales aceptaron a trámite un total de 7.463 concursos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidas por Refor.

Cuando entró en vigor la Ley Concursal, la media trimestral era de 222 concursos, en 2008 la media pasó a ser de 1.000 concursos cada tres meses y la tendencia actual va en aumento hasta superar las 1.500 quiebras declaradas el pasado trimestre.

PLAZOS DEMASIADO BREVES

Sobre la reforma concursal, Casanellas opinó que adolece de dos grandes defectos. Por una parte, la regulación actual es poco favorable a las personas físicas, ya que en caso de que tengan rendimientos, la ley no exonera de créditos como sí ocurre con las personas jurídicas. Por otro lado, el presidente de Refor se quejó de los plazos excesivamente largos que la nueva reforma no tiene visos de querer agilizar. Así, los procedimientos de reconocimiento de créditos vienen durando en España entre 7 y 9 meses, y aunque el nuevo Real Decreto 3/2009 de 27 de marzo elimina las vistas judiciales, no acorta los plazos. Estos plazos parecen todavía más largos si se comparan, como lo hizo Casanellas, con los de 3 ó 4 meses que adoptan en EE.UU para procesos similares a los que aquí llevan todo un año.

Raimon Casanellas reflexionó también acerca de la necesidad de unificar jurisprudencia, ya que la diversificación que existe hoy en día afecta a los concursos declarados culpables. “Es absurdo que varíen tanto las repercusiones dependiendo de que se presente el concurso en Madrid o Barcelona, los índices de culpabilidad difieren mucho de un sitio a otro”, afirmó.

El presidente de Refor coronó sus declaraciones con la tajante afirmación de que “la reforma no ataca los problemas reales de la concursalidad” y recomendó nuevas disposiciones específicas para las personas físicas.

Por su parte, Inés Landín, directora de Refor, recordó las declaraciones del ministro Camaño en el sentido de que se prevén nuevas disposiciones en materia concursal que faciliten la apertura al concurso voluntario. Landín expresó su deseo de que “el proyecto de ley vuelva al Parlamento antes de que finalice la crisis, porque en caso contrario ya no tendrá sentido”.

JUZGADOS ESCASOS Y SATURADOS

Raimon Casanellas expresó también su preocupación acerca de que los juzgados de lo mercantil que se están creando son muchos menos de los realmente necesarios. “Muchas de las demoras que existen hoy día, se deben a la saturación”, matizó, aunque se mostró contrario a la posibilidad de crear juzgados específicos en materia concursal. “No es bueno que todo converja en un mismo juez, es preferible que esté diversificado”, añadió a este respecto Inés Landín.

Las opiniones críticas a la reforma vertidas desde Refor se unen a las expresadas por parte de otros profesionales como el socio de Uría y Menéndez Alberto Núñez-Lagos, que afirma que  la reciente reforma "no va a quitar ni poner concursos", una opinión con la que coinciden el socio de Clifford Chance Iñigo Villoria y el socio de KPMG Abogados Gonzalo Aranzabal, que sostienen que la reforma no ha introducido ningún elemento significativo para frenar este "incremento imparable" del número de concursos.

LA CONCURSALIDAD EN CIFRAS

El sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria volvió a liderar el número de insolvencias, al registrar el 35% del total (475), de acuerdo con el INE.

Los Juzgados de lo Mercantil acogieron además 324 concursos de empresas industriales y de energía, lo que supone el 23,9% del total, en tanto que el sector del comercio acaparó el 17,8% de las insolvencias, hasta 242, con lo que aumenta así su peso, hasta ahora limitado a menos del 13%.

Por tipo de concurso, 1.470 fueron presentados de forma voluntaria en tanto que 88 fueron necesarios (instados por acreedores), lo que representa un aumento interanual del 280,8% y del 125,6%, respectivamente.
Por tipología de empresas, seis de cada diez fueron pymes, al tener un volumen de negocio inferior a dos millones de euros y ser mayoritariamente sociedades de responsabilidad limitada.

En cuanto a la distribución geográfica de las empresas y particulares insolventes, Cataluña fue la comunidad autónoma a la cabeza de las insolvencias, con un total de 373 concursos de acreedores, seguida de Valencia, con 196 concursos; Madrid, con 180 insolvencias, y Andalucía, con 173.

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