edición: 2325 , Miércoles, 18 octubre 2017
13/10/2008
Observatorio Fiscal

El rescate parcial de un ´unit linked´

Datadiar

Con la antigua Ley de IRPF (Ley 40/1998), los rendimientos derivados de percepciones de contratos de seguro de vida o invalidez recibidas en forma de capital se reducían en un 40% o 75% dependiendo de la antigüedad de las primas. En el caso de percepciones derivadas del ejercicio del derecho de rescate parcial, sólo son aplicables las reducciones señaladas a los rendimientos derivados de la primera de cada año natural. Amparándose en esta norma, y dado que este tipo de activo financiero tuvo muchas pérdidas, los bancos, en su mayoría, aconsejaron rescatar una primera cantidad ridícula, sobre la que se aplicaba el 40% de reducción y a los dos o tres días, se ordenaba el rescate del resto, no aplicándose a este último la citada retención. Ahora, la Administración está enviando liquidaciones paralelas por este concepto, aplicando la reducción a ambas cantidades. ¿Es correcto?

El art. 76 bis aparatado segundo Ley 40/1998, IRPF, establecía lo siguiente:

 “A los rendimientos derivados de las prestaciones percibidas en forma de capital, establecidas en el artículo 16.2.a.5 de esta Ley cuando las aportaciones efectuadas por los empresarios hayan sido imputadas a las personas a quienes se vinculen las prestaciones, y a los rendimientos derivados de percepciones en forma de capital de los contratos de seguro a que se refiere el artículo 23.3 de esta Ley, les resultarán de aplicación los siguientes porcentajes de reducción:

 a) El 40 %, para los rendimientos que correspondan a primas satisfechas con más de dos años de antelación a la fecha en que se perciban, y para los rendimientos derivados de prestaciones por invalidez a las que no resulte de aplicación lo previsto en el párrafo b siguiente.

 b) El 75 % para los rendimientos que correspondan a primas satisfechas con más de cinco años de antelación a la fecha en que se perciban, y para los rendimientos derivados de prestaciones por invalidez, en los términos y grados que reglamentariamente se determinen.

 Este mismo porcentaje resultará de aplicación al rendimiento total derivado de prestaciones de estos contratos que se perciban en forma de capital, cuando hayan transcurrido más de ocho años desde el pago de la primera prima, siempre que las primas satisfechas a lo largo de la duración del contrato guarden una periodicidad y regularidad suficientes, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

 c) Reglamentariamente podrán establecerse fórmulas simplificadas para la aplicación de las reducciones a las que se refieren los párrafos a y b anteriores”.

Por su parte, el art. 24.2 b) Ley 40/1998, IRPF disponía:

 “Los rendimientos derivados de percepciones de contratos de seguro de vida o invalidez recibidas en forma de capital se reducirán en los términos previstos en el artículo 76 bis de esta Ley.

 No obstante, en el caso de percepciones derivadas del ejercicio del derecho de rescate parcial, sólo serán aplicables las reducciones señaladas en el párrafo anterior a los rendimientos derivados de la primera de cada año natural”.

De una primera lectura, efectivamente en los términos que se señalan en el escrito remitido, parece ser que las reducciones previstas en el art. 76 bis LIRPF (Ley 40/1998) no sólo resultaban aplicables a las prestaciones derivadas de la extinción del contrato, sino también a los rendimientos derivados del primer rescate parcial que se produzca durante el año natural.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, hay que entenderlo en el sentido de que existe una reducción aplicable en el momento de la extinción del contrato de seguro (reducción aplicable en todo caso). Asimismo, la Ley 46/2002, de modificación de la Ley 40/1998, IRPF, amplia la posibilidad de reducción al rescate parcial, de tal forma que dicha reducción también resultará aplicable, aunque solo a la primera percepción percibida en el año natural.

A estos efectos, desde nuestro punto de vista, en el caso concreto que se nos plantea, a la percepción recibida como consecuencia del rescate parcial le resulta aplicable la reducción prevista en el art. 76 bis Ley 40/1998, IRPF. Ahora bien, la segunda percepción percibida en el año natural (aproximadamente dos o tres días después), a priori no debía ser objeto de reducción en aplicación de lo contenido en el art. 24.2 letra b) Ley 40/1998, IRPF, sin embargo esa segunda percepción se corresponde que la extinción del contrato de seguro, por lo que sí que debe ser reducida por los porcentajes del art. 76 bis Ley 40/1998, IRPF.

Cuestión distinta es que hubiera habido varios rescates parciales. En este caso, solo el primero (al ser rescate parcial) y el último (al ser extinción de contrato) tendrían derecho a aplicarse las reducciones.

En este sentido, la doctrina administrativa (consulta de la AEAT de fecha de 3 de junio de 2003), determina lo siguiente:

 “A partir del 1 de enero de 2003 se añade la posibilidad de reducir el importe obtenido por rescates parciales, aunque la reducción sólo puede aplicarse al primer capital obtenido en el año (la primera percepción de cada año natural), y es compatible con la reducción que proceda por la  prestación  definitiva,  si  esta  se  percibe  en  forma  de  capital”.

 Por su parte, la consulta vinculante de la DGT de fecha de 9 de septiembre de 2004 entiende:

 “En consecuencia, conforme a estos preceptos las reducciones aplicables a los rendimientos derivados del derecho de rescate parcial se efectuarán solamente a la primera percepción obtenida durante el año natural; al resto de percepciones que puedan ser obtenidas por el ejercicio de este derecho durante ese mismo año natural no se aplicarán ninguna reducción. No obstante, si en ese mismo año natural y con posterioridad al cobro del derecho de rescate parcial se ejerciese el derecho de rescate total, a los rendimientos correspondientes a este rescate total también se podrían aplicar las reducciones anteriores teniendo en cuenta los importes de las primas que no se han considerado con anterioridad en el rescate parcial y su antigüedad”.

Atendiendo a todo lo expuesto hasta ahora, a nuestro entender la actuación de los contribuyentes en el momento del rescate del seguro no fue correcta; sin embargo, no compartimos los argumentos que esgrime la Administración.

A estos efectos, según el art. 25 Ley 230/1963, General Tributaria (normativa aplicable al caso concreto), en los actos o negocios en los que se produzca la existencia de simulación, el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes, con independencia de las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. 

Es decir, mediante la simulación se crea una apariencia jurídica que sirve bien para encubrir la realidad (simulación absoluta), bien para poner de relieve la existencia de una realidad distinta (simulación relativa).

En el caso concreto planteado no se ha aplicado la norma correctamente, pero no se ha simulado negocio jurídico alguno, por lo que si bien creemos que la actuación de los contribuyentes pudo ser errónea, los fundamentos en los que se basa la Administración tampoco son certeros.

Equipo jurídico de DATADIAR.COM

Consultas Vinculantes

Las cantidades pagadas con motivo del arrendamiento del edificio no forman parte de la base imponible de la entrega del mismo, sino que forman parte de la base imponible del propio arrendamiento. D.G.T. C, 09-05-2008.

Se ejecutaron las obras de rehabilitación de un edificio para destinarlo a Colegio Mayor Universitario que después arrendó a una Universidad con opción de compra. Las mensualidades abonadas hasta el momento del ejercicio de la opción de compra, según el contrato de arrendamiento, así como las contribuciones al pago de las ejecuciones de obra satisfechas por la entidad arrendataria, serán descontadas del importe de la adquisición.

Puede utilizar gasóleo bonificado como carburante, una máquina de obras automotriz, que se emplea únicamente en el interior del desplazamiento de la empresa. D.G.T., 03-06-2008

El caso planteado se refiere a una máquina de obras automotriz que, por lo que se desprende de la documentación aportada por el consultante, no está provista de autorización que le permita circular por vías o terrenos públicos y no es susceptible, por su configuración objetiva, de ser autorizada para tal circulación como vehículo ordinario; en estas condiciones, a la vista del texto del apartado 2 del artículo 54 de la Ley 38/1992, esta Dirección General entiende que el motor de dicha máquina puede utilizar gasóleo bonificado como carburante.

Tribunales

Se justifica la suspensión cautelar en favor de la apariencia de buen derecho. T.S. S, 08-05-2008.

Aunque el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, acogiéndose al principio de la apariencia de buen derecho, se basó en los pronunciamientos anulatorios de esta Sala sobre Normas Forales Vascas, ha de reconocerse que la propia Sala de instancia ha planteado cuestión prejudicial interpretativa al TJCE sobre si las medidas tributarias adoptadas a las que se refiere la suspensión son contrarias al Tratado, por causa de ser susceptibles de calificarse.

Se impone la interposición de alegaciones cuando se trate de un procedimiento en primera instancia. T.S. S, 09-05-2008.

Se impone el procedimiento de interposición con alegaciones sólo cuando el recurrente haya comparecido en la reclamación en primera instancia. Cuando el recurrente en alzada no hubiera comparecido en la reclamación, el procedimiento en alzada se desdobla en dos fases: simple anuncio y posterior formulación de alegaciones.

Tribunales Económico-Administrativos

Dado que la actividad desarrollada no constituye actividad económica en los términos exigidos en la Sexta Directiva, el Estado carece de la condición de empresario o profesional a efectos de IVA. T.E.A.C. R, 28-05-2008.

El otorgamiento de licencias para el establecimiento de la red de telecomunicaciones y explotación del servicio de comunicaciones móviles de tercera generación efectuada por el Estado, que lleva aparejada la concesión de dominio público radioeléctrico, no constituye actividad económica.

No es constitutiva y admite prueba en contrario, la inscripción del cese como administrador de una entidad en el Registro Mercantil, a efectos de las actuaciones inspectoras. T..E.A.C. R, 29-05-2008.

La notificación de inicio del procedimiento inspector a quien no era el administrador de la entidad no resulta válida, pero existe otra notificación válida de inicio de las actuaciones inspectoras realizada posteriormente a la apoderada en el domicilio de ésta, ante la imposibilidad de efectuar la notificación en el domicilio fiscal de la entidad por constituir el domicilio del anterior administrador.

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