edición: 2977 , Viernes, 29 mayo 2020
16/01/2010

El retraso del Estado y las autonomías ralentiza la adaptación de los municipios a la ley de servicios

Xavier Gil Pecharromán
Todas las Administraciones deberían tener ya adaptada su normativa a la Ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicio (transposición de la directiva comunitaria de servicios) antes del 28 de diciembre de 2009, sin embargo, los ayuntamientos se encuentran aún en pleno proceso de modificación, porque muchas de estas normativas dependen de los cambios introducidos en la normativa estatal y autonómica  y éstos no deben aprobar nuevas normas contradictorias con el anteproyecto.

Según ha informado la vicepresidenta del Gobierno para asuntos económicos, Elena Salgado, la Administración General del Estado ha tramitado dos nuevas leyes ("Paraguas" y "Ómnibus") y ha modificado otras 50. Además, se están reformando 115 Reales Decretos y 17 Órdenes ministeriales deben ser adaptadas. Además, las comunidades autónomas van a modificar 185 leyes autonómicas, 477 decretos, 112 órdenes y tres resoluciones.

Las Entidades Locales tienen un papel especialmente relevante puesto que ellas son las autoridades competentes en gran parte de la normativa afectada. En la actualidad ya han analizado  detenidamente toda la normativa local y determinar si está o no afectada por el anteproyecto.

Tras una primera fase de evaluación de la normativa que se considera bajo el ámbito de aplicación para determinar qué debe modificarse para adaptarla a la Ley.  Se está procediendo a modificar el régimen de autorización; el análisis de las situaciones de silencio administrativo; las limitaciones al número de autorizaciones al tiempo o al territorio; requisitos sobre el acceso y ejercicio de actividades de servicios y la simplificación de los procedimientos y trámites administrativos.

Se eliminan aquellas autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones de interés general, o sean innecesarias para atender esos fines, sustituyéndolas  por notificaciones o declaraciones responsables. También se tienen que suprimir los requisitos que sean discriminatorios o desproporcionados para el fin que persiguen. También se  están reduciendo otras cargas administrativas como las inscripciones en registros, renovación de autorizaciones o la duplicación de trámites para la apertura de nuevos establecimientos.

Los objetivos de toda esta reforma buscan que el prestador pueda operar sin más limitaciones que las que se le imponen a cualquier otra actividad económica. El cumplimiento de requisitos que no precisan Notificación, como es el caso de la exigencia de un seguro para prestar un servicio, como por ejemplo en las agencias de viajes.

El prestador puede operar desde el momento en que notifica el cumplimiento de los requisitos necesarios para llevar a cabo la actividad y que siempre deberán estar justificados por una razón imperiosa de interés general. Se aplicará para los casos donde se considera que la actividad requiere un mayor nivel de control.

Sin embargo, en la venta ambulante callejera, los ayuntamientos podrán mantener las autorizaciones con limitaciones temporales, territoriales y sin renovación automática. Se trata de una de las excepciones más destacadas de la nueva normativa, por cuanto se desarrolla en lugares de titularidad pública y con claras limitaciones de espacio.

El Régimen de autorización previa, implica el cumplimiento de requisitos que exigen comprobación previa por parte de la autoridad competente. Su uso se considera  excepcional y en todo caso deberá ser estrictamente necesario, proporcionado y no discriminatorio.

Muy importante, es que los municipios que imponen requisitos relativos a la posesión de capital de una sociedad deberán sustituirlos por mecanismos menos restrictivos. Esta prohibición viene impuesta por la jurisprudencia comunitaria que considera  que tales requisitos no pueden justificarse por razones relativas a la protección de los acreedores, dado que se consigue el mismo objetivo con medidas menos restrictivas, que obliguen por ejemplo al prestador a obtener un aval o suscribir un seguro; o incluso, la imposición de requisitos de transparencia e información podrían considerarse suficiente para proteger a los acreedores.

Finalmente, también se está realizando la elaboración de las ventanillas únicas para  conectar los sistemas electrónicos de tramitación de cada autoridad competente, que es donde se realizarán los trámites, con el sistema de tramitación de la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios. También, se tiene que poner a disposición de los ciudadanos un centro de información sobre tramitación, para ayudar al prestador de servicios en las dudas que se le planteen.

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