edición: 2575 , Martes, 16 octubre 2018
13/05/2011

El sector eólico considera razonables los objetivos del PER pero reclama un marco regulatorio con urgencia

El sector eólico considera que el borrador del Plan de Energías Renovables 2011-2020 establece unos objetivos poco ambiciosos pero razonables, dadas las circunstancias económicas actuales. El PER mantiene el objetivo del Plan de Acción de Energías Renovables (PANER) presentado ante la Comisión Europea hace un año referente a la eólica en tierra (de 35.000 MW de potencia instalada en 2020, frente a los 20.676 MW del pasado 31 de diciembre), que reconoce como la tecnología renovable más madura y que será clave en el cumplimiento de los objetivos europeos, que son vinculantes.

No obstante, la Asociación Empresarial Eólica considera que el objetivo de eólica marina se ha rebajado de 3.000 a 750 MW, lo que supone que España no aprovechará todo su potencial offshore disponible. Si los 2.250 MW que se han restado a la eólica marina se hubiesen trasladado al objetivo de eólica terrestre, se lograría un ahorro importante para la economía española ya que, según el propio PER, el coste de generación de la eólica será en 2014 similar al del mercado eléctrico. El PER señala que esta circunstancia, que supondría que la eólica no necesitaría primas para ser competitiva, se producirá siempre y cuando el precio del mercado supere los 80 euros.

Aunque en el documento no se hace un desglose del futuro sistema de retribución por tecnologías, sí se indica que estará ligado a las horas equivalentes de generación de los parques, lo que el sector considera que disminuye los incentivos a introducir las mejoras tecnológicas necesarias para aumentar la eficiencia de las máquinas y lograr un mayor aprovechamiento del recurso eólico.

Para la AEE El borrador del PER deja abiertas muchas incógnitas, como el ritmo de crecimiento que deberá seguir el sector para cumplir los objetivos, que debe ser previamente conocido y razonable. A este respecto, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) insta al Gobierno a resolver cuanto antes la incertidumbre en el nuevo marco regulatorio que sustituirá al Real Decreto 661/2007 y que sentará las reglas a partir de 2012.

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