edición: 2612 , Lunes, 10 diciembre 2018
06/07/2009

El sector público no comulga con las auditorías externas

Un estudio del Registro de Economistas Auditores revela que sólo el 8% de los entes públicos están auditados

Beatriz Lorenzo
Alcanza un peso cada vez mayor en la economía nacional y el papel que juega como dinamizador de la economía es fundamental. El sector público y los entes que lo conforman, ya sea el gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos o los organismos semipúblicos- fundaciones, consorcios, entidades públicas empresariales-directamente ligados a ellos, gestionan importantes presupuestos y son generadores de una ingente cantidad de documentación económica y financiera. Una labor de vital importancia que en una sociedad democrática, y para tranquilidad de los contribuyentes, debería ser sometida a un control externo independiente, fiable y transparente. Un control que en España es más bien escaso a juzgar por las conclusiones del informe “Grado de utilización de la Auditoría Externa como Sistema de Control en el Sector Público” elaborado por el Registro de Economistas Auditores, del Consejo General de Colegios de Economistas (REA-CGCEE) con el apoyo de la Fundación FIASEP.

El documento es el primero de sus características  que analiza en profundidad el grado de penetración de los sistemas de auditoría externa de la información económica presentada por los organismos que componen el sector público. Las conclusiones son inquietantes y dan fe de la urgente necesidad de incrementar de forma significativa el grado de control a través de auditorías en este sector, ya que la realidad en el año 2008, es que solo el 8% del total de entidades, organismos y empresas públicas españolas, auditan anualmente sus cuentas. De este porcentaje, el 65% son estatales, el 29% autonómicas y las entidades locales sólo llegan al 5%.En consecuencia- y en esa línea se ha pronunciado el Presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, Valentí Pich- para cambiar esta situación es imprescindible llevar a cabo cambios legislativos que establezcan la obligación periódica de someter a una auditoria externa a las entidades públicas.

El estudio, que se ha realizado mediante un análisis de la información existente en el Inventario de Entes del Ministerio de Economía y Hacienda y en otros inventarios estatales, autonómicos y locales revela que sólo están auditadas 1.719 entidades de las 20.630 inventariadas. Este inventario incluye: entes de derecho público, organismos autónomos, agencias, fundaciones, consorcios, empresas públicas, universidades, concesionarias de servicios públicos, preceptores de subvenciones, y otros organismos de diversa índole.

AYUNTAMIENTOS POCO VIGILADOS

Así pues, es más que evidente la demanda de mayor exigencia en el control externo de las Cuentas Públicas que ha venido motivada por la evolución económica, política, legal y social. Por esta razón los auditores consideran deseable un cambio legislativo, como en Alemania o en el Reino Unido, que obligue a las entidades del sector público a la auditoría, ya que sólo están obligadas las entidades que tienen forma mercantil. En el caso de los ayuntamientos, se deberían realizar a partir de un determinado tamaño (por número de habitantes): una vez al año, cada dos años o una vez por mandato y se aplicaría de forma gradual.

No es la primera vez que salta a la palestra el tema de la verificación externa de los Ayuntamientos. Ya durante la pasada década, en 1994 y recién terminada otra notable crisis económica en España, un informe relativo a la Cuenta General de las Corporaciones Locales pedía obligar a los ayuntamientos de determinadas dimensiones a realizar una auditoría anual con un profesional cualificado, “como instrumento auxiliar para el control interno y la fiscalización externa“. Ya entonces se pretendía que estas auditorías se realizasen con unos criterios de coordinación y una normativa técnica acorde a las características propias de cada sector.

Muchas opiniones se han elevado a este respecto. También en 1994, Vicente Montesinos, que fue Síndico Mayor de la Comunidad Valenciana, se pronunciaba de forma tajante: ”no se puede entender que la auditoría anual de las Administraciones de cierta dimensión no sea obligatoria en España, cuando cualquier sociedad anónima de mediana dimensión tiene que someterse anualmente a la sana prueba de una auditoría de cuentas”. También el Síndico de Castilla-La Mancha, Miguel Angel Cabezas, apoyaba esta idea en Oviedo, durante las Jornadas Presupuestarias de 1998: “Si para las grandes corporaciones empresariales funciona un calendario razonable, que permite aprobar o rechazar las cuentas anuales en el mes de junio acompañadas de la opinión del auditor, resulta cada día más difícil de justificar que tenga que discutirse un presupuesto público sin haber analizado la ejecución del anterior y la situación financiera a la que ha conducido, y esto a partir de cifras debidamente avaladas por la opinión de un auditor cualificado para ello.”

A pesar de todo, existen también opiniones contrarias. Una parte de los Interventores de las Entidades Locales opinan que los auditores privados pueden actuar en el ámbito local sólo si lo hacen como coadyuvantes del órgano público de control interno (o externo) de turno.  Esta opinión ha tenido su respaldo en algunas sentencias, como la afamada STSJ (Burgos) de 18-2-1997 que declaró nulo un acuerdo municipal de contratación de un auditoría externa privada, ya que “la fiscalización externa está reservada al Tribunal de Cuentas y el control financiero interno corresponde a los funcionarios que tengan atribuidas las funciones de intervención”.

Pero la opinión mayoritaria parece ser otra. La propia Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) publicaba en 2007 una Norma Técnica sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas que regula las funciones del Jefe de Equipo, la documentación y archivo de las actuaciones, las fases del seguimiento de la auditoría y la emisión del informe, confirmando así su apoyo a la auditoría privada.

EL MODELO EUROPEO: SEGMENTADO

Las instituciones de control del sector público a nivel europeo tienen su plataforma. Se trata de EURORAI, una organización con sede en Valencia y constituida en 1992 y  cuya misión es facilitar el intercambio de experiencias y avanzar en el área común del control financiero del sector público regional y local, con el objetivo de garantizar una mejor utilización de los fondos públicos.

La organización ha publicado el manual “Las Instituciones Regionales de Control Externo del Sector Público en Europa“, un estudio comparativo que presenta una gran variedad de aspectos sobre las características de las diferentes instituciones de control de los once paises tratados: Alemania, Austria, España, Francia, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia y Suiza.

Los modelos de gestión son tan diferentes como los lugares donde se aplican: sistema federal en Alemania, Austria, Suiza y hasta cierto grado también en Rusia; descentralización territorial en Francia, Polonia y Portugal (islas de Azores y Madeira), un sistema amplio de autonomía regional en España y una larga tradición de administración local en Irlanda y los Países Bajos.

Muy particular es el caso de Reino Unido, donde tras la promulgación de la Audit Commission Act de 1998, se encomienda realizar auditoría sobre el Servicio Nacional de Salud y las Entidades Locales a través de profesionales privados colegiados. El correspondiente informe de auditoría debe ser enviado inmediatamente a la Audit Commission (AC) y anunciado en uno de los periódicos de mayor circulación local. Cualquier ciudadano puede inspeccionar el informe y hacer una copia.

Por otra parte, no siempre existen instituciones de control en cada una de las regiones de un país (caso de Rusia y de España, donde cuatro CCAA no tienen ley reguladora). Al mismo tiempo, en algunos países los órganos fiscalizadores también llevan a cabo auditorías a nivel local y no exclusivamente a nivel regional (Alemania, España, Francia).Sin embargo, hay países donde algunos órganos de control regionales no realizan una actividad de control externo ya que forman parte de la administración regional y, por tanto, solamente pueden ser considerados como órganos de control interno, como en Rusia o en Suiza.

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