edición: 2285 , Lunes, 21 agosto 2017
28/04/2010
La coyuntura se alía con los deudores; ahora tardan más en pagar

El sector público paga a 154 días y los ayuntamientos a 240

Construcción y sanidad son los proveedores más perjudicados
Las administraciones públicas tienen pagos pendientes que equivalen al 4% del PIB
Juan José González

“Como los toros o el vino, la morosidad en este país se lleva en la sangre”. La sentencia se la ‘espetó’ un constructor manchego a uno de sus proveedores de cerámica, un gallego que le reclamaba un pago que se demoraba demasiado; 230 días. Una anécdota si se compara con el caso paradigmático de la obra del Centro Internacional de Convenciones de Madrid, que dependiente de la sociedad Espacios y Congresos de la Madrid, cuyo consejero delegado es Luís Blázquez, se pagará a un plazo de poco más de 700 días, una vez se entreguen las certificaciones de obra, plazo que supera al señalado por la ley en más de 20 veces. Sin duda, un caso aislado, pues se cuentan por miles otros más largos que superan con creces al citado de Madrid. Que el sector público es mal pagador era algo sabido, como conocida la deuda actual a proveedores, estimada en algo más de 35.000 millones de euros con un plazo de pago de 154 días de media.

Pero esto no es lo peor. Si la Administración central paga a una media de 140 días, las CC AA lo hacen en poco menos. Y la administración que se sale por todos los sitios es la local. Se estima que unos 8.400 municipios tardan en hacer efectivos sus pagos una media de 238 días, y son considerados como el núcleo duro del impago local. Para estos regidores, la coyuntura puede ser una tabla de salvación, puesto que el argumento más utilizado en los últimos dos años tiene que ver con la crisis económica y financiera. Una coartada caída del cielo para dilatar los plazos de retribución, que en esta etapa se han multiplicado por dos veces.

Al igual que las alegrías, en asunto de pagos, las penas también van por barrios, en este caso, por sectores. Las empresas del sector de la construcción y la mayoría de sus auxiliares, cobran siempre más tarde. Es casi una costumbre, como si fuera una praxis establecida que cualquier obra, tras la presentación de la factura correspondiente se cobra a 240 días, algo así como un 30% más que un año antes. Compite con este sector en esta infausta carrera el sector sanitario, tanto en el área de productos consumibles, como en el de tecnologías y material auxiliar, o mobiliario de centros que, aunque con una mínima diferencia en el plazo (233 días de media) es uno de los que marcan la pauta a la hora de registrar récords.

A perro flaco todo son pulgas. Si las pymes son el principal perjudicado en este asunto, al arrastrar una de las mayores bolsas de deuda, la nueva legislación en marcha, ahora en trámite parlamentario, en el Senado, puede traducirse en unos 10.000 millones de euros adeudados a estas empresas, lo que equivale al 1% del PIB español. Pero las patronales locales no parecen tener mucha fe en que el nuevo marco regulatorio les vaya a resolver la sangría de sus cuentas, entre otros asuntos, porque coincide que es la peor coyuntura económica posible para que la Administración pague las deudas ni presentes ni mucho menos las atrasadas. En total, se estima el conjunto de las administraciones públicas tienen pendiente de pago a proveedores una cantidad equivalente al 4% del PIB.

El nuevo marco legal que parece moverse lentamente en la Cámara Alta, establece nuevos plazos que al contrario de lo que parece –y de lo que se espera de toda nueva normativa- no va a resolver muchos problemas. La reforma de la Ley morosidad establece nuevos plazos de pago que, para el sector público es de 30 días y para las empresas 60 días, además de eliminar la facultad que tienen en la actualidad las partes para fijar un plazo mayor, si bien, este punto se considera que limita la libertad y la igualdad de las partes, pudiendo darse el caso –muy habitual- de que la empresa grande siempre acaba imponiendo –por la fuerza- la liquidación a mayor plazo de las facturas.

Al final, la Administración seguirá siendo un buen cliente, cliente fijo, no porque pague sino porque encargue pedidos con regularidad, y es posible que, incluso con la nueva legislación continúe imponiendo sus condiciones, aunque en este caso ya no se trate del plazo sino del precio.

En el resto de Europa, la cultura mediterránea del ‘ya pagaremos’ –España, Italia y Francia- plantea otros problemas, y ello a pesar de que las empresas son mejor pagadoras que las administraciones, lo que no resta para que la tasa de mortalidad –bancarrota- de las pymes en Europa alcance a una de cada cuatro empresas debido a la morosidad, algo que pretende evitar la Comisión Europea con la reforma de la Directiva de pagos, aunque para esto se necesitarán varios años más.

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