edición: 3098 , Lunes, 30 noviembre 2020
01/12/2011

El sector público se acoge a las pautas “responsables”

Beatriz Lorenzo

Para el filósofo Max Weber, los distintos tipos de poder social se distinguen por el medio que se utiliza para condicionar el comportamiento de los demás: recursos económicos, fuerza, ideas o simples palabras.

En la actualidad, los intrincados y quebradizos nexos de unión entre el poder político, el económico e incluso el ideológico merecen revestirse de una pátina de transparencia y fluidez informativa capaz de prevenir las corruptelas y las malas prácticas. Así pues, mientras la empresa privada acude a las cada vez más exhaustivas directrices de los organismos internacionales- Global Compact, Global Reporting Initiative- en materia de sostenibilidad, el sector público busca también nuevos itinerarios por los que encaminar los pasos de la gestión responsable.

Y si de pautas especificas para el sector público hablamos, también la GRI ha aportado en este sentido y  ha trabajado en un suplemento de reporte sobre el sector público que ha de contener los principales indicadores sobre los que sería recomendable que las administraciones públicas informasen, un documento que en la actualidad se encuentra en fase de borrador. Se aboga de ese modo por la rendición de cuentas por parte de las administraciones públicas como garantía de confianza y lucha contra la corrupción.

SENDEROS DE ACTUACIÓN

En los últimos tiempos, han proliferado nuevas pautas de actuación para el sector público y han aflorado herramientas como el modelo de evaluación UNE 66182 impulsada por AENOR y la FEMP ( Federación Española de Municipios y Provincias) que busca llevar a cabo una evaluación integral en las administraciones locales a partir de la detección de indicadores que permiten estudiar las prácticas a nivel local en todas las áreas de gestión municipal.La norma UNE 66182 consiste en una guía metodológica que se centra en cuatro grandes áreas de desarrollo: institucional (que supone el 35% de la evaluación), económico sostenible (16%), social incluyente (30%) y ambiental sostenible (19%). El cuestionario está formado por 33 indicadores mínimos de gestión que se desglosan en 135 subindicadores distribuidos en las cuatro áreas. Pionero en la aplicación de esta metodología es el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, que ha logrado establecer un “plan de mejora” partiendo de las conclusiones obtenidas.

Para Trinidad Yera y José Ramón Pin, del IESE “para gestionar de forma eficaz la aplicación de la norma hay que crear el marco cultural adecuado, en el que todas las personas aportan algo, en el que se usan las herramientas (tecnológicas o no) adecuadas y se fomenta el flujo de mensajes en todas las direcciones. Esto ayudará a disminuir la incertidumbre, reforzar las metas de la empresa convirtiéndola en un organismo ágil, efectivo y, por tanto, más competitivo”.

GESTIÓN PÚBLICA

En este contexto, ha visto la luz recientemente el Manual de Gestión Pública Responsable, editado por la Fundación internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), que recoge las experiencias más destacadas en la materia en gobiernos locales y regionales de todo el mundo.
En el ámbito español, el manual hace un recorrido por las distintas CC.AA. Así, se reconoce a la Comunidad de Madrid por su Desarrollo tecnológico y la calidad de sus servicios, junto al Ayuntamiento de Collado Mediano (Eficiencia energética) y al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (Mercado ecológico). En Castilla y León aparece al Ayuntamiento de Ponferrada (Transparencia informativa) y en Cataluña al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés (Gestión del liderazgo), la Generalitat de Catalunya (Cadena de suministro), el Ayuntamiento de Barcelona (Estrategia de acción social, movilidad -bicing-), y la Diputación de Barcelona (Información sobre sostenibilidad, seguridad de la información y privacidad de datos personales).

Además, el Ayuntamiento de Cuenca ha sido distinguido por su gestión de residuos, el Ayuntamiento de Granada por el Fortalecimiento institucional en países en vías de desarrollo, el Ayuntamiento de Córdoba por su Inclusión social, la Junta de Andalucía, la Consejería de Justicia y Administración Pública por la Integración de personas con minusvalía, el Ayuntamiento del Puerto de Santa María por su Buen gobierno y ética y la Diputación Provincial de Granada por su Gestión económica, recaudación y sostenibilidad económica. Por Asturias se distingue al Ayuntamiento de Gijón (Evaluación del desempeño-empleo y accesibilidad-infraestruturas), y el Ayuntamiento de Avilés (Información sobre gestión económica). En Castilla-La Mancha se reconocerá al Ayuntamiento de Cuenca (Gestión de residuos)

Por Galicia figura la Xunta de Galicia (Transparencia informativa trámites administrativos); por La Rioja, el Gobierno de la Rioja (Elaboración de normas y disposiciones); en Murcia, será premiado el Gobierno de Murcia (Buen gobierno y ética); por Navarra, el Gobierno foral (Buen gobierno y ética, creación de empleo), el Ayuntamiento de Tudela (Conciliación vida laboral y familiar), así como el Ayuntamiento de Pamplona (Contratos públicos a colectivos más desfavorecidos).

En el País Vasco figuran el Gobierno Vasco (Participación ciudadana, gestión de la cadena de suministro en Hacienda y Administración Pública, información sobre procesos de contratación, Eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios, Buen gobierno y ética) y la Osakidetza (Formación, buen gobierno y ética), además de los Ayuntamientos de Vitoria, Getxo Baracaldo e Irún. Por la Comunidad Valenciana figura la Generalitat Valenciana (Colaboración Público-Privada), el Ayuntamiento de Palmera(Accesibilidad), el Ayuntamiento de Elche (Información sobre participación ciudadana) y el Ayuntamiento de Castellón (Buen gobierno y ética).

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