edición: 2597 , Viernes, 16 noviembre 2018
26/05/2010

El sistema de financiación de los municipios se cae de la agenda del Gobierno para 2011

Javier Ardalán
Es una auténtica mecha en el incendiado panorama municipal. Los ayuntamientos, cabildos  y diputaciones no tendrán nuevo sistema de financiación en 2011, tal y como se había comprometido el Gobierno, tras aplazarlo el año pasado, a pesar de que el propio Ejecutivo  había propuesto la convocatoria de una mesa de negociación paralela a la que negoció el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas.

El Gobierno tenía hasta ahora el compromiso de presentar antes de julio a la Cámara Baja el texto de la primera normativa para que entrase en vigor en enero de 2011 y el modelo de financiación antes de que celebrasen las elecciones municipales.

El retraso lo escenificaron, por primera vez, ayer por la mañana los diputados socialistas en la Comisión de Política Territorial. Se votaba una proposición no de ley del PP en la que se instaba al Gobierno a remitir a la Cámara para su tramitación parlamentaria urgente los proyectos de ley de Gobierno local y de reforma del sistema de financiación de los municipios. Aunque la enmienda ha salido adelante, la sorpresa ha sido la negativa de los representantes del PSOE a apoyarla hasta que las circunstancias económicas lo permitan.

Hasta ahora, la formación socialista se había mostrado de acuerdo con todas las mociones planteadas sobre la presentación de estas normas en las fechas comprometidas, algunas de ellas planteadas también por el PP.

La eliminación de la agenda sobre el nuevo sistema de financiación de los municipios deberá ser digerido por las corporaciones locales, que ayer hicieron anunciar al Gobierno la rectificación del decreto de medidas publicado en el BOE y que hoy debe ser convalidado en el Congreso. De esta forma, se retrasa la prohibición de solicitar créditos hasta enero de 2011, según anunció ayer el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro.

Aunque la ministra de Economía lo revistió ayer de cor5rección de un error en el texto publicado en el BOE, lo cierto es que muchos alcaldes socialistas han mostrado su indignación y bastantes de ellos llegaron a amenaza con no presentarse a las próximas elecciones si no se rectificaba la medida.

Para colmo, el miedo se tuvo que asentar  en las cabezas de Zapatero y sus vicepresidentes, cuando todas las formaciones votaron ayer, también en el Congreso, a favor de una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a actualizar las pensiones en 2011, en contra de las medidas adoptadas por el Gobierno. En total fueron 176 votos a favor frente a 164, tan solo 24 horas antes de las votaciones de ratificación del Real Decreto-Ley. El Gobierno sintió ayer la soledad parlamentaria que tanto echó en cara al Gobierno de Aznar hace dos legislaturas.

En definitiva, que los municipios van a buscar financiación para impulsar obras, que una vez iniciadas se mantendrán durante 2011, tal y como había recomendado el propio Pedro Castro hace ya algunos meses. Los alcaldes de los grupos de la oposición anunciaron en el seno de la Comisión Ejecutiva de la FEMP su decidida voluntad de lograr que se levante también la prohibición de endeudamiento para 2011. Se consiga o no este nuevo reto, el coste va a ser muy alto a la hora de combatir el déficit de las Administraciones Públicas, puesto que este endeudamiento tendrá que ajustarse al 3% antes de 2014, tal y como exige la Unión Europea.

Los municipios, sin embargo, no se han opuesto absolutamente a las medidas de contención  y también han realizado su puesta en escena al sumarse a los colectivos de funcionarios en el recorte de un 5% de media de sus salarios. La propuesta de la FEMP, no obstante, tiene carácter voluntario.

A pesar de todo, las comunidades autónomas y las corporaciones locales tendrán que reducir sus  dimensiones, porque  la Administración se ha sobredimensionando durante toda la etapa de auge económico y ahora es imposible mantener semejante nivel de gastos.

La otra gran batalla para Zapatero, por tanto, le llegará de la mano de las comunidades autónomas, que tienen que recortar drásticamente sus gastos corrientes y destinar el dinero suficiente a los ayuntamientos para que puedan seguir prestando sus servicios, máxime cuando muchos de ellos están quebrados técnicamente.

La operación no va a ser fácil tampoco. Ayer la Comunidad canaria fue un buen ejemplo de ello. Mientras su vicepresidente, José Manuel Soria, anunciaba un recorte de  consejerías, que supondría un ahorro de 1.069 millones, su presidente Paulino Rivero, que es del mismo partido nacionalista canario, le desmentía y decía que no era partidario de "medidas de cara a la galería". Para colmo, el secretario de los socialistas canarios denunciaba la falta de medidas de ahorro desde ahora mismo. Todo un galimatías que no ha hecho más que empezar.

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