edición: 2559 , Viernes, 21 septiembre 2018
19/06/2009
OBSERVATORIO DE ECONOMÍA

El sistema de pensiones: propuesta para una reforma necesaria

CÍRCULO DE EMPRESARIOS
El Círculo de Empresarios presentaba hace ahora más de diez años una propuesta para la transición de nuestro sistema de pensiones hacia un esquema de capitalización. No cabe duda de que, desde entonces, se han producido cambios relevantes. En el plano económico, España ha experimentado, hasta hace unos meses, el periodo más prolongado de crecimiento sostenido de la historia reciente. Asimismo, hemos asistido al inesperado impulso demográfico que la intensa inmigración ha alimentado. De la mano de ambos fenómenos, el aumento de la demanda y de la oferta de trabajo ha hecho posible un excelente comportamiento del número de cotizantes a la Seguridad Social, propiciando su superávit y la acumulación de un cuantioso Fondo de Reserva.

La conjunción de estos elementos ha hecho que no se cumplan las proyecciones a corto plazo que se hicieron una década atrás acerca de la situación de la Seguridad Social. Ahora bien, los problemas a largo plazo que entonces se preveían mantienen hoy toda su vigencia como proyecciones razonables para las próximas décadas. En concreto, el envejecimiento de la población es un proceso imparable que se manifestará en España con mayor intensidad que en los países de nuestro entorno. Esto añadirá una presión creciente sobre el sistema de pensiones: aumentarán de manera continua las tasas de dependencia, incrementándose el porcentaje de población pensionista y reduciéndose el de población en edad de trabajar (y de cotizar). Incluso los inmigrantes llegados a España, que en años recientes han dado un respiro a la demografía española, se sumarán a esa presión por su concentración en las cohortes de edad más amplias de nuestra población, que son las que precisamente se jubilarán en 30 ó 40 años.

Hay que tener en cuenta, además, que la bonanza económica que permitió la mejoría de las cuentas de la Seguridad Social ha llegado a su fin. La economía española, inmersa en una importante recesión, destruye empleo a un ritmo sin parangón en Europa o entre los países desarrollados. Sólo en el último año se ha reducido en casi un 7% el número de afiliados a la Seguridad Social en alta laboral. Las previsiones al respecto son bastante pesimistas, tanto que diferentes organismos cifran en el 20% la tasa de paro española en 2010. Urge adoptar reformas estructurales que permitan a la economía española salir fortalecida del profundo ajuste que está padeciendo a causa de los desequilibrios acumulados durante años.

Esas reformas, que hagan de la española una economía competitiva, próspera y generadora de empleo, son también necesarias para dotar de mayor fortaleza al sistema de pensiones. En este sentido, se antojan especialmente relevantes aquellas que más impulsen el empleo y la productividad, entre las que pueden destacarse tres ámbitos ya tratados por el Círculo en varias publicaciones: la mejora del sistema educativo, la flexibilización del mercado laboral y el impulso a las medidas de conciliación entre la vida personal y la laboral.

Eso no bastará ante la magnitud del desafío demográfico. La solidez financiera del sistema de pensiones pasa por la puesta en marcha de reformas del propio sistema. Esto, a su vez, requiere previamente de un debate amplio, serio y pausado sobre la situación actual del sistema de pensiones y las medidas que podrían y deberían tomarse. El actual es un momento muy propicio, ya que nos encontramos en pleno proceso de evaluación del Pacto de Toledo, oportunidad excelente para buscar el mayor consenso político y social posible en la aplicación de soluciones eficaces a los problemas de las pensiones. Conviene que la sociedad española adquiera conciencia de la dimensión de esos problemas y de la importancia que la responsabilidad personal tiene en las decisiones de ahorro previsión, llevando el debate más allá de los límites que ha venido imponiendo el propio Pacto de Toledo. Todos debemos saber que el sistema de pensiones no podrá responder, en su actual configuración, a los desafíos que se le presentan en el medio y largo plazo, de modo que, en ausencia de reformas, asistiremos a un endurecimiento de las condiciones de cotización o a una reducción de la cuantía de las pensiones.

La propuesta que aquí se presenta, partiendo de esas consideraciones, reafirma la posición que el Círculo de Empresarios ha expresado en varias ocasiones: nuestro sistema de pensiones debe desarrollar esquemas de capitalización, hoy limitados a un papel meramente testimonial. La fórmula para hacerlo puede ser la constitución de un sistema mixto, con una parte de capitalización y otra de reparto, basado en tres soportes, en consonancia con la experiencia de diversos países. Un sistema que responda a la justicia y a la libertad individual, y que, sobre esos sólidos cimientos, sea capaz de evolucionar de una forma fluida hacia un sistema de capitalización cada vez más avanzado quedando el de reparto, como muy bien se ve en el gráfico, para garantizar un nivel mínimo.

Esos tres soportes serían los siguientes. Los dos primeros surgirían del desdoblamiento del actual sistema público de reparto. El primer soporte estaría orientado a garantizar un nivel de vida mínimo con unas pensiones básicas. Su funcionamiento sería el de un sistema público de pensiones de reparto, complementado con las pensiones no contributivas. El segundo soporte sería un sistema de capitalización obligatorio al que contribuirían empleadores y trabajadores en el caso de aquellos empleados con ingresos por encima de un nivel determinado. El objetivo sería acercar la pensión al nivel de vida de que disfrutaba la persona durante su vida activa. El tercer soporte correspondería al actual sistema de aportaciones voluntarias a planes y fondos de pensiones. Se trataría de impulsarlo mediante un tratamiento fiscal incentivador, con el objetivo de generar un complemento a sus pensiones por parte de quienes quisieran realizar este ahorro.

Asimismo, la parte de reparto requeriría modificaciones, con respecto a su funcionamiento actual, encaminadas a fortalecerla financieramente. Convendría introducir incentivos para la prolongación de la vida activa, además de nuevas fórmulas para el cálculo de la base reguladora que tuvieran en cuenta una mayor parte de la vida laboral del individuo. Por otra parte, cabría estudiar el establecimiento de cuentas nocionales que llevaran al sistema desde sus actuales características de prestación definida a otras de aportación definida. Esta reforma, tal como se plantea, persigue la consecución de cinco principios básicos:

• Promover la responsabilidad personal como elemento básico que garantice unas prestaciones suficientes en el periodo de jubilación.
• Un sistema que garantice la libertad y la justicia. Un sistema de pensiones, además de en la libertad individual, debe basarse en principios de justicia. Justicia en la carga que soportan las distintas generaciones y justicia en la protección que ofrece a los desfavorecidos. El sistema ha de aspirar a un equilibrio entre ambos conceptos: libertad para que cada persona tome las decisiones que afectarán a su futuro a través de su capacidad actual de ahorro, atendiendo a aquellas personas cuya capacidad es muy limitada o inexistente.
• Un sistema simple, entendible por todos, que clarifique el papel que deben desempeñar tanto el Estado, como las empresas y los trabajadores.
• Que sea financiable y no tenga efectos macroeconómicos perversos.
• Que sea sostenible, que no suponga una pesada hipoteca para nuestro futuro y que se sustente en un consenso social amplio y duradero en el tiempo.

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