edición: 2764 , Viernes, 19 julio 2019
22/05/2009
OBSERVATORIO DE ECONOMIA

El sistema judicial y la calidad institucional

CIRCULO DE EMPRESARIOS
El sistema judicial se erige en una de las más importantes instituciones de cualquier país. Desde el punto de vista estrictamente económico, es clave para el desarrollo y el crecimiento pues de él dependen tanto la definición y defensa de los derechos de propiedad, como el cumplimiento efectivo de los contratos y del conjunto de normas y leyes que rigen la actividad económica. En la medida en que el sistema judicial de un país cumpla sus funciones de manera eficaz, ágil y eficiente, generará la confianza necesaria para el buen funcionamiento de las instituciones del mercado.

España adolece de ineficiencias en su sistema judicial que, en última instancia, repercuten negativamente sobre el desarrollo económico y la estabilidad social. El Círculo ya se pronunció sobre esta materia en 2003 en la publicación que tituló Justicia, Economía y Sociedad. Seis años después todavía siguen latentes algunos de los problemas que allí se expusieron y para el que se plantearon distintas reformas.

Por ejemplo, la eficiencia del sistema judicial español en el cumplimiento de los contratos es reducida. Conforme a los datos publicados por el Banco Mundial (2007), la resolución judicial de disputas sobre transacciones comerciales requiere en España más pasos o procedimientos, así como más tiempo, que en la media de la OCDE. En concreto, si en España se precisan 39 procedimientos y 515 días, la media de la OCDE se sitúa en 31,3 pasos y 443,3 días.

Pablo Iglesias y Xosé Carlos Arias en su artículo El sistema judicial español: una revisión de los principales problemas de la oferta y demanda de tutela judicial, publicado en 2007 en el número 47 de la revista Presupuesto y Gasto Público, señalan que son varios los problemas de los órganos judiciales que terminan perjudicando al derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, al conjunto de la economía. Destacan, en concreto, los siguientes:

• Baja eficiencia del sistema judicial: la eficiencia del sistema judicial será mayor cuanto mayor sea la tasa de resolución y menores sean las tasas de pendencia y de congestión. Según el análisis que hacen Jorge Padilla, Vanesa Llorens, Soledad Pereiras y Nadie Watson en el estudio Eficiencia judicial y eficiencia económica: el mercado crediticio español publicado en el Libro Marrón “La Administración Pública que España necesita”, por el Círculo de Empresarios en el año 2007, la evolución de esos ratios entre 1995 y 2005 sugiere una ligera mejoría de la justicia española en términos de eficiencia (las tasas de pendencia y congestión se han reducido y la de resolución se ha mantenido). En cualquier caso, esas tasas presentan valores elevados que han de interpretarse de manera negativa pues la falta de eficiencia conlleva incertidumbre acerca de cuándo se obtendrá la resolución.

• Insuficiente avance de la calidad de las resoluciones: El incremento de la eficiencia del nivel resolutivo en el periodo 1995-2005 se ve acompañado por un deterioro de la calidad de las resoluciones judiciales cuantificable en dos indicadores diferentes: la relación entre autos y sentencias, y la tasa de revocación.

Los autos pueden considerarse resoluciones de menor calidad porque no resuelven el fondo de la cuestión, mientras que las sentencias sí lo hacen. Los datos del sistema judicial español apuntan a un claro empeoramiento en esta dimensión, ya que el ratio de autos sobre sentencias aumentó en un 293% durante el periodo 1999-2005, según argumentan los autores del artículo del Libro Marrón mencionado en el punto anterior.

Por otro lado, existe un alto porcentaje de revocaciones y anulaciones que, además, viene creciendo desde 1999, como se señala en el mismo artículo del Libro Marrón. Las tasas de sentencia se encuentran en España en valores bajos, dato preocupante por varias razones. Tanto las revocaciones como las anulaciones suponen, para la parte perjudicada, la pérdida de recursos invertidos. Más grave, sin embargo, es que el elevado número de este tipo de actos resta credibilidad al sistema, además de elevar la carga de trabajo en los tribunales y, por tanto, la congestión de los mismos, ya alta de por sí.

• La deficiente ejecución de las resoluciones: El nivel ejecutorio es la fase del procedimiento judicial en la que se ha de cumplir lo establecido o resuelto en la sentencia. Así, es importante analizar no sólo la eficiencia en la resolución de los asuntos, sino también en la ejecución de las resoluciones. Para evaluar y medir la eficacia de las ejecuciones judiciales, pueden definirse y cuantificarse las correspondientes tasas de resolución, pendencia y congestión ejecutoria. Los autores del Libro Marrón antes citado, realizan precisamente ese ejercicio y sus resultados son concluyentes: entre 2000 y 2005, la evolución de esas tres tasas sugiere un deterioro sustancial de la eficacia en la ejecución de resoluciones judiciales a escala nacional.

Estas deficiencias en el nivel ejecutorio de las resoluciones judiciales suponen un claro menoscabo en el buen funcionamiento del sistema económico. En concreto, el sistema lanza una señal en forma de incentivo para reiterar una conducta que, declarada incorrecta, no ha recibido una sanción o castigo adecuado. En palabras de Pablo Iglesias y Xosé Carlos Arias, en su estudio destacado al principio de este artículo, “los derechos de propiedad serán menos respetados en tanto que los beneficios derivados de su vulneración excederán a los derivados de su respeto conforme a un derecho, que si bien es objeto de reconocimiento, no obliga. El coste de incumplimiento se extiende, de esta manera, a toda la sociedad”.

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