edición: 2360 , Viernes, 8 diciembre 2017
26/01/2009
Cuantías y criterios claros y precisos
FG es uno de los ejecutivos que tendrá que dar amplias explicaciones sobre su remuneración

El sistema retributivo de los altos ejecutivos, a las próximas juntas de accionistas

Amplio debate en las grandes empresas sobre la necesidad de cambiar sus estatutos con urgencia
Javier Ardalán

Menuda tienen organizada las empresas cotizadas con las sentencias de 12 de noviembre de 2008, que impiden a las juntas generales de las sociedades que puedan complementar los gastos en que pueden incurrir sus consejeros a efectos de poder deducirlos después en las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades. Estas sentencias establecen que la remuneración de los miembros del consejo de administración debe estar fijada, en todo caso y sin excepción alguna, en los estatutos de la sociedad, tal y como regula el artículo 13 de la Ley de Impuesto de Sociedades. Pero dan un paso más y consideran que la junta general órgano soberano de toda sociedad, no tiene capacidad para cambiar la remuneración y, de hacerlo, serán declarados gastos no necesarios y, por tanto, no deducibles.

El Supremo afirma que los estatutos deben fijar con certeza el sistema retributivo. Sin ningún margen de discrecionalidad. Si el sistema es variable no basta establecer un límite máximo, sino el porcentaje que corresponda. En la actualidad, el límite máximo establecido es del 10%. de los beneficios. Si es asignación fija no basta que se prevea su existencia, sino que debe determinar el quantum o los criterios que sirvan para su fijación. De esta forma, la sentencia pretende evitar que las empresas incluyan retribuciones excesivamente altas como gastos deducibles. Un apoyo a la Agencia Tributaria, sin duda alguna. El artículo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas establece que la retribución de los administradores debe ser fijada en los estatutos.

Sobre este asunto, en el texto se hace referencia a otra sentencia de esta misma Sala, de 17 de octubre de 2006, que establece que “la retribución de los administradores debe ser fijada, en su caso, por los estatutos, por lo que si omiten toda referencia a la retribución ha de entenderse que el cargo es gratuito, línea que se consagra en el artículo 66.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1995”; esta doctrina se ha vuelto a reiterar en otra sentencia más, de la propia Sala,  de 6 de febrero de 2008.

Estas sentencias vienen a rebatir la doctrina mantenida hasta ahora por la Audiencia Nacional, lo que ha sentado bastante mal entre los diversos magistrados, que consideraban la posibilidad de que el tratamiento de las retribuciones de los administradores fuese más flexible, dada la universalidad de la junta general.

Fundamentalmente, la discusión se viene a centrar en la interpretación que se le da al artículo 13 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. El Supremo considera en las citadas sentencias que al referirse al órgano correspondiente, la ley no estaba pensando en las sociedades anónimas, que quedan fuera de esta posibilidad.

El nuevo sistema aporta una enorme rigidez al sistema, ya que cada vez que se quiera efectuar un cambio en las remuneraciones, tanto para subirlas como para bajarlas en estos tiempos de crisis, será necesario convocar una junta extraordinaria para modificar los estatutos. Por el contrario, el Supremo estima que dará mayor seguridad a los accionistas, puesto que dotarán de mayor transparencia al sistema, cosa que es difícil de imaginar.

Esta nueva doctrina jurídica, sin embargo, no afectará a las sociedades que tengan un administrador único o un administrador y un par de socios. Considera el Tribunal Supremo a este respecto, en una sentencia de 31 de octubre de 2008, que en estos casos, la relación entre los socios o con el directivo no permite que haya sorpresas o desconocimiento en las retribuciones económicas que se hayan acordado.

También insiste, en otra sentencia, esta  de 29 de mayo de 2008, que “el que los socios fueran sólo dos, el demandante y el administrador demandado, convierte en difícil de imaginar un desconocimiento de los detalles importantes de la gestión social que ha dirigido el segundo, entre ellos el relativo a la política de retribuciones”.

La nueva doctrina ha abierto un amplio debate sobre la cuestión y, más que con seguridad, obligará a trabajar en los próximos meses a las asesorías jurídicas de las grandes empresas y a plantearse la necesidad de convocar juntas extraordinarias. La otra solución será recurrir a los manidos informes a sociedades externas, que de siempre han servido para pagar este tipo de aportaciones. Pero esta es ya otra historia, que roza la legalidad cuando no la infringe.

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