edición: 2510 , Lunes, 16 julio 2018
15/10/2014
LA OREJA DE LARRAZ

El Supremo admite que Hacienda pueda corregir sus errores y volver a liquidar

Javier Ardalán

El Tribunal Supremo no admite la doctrina judicial conocida como del ‘tiro único’ de Hacienda, lo que supone que la Agencia Tributaria tendrá una segunda oportunidad para cobrar un tributo en litigio en cuyo cobro haya cometido algún defecto de forma que en la actualidad le impedía reclamar. Esta doctrina, conocida como ‘del tiro único’, apoyada por la Audiencia Nacional y algunos Tribunales Superiores de Justicia, establecía que Hacienda tiene una única oportunidad para dictar una liquidación sin errores de forma, puesto que si por dichos motivos es anulada, ya no podrá dictar una nueva.

Así, establece que ello debe ser así siempre que la seguridad jurídica quede salvaguardada mediante el respeto de los plazos de prescripción y las garantías de defensa del contribuyente sean debidamente satisfechas.

El ponente, el magistrado Joaquín Huelin, determina que no se trata de que la Administración corrija sus actos viciados de defectos materiales hasta “acertar”, sino de que, depurado el ordenamiento jurídico mediante la expulsión del acto viciado, Hacienda, en aras del interés general ejerza la potestad que el legislador le ha atribuido si se dan las condiciones que el propio ordenamiento jurídico prevé para ello, con plenas garantías de defensa del contribuyente.

Ya hace dos años, el Tribunal Supremo en sentencia de 19 de noviembre de 2012, dio un importante paso para acabar con esta doctrina en los casos en los que una liquidación haya sido judicialmente anulada, y ello con independencia de si la anulación lo haya sido por defecto de forma o de fondo, siempre y cuando el derecho a practicar la liquidación no hubiera prescrito.

Es decir, no se cuestionaba si ante una liquidación que adolece de un defecto formal puede el Tribunal de Contencioso Administrativo ordenar la retroacción de actuaciones previa subsanación del defecto formal, sino que la Administración puede reabrir el expediente, una vez anulada la liquidación por defecto formal o de fondo, y dictar una nueva liquidación, siempre dentro del plazo de prescripción.

En la  sentencia de 29 de septiembre de 2014, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo  establece que, cuando una liquidación tributaria sea anulada por incurrir en defectos de fondo, materiales o sustantivos, la Administración puede liquidar de nuevo, siempre que su potestad no haya prescrito y no se retrotraigan las actuaciones.

No obstante, la sentencia concluye que “con independencia de la prescripción del derecho a determinar la deuda tributaria, la facultad de la Administración de liquidar de nuevo no es absoluta, pues este Tribunal Supremo viene negando todo efecto a la liquidación que incurre de nuevo en el mismo error”.

Huelin considera que “no compartimos las posiciones que conducen a interpretar que la Administración está obligada a acertar siempre, de modo que si se equivoca (por mínimo que sea el yerro) pierde la posibilidad de liquidar el tributo, aun cuando su potestad siga viva, porque carecen de sustento normativo que las avale, tanto ordinario como constitucional”.  Y añade, que dicho principio constitucional no conlleva la prohibición de que, ejercitada una potestad administrativa y anulado el acto a través del que se manifiesta, dicha potestad no pueda ejercitarse ya.

El Supremo determina así el criterio a seguir en estas situaciones unificando doctrina tras la contradicción que se dio entre sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre este asunto. Además, dice el ponente que lo contrario sería opuesto al principio de eficacia administrativa contemplado en el artículo 130.1 de la Constitución y al logro de un sistema tributario justo en el que cada cual ha de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica (artículo 31.1).

El texto descarta, además, que quepa hablar de “privilegio exorbitante” de Hacienda, pues “no se le otorga una ventaja injustificada, sino una habilitación para hacer cumplir el mandato que el constituyente incorporó en los artículos 31.1 y 103.1 de la Constitución”.

La sentencia cuenta con dos votos particulares de tres magistrados (Emilio Frías, Juan Gonzalo  Martínez Micó y Manuel Garzón) de los siete que componen la Sala del Alto Tribunal. Frías y Martínez Micó defienden que mantener el criterio de no interrupción de la prescripción implica que Hacienda siempre tiene plazo para volver a liquidar, aunque haya transcurrido el de cuatro años, porque como se impugnó la liquidación, aunque la reclamación hubiera tenido éxito, la Administración puede volver a actuar al haberse interrumpido la prescripción con el recurso.

Por su parte, Garzón Herrero sostiene que “cuando el cambio se produce en elementos esenciales, identificativos, de la obligación inicial, la interrupción de la prescripción efectuada sobre la prescripción de la obligación inicial no puede operar sobre la obligación modificada. Y ello por la elemental consideración de que la obligación segunda, al afectar a un elemento esencial de la primera, es una obligación distinta de aquélla.

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