edición: 2362 , Martes, 12 diciembre 2017
17/01/2011

El Supremo cambia el plazo que la Administración puede exigir a quienes cobran y reinvierten un fondo para que devuelvan el subsidio de paro

Xavier Gil Pecharromán
La Administración sólo puede suspender el subsidio de paro a una persona que obtiene unos ingresos esporádicos que luego vuelve a invertir, durante el periodo en que se dispone de la renta y no durante el año completo en que se realizó la operación. De esta forma, el Tribunal Supremo, en una sentencia de 28 de diciembre de 2010, cambia su doctrina jurisprudencial, y establece que sólo se produce la extinción del subsidio cuando la superación del límite legal afecta a un periodo de doce meses continuados y no cuando las rentas corresponden a un único pago percibido en un mes concreto. En este caso, la reclamante era perceptora del subsidio de desempleo para mayores de 52 años y había vendido el fondo de inversión del que era cotitular, percibiendo una ganancia de 7.518,50  de euros, que le fueron abonados y  los volvió a reinvertir la misma cantidad a una imposición a plazo fijo.

El Servicio Público de Empleo Estatal dictó resolución extinguiendo el subsidio y declarando indebidamente percibido el importe de la prestación del periodo entre la percepción del fondo y la fecha de extinción.

Tanto la sentencia de instancia como la Sala de suplicación confirmaron el criterio de la Entidad
Gestora entendiendo que la beneficiaria había superado el límite de ingresos en 2006 y al no tratarse, al parecer de la Sala de Madrid, de un supuesto de los incluidos en el art. 219.2 Ley General de la Seguridad Social (LGSS) que prevé la suspensión para el caso de percepción de rentas superiores por tiempo inferior a doce meses, sino que lo que se percibe de una sola vez se computa anualmente.

El recurso de la actora aporta como sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de 20 de enero de 2009. En el caso allí enjuiciado se trataba de quien, siendo beneficiario del subsidio de desempleo, vio igualmente extinguida la prestación por haber percibido rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional con obligación de reintegro de lo percibido. En aquel caso se trataba de ganancias generadas por la venta de un inmueble, obteniendo las rentas en el mes en que la venta se produjo.

La ponente, la magistrada Arastey Sahun, considera que el derecho al subsidio tiene una naturaleza dinámica, pues el art. 215.3.1 LGSS vincula su mantenimiento, no solo a la concurrencia de los requisitos de carencia de rentas en el momento del hecho causante sino la persistencia de tal situación durante el tiempo que dure su percepción.

La sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2003, dictada por el Pleno de la Sala de lo Laboral, "del tenor del precepto se deduce con claridad que la circunstancia de carencia de rentas (y lo mismo habría que decir de la tenencia de responsabilidades familiares) es exigible en todo el tiempo que dura la prestación; lo que obliga a la entidad gestora a determinar, ante eventuales modificaciones de dichas circunstancias, si la entidad de las mismas afecta de una u otra manera al derecho reconocido ".

En aquella sentencia se trataba de determinar la incidencia en el requisito de rentas obtenidas por el trabajo del marido de la beneficiaria, en un supuesto anterior a la modificación operada en 2002. La Sala se decantó entonces por efectuar el computo anual, recordando que "...la unidad temporal de cómputo del requisito de carencia de rentas el precepto legal no contiene una previsión clara ". Pero recordaba que, especialmente a partir de la sentencia de 17 de junio de 1998, tal período de tiempo debe ser el año, descartando "que el cómputo deba efectuarse mensualmente, a pesar de que la interpretación literal del artículo 215.1 de la LGSS permitiría esta solución, y se descartan también el cómputo en unidades temporales más reducidas o el cómputo continuo día a día .

Ahora bien, la magistrada considera que tras la reforma de la Ley 45/2002, el art. 219.2 LGSS determina cuáles hayan de ser las consecuencias de la falta de concurrencia de aquella situación económica determinante del derecho mismo y distingue dos efectos distintos, según se deje reunir el requisito de carencia de rentas por tiempo inferior o igual o superior a doce meses. De este modo, la obtención de rentas superiores al mínimo legal por un tiempo que no alcancen los doce meses, provocará la suspensión del subsidio, que podrá reanudarse en el momento que se acredite de nuevo la carencia. Por el contrario, el mantenimiento de esa  situación por tiempo superior, extingue el subsidio.

El cambio incide en el sistema de cómputo, como entendió la sentencia del Supremo de 8 de febrero de 2006  que afirmaba que "se han alterado de manera sustancial los presupuestos legales que sustentaban la doctrina jurisprudencial del cómputo anual de las rentas familiares. En la nueva regulación el legislador establece a cargo de la entidad gestora un control o seguimiento constante de las situaciones de necesidad que dan lugar a la percepción del subsidio, permitiendo a cambio que los asegurados recuperen inmediatamente el derecho al subsidio cuando se reproduce la situación de necesidad tras la desaparición de la percepción de rentas esporádicas.

Por todo ello, la sentencia afirma que la finalidad de la reforma legal en el aspecto al que se refiere el litigio es ajustar o acompasar de la manera más exacta posible la dinámica de la situación de desempleo a la «dinámica del derecho» a prestaciones. Siendo ello así, lo lógico es proceder  al cómputo mensual o en unidades temporales reducidas de las rentas familiares, en lugar de al cómputo anual.

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