edición: 2803 , Viernes, 13 septiembre 2019
24/02/2011
OBSERVATORIO JURIDICO

El Supremo confirma la pena por desórdenes públicos en el Aeropuerto del Prat durante una jornada de huelga

DATADIAR

Los desordenes públicos cometidos por grupos de personas, aparecen regulados en el Código Penal dentro de los delitos contra el orden público, en el artículo 557.1 afirmando que: Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo, y con el fin de atentar contra la paz pública, alteren el orden público causando lesiones a las personas, produciendo daños en las propiedades, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que por ellas circulen, o invadiendo instalaciones o edificios, sin perjuicio de las penas que les puedan corresponder conforme a otros preceptos de este Código.

La LO 15/2003, de 25 de noviembre introduce un segundo párrafo al precepto, en el que se afirma que se impondrá la pena superior en grado a las previstas en el apartado precedente a los autores de los actos allí citados cuando éstos se produjeren con ocasión de la celebración de eventos o espectáculos que congreguen a gran número de personas. Con idéntica pena serán castigados quienes en el interior de los recintos donde se celebren estos eventos alteren el orden público mediante comportamientos que provoquen o sean susceptibles de provocar avalanchas u otras reacciones en el público que pusieren en situación de peligro a parte o a la totalidad de los asistentes. En estos casos se podrá imponer también la pena de privación de acudir a eventos o espectáculos de la misma naturaleza por un tiempo superior hasta tres años a la pena de prisión impuesta.

El bien jurídico protegido es la denominada “paz pública”, es decir, el mantenimiento de las condiciones de normalidad que hacen posible el ejercicio de los derechos y libertades de los individuos. La conducta típica ha de ir encaminada, por tanto, a la alteración de la paz pública por cualquiera de los siguientes comportamientos típicos:

• causando lesiones a las personas;
• produciendo daños  materiales en las propiedades;
• obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para los usuarios; o
• invadiendo instalaciones o edificios.

La jurisprudencia incluye las conductas de corte de trafico en las vías públicas urbanas o interurbanas; ocupación de vías férreas, etc. La alteración ha de ser grave y producir perturbación o alarma social, pues en otro caso el hecho constituiría la mera falta del artículo 633. Es delito plurisubjetivo y convergente. Han de actuar concertadamente ya exista el concierto “ex ante” o se produzca en el desarrollo de los hechos. No es precisa organización ni estructura asociativa ente los intervinientes. La consumación no exige la causación de resultados lesivos, mortales o dañosos que, de  producirse, se penarían en régimen concursal. El tipo subjetivo requiere dolo directo y la finalidad de atentar contra la paz pública. La jurisprudencia viene tomando en consideración el móvil, más o menos legítimo, que guíe a los autores para ponderar la gravedad del hecho o incluso su irrelevancia punible (STS 14 de noviembre de 1994 en caso de ocupación colectiva de finca rústica, se entendió que los hechos no eran punibles por la concreción espacial del conflicto y por no afectar los hechos al normal desarrollo de la vida ciudadana).

La reciente sentencia del Tribunal Supremo núm. 1154/2010, de 12 de enero de 2011 confirma la pena impuesta por delito de desórdenes públicos a 23 trabajadores acusados de invadir las pistas del aeropuerto de el Prat durante una jornada de huelga. En la sentencia se distingue entre orden público y paz pública.

Analizando la fundamentación jurídica, podemos observar que se dan todos los elementos del tipo y es correcta la aplicación del artículo 557.1 del CP. Veamos:

En cuanto a la consideración del lugar de los hechos como espacio público, es claro que no se trata de un recinto privado, aun cuando su utilización esté severamente restringida por razones de seguridad. Por otra parte, la invasión de lugares privados, o de los que no lo son aunque su uso se restrinja intensamente, puede tener serias repercusiones en el orden público en función de las características de su utilización ordinaria y de las consecuencias de que tal uso sea interrumpido, por lo cual aquella condición no determina ineludiblemente la atipicidad de la conducta, que lo que exige es una alteración del orden público. En el caso que analizamos, queda claro que la invasión de las pistas produjo como efecto directo la imposibilidad de utilización del aeropuerto y del tráfico aéreo durante todo el tiempo en que se mantuvo, lo cual repercutió de forma muy grave en las condiciones de normalidad de la convivencia en los aspectos relativos a los derechos de las personas al desplazamiento libre y ordenado por vía aérea. Y no solo alteró el orden, sino que al hacerlo de forma tan relevante y profunda, afectó de forma grave a la paz social.

En cuanto a la concurrencia de violencia, una vez analizada la doctrina se puede concluir diciendo que nada impide entender que la alteración del orden con la finalidad de afectar a la paz pública puede producirse mediante la invasión de instalaciones o edificios sin necesidad del empleo de una violencia específica. En este caso la invasión de las pistas, realizada por un alto número de personas que se negaron a abandonarlas tras los requerimientos policiales, fue acompañada de la colocación en aquellas, por quienes las invadían, de jardineras, carros, vehículos de Iberia, escaleras, garrafas de agua, tractores, furgonetas, etc., que no podían ser retiradas mientras se prolongara la invasión, y que suponen el ejercicio de una cierta fuerza sobre las cosas orientada a conseguir el objetivo final de la acción. Lo que resulta de importancia en el tipo, es precisamente la relevancia de la alteración de las condiciones normales de convivencia, siempre que se produzca por medio de una de las conductas descritas en el precepto.

En cuanto al elemento subjetivo, se ha discutido si la noción de orden público coincide con la de paz pública. La jurisprudencia distingue entre orden público y paz pública, en el sentido de que aquel es el simple orden en la calle, y la paz pública, concepto más amplio se integraría como el conjunto de condiciones externas que permiten el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, el orden de la comunidad y en definitiva la observancia de las reglas que facilitan esa convivencia y por tanto permiten el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. En este caso, queda claro que, teniendo en cuenta la importancia que en la sociedad moderna tiene el transporte aéreo de personas, los acusados no podían ignorar que, por más que inicialmente la cuestión se relacionara con un posible conflicto laboral, que de otro lado, aún no se había presentado realmente y que no llegó a concretarse, su conducta invadiendo las pistas o manteniéndose en ellas, provocaba, de forma inseparable a la acción, una gravísima alteración del orden en el funcionamiento normalizado del aeropuerto, que al impedir el uso correcto de las pistas impedía a su vez el aterrizaje y despegue de los aviones, así como el desembarco de pasajeros de los que ya habían tomado tierra, con los evidentes trastornos para los derechos de los viajeros al desplazamiento pacífico y ordenado, y para el mismo funcionamiento del transporte aéreo considerado globalmente.

Se puede decir que al alcance de los acusados existían otras alternativas para la reivindicación y defensa de sus derechos, entre ellas la huelga con respeto a las normas vigentes, sin que fuera necesario desarrollar una conducta con tan graves consecuencias para los derechos de terceras personas. En la sentencia se afirma que el ejercicio de determinados derechos, como el derecho de reunión o el de manifestación, fundamentales en una sociedad democrática, pueden ocasionar molestias a otros ciudadanos y es preciso realizar una labor de ponderación entre los derechos de unos y de otros. Pero las molestias no son equiparables a otras situaciones en las que, mediante actos que implican alguna clase de violencia sobre cosas o sobre personas, se suprime la libertad de ejercicio de otros derechos por parte de terceros a través de una severa alteración del orden público.

En definitiva, la elección de tal forma de comportamiento implica la aceptación por parte de sus autores de las consecuencias evidentes en cuanto a la alteración del orden, de forma que podemos llegar a la conclusión que entre sus finalidades estaba también la afectación de la paz pública.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. BOE núm. 317, de 30 de diciembre de 2010.
El artículo 12 de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, establece la obligación del Consejo Superior de Deportes de publicar en el Boletín Oficial del Estado, mediante Resolución de su Presidencia, la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte cuando se introduzcan cambios en la misma. Asimismo, el citado artículo prevé que dicha publicación se realizará en el marco de los compromisos y obligaciones internacionales asumidas por España, y en particular en el marco de la Convención Antidopaje de UNESCO. De acuerdo con el procedimiento específico del artículo 34 de la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte, hecho en París el 18 de noviembre de 2005 (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 16 de febrero de 2007), la Conferencia de las Partes de la Convención ha aprobado la modificación al Anexo I, la Lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. En consecuencia, y con el fin de adecuar la anterior Lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, aprobada por Resolución de 18 de diciembre de 2009 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, a la lista adoptada en el seno de la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte de la UNESCO, este Consejo Superior de Deportes resuelve aprobar la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte, contenida en los Anexos de la presente Resolución.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delito de estafa en grado de tentativa. Derecho a la presunción de inocencia: artículo 24.2 CE. Tribunal Supremo. Sentencia 22 de octubre de 2010.
El acusado, responsable de una administración de lotería, ocultó a la víctima que su boleto estaba premiado, lo que motivó que esta lo arrojara a la papelera, consecuencia del engaño, y aquel se apoderara de él con el fin de cobrarlo. Derecho a la presunción de inocencia: artículo 24.2 CE. Doctrina de la Sala: para determinar si esa garantía ha sido desconocida ha de examinarse si la aportación de los elementos de la discusión sobre la aceptabilidad de la imputación se efectúa desde el respeto al método legalmente impuesto; si el método seguido ha llevado a una certeza objetiva sobre la hipótesis de la acusación. Caso de autos: sentencia condenatoria que encuentra soporte probatorio en la declaración de la denunciante, y de testigo presencial, quien observó como en las pantallas del local se anunciaba que el boleto estaba premiado y, sin embargo, el acusado ocultaba esta circunstancia a la víctima, quien a continuación se desprendió del billete. El boleto premiado se localizó finalmente en un lugar al cual sólo podía tener acceso el acusado. Caso de autos: homogeneidad de lo pedido por la acusación pública y particular y lo decidido en sentencia, sin que aquélla incurriera en la nota de superflua por el hecho de instar una indemnización superior a la instada por el Ministerio Fiscal.

Mercantil

Los daños sufridos en un accidente de circulación deben ser económicamente valorados, a efectos de determinar el importe de la indemnización procedente, al momento en que se produce el alta definitiva del perjudicado. Tribunal Supremo. Sentencia 4 de noviembre de 2010
Los daños sufridos en un accidente de circulación quedan fijados de acuerdo con el régimen legal vigente el momento de la producción del hecho que ocasiona el daño, y deben ser económicamente valorados, a efectos de determinar el importe de la indemnización procedente, al momento en que se produce el alta definitiva del perjudicado. El recurrente  aduce la existencia de interés casacional con relación a la cuestión del carácter de deuda de valor que tienen las indemnizaciones derivadas de un hecho de la circulación, pero con base, no en la infracción de una norma sustantiva susceptible de fundamentar un recurso de casación admitido por razón de la cuantía, sino en la vulneración de normas y principios procesales (el artículo 216 LEC y todo lo relacionado con la congruencia de las sentencias), que son cuestiones que exceden del ámbito de este recurso por estar reservadas al recurso extraordinario por infracción procesal. La  pretensión de la parte recurrente de que se cuantifique el daño con arreglo a las actualizaciones vigentes al momento de dictarse la resolución no se compadece con la doctrina fijada por esta Sala, que contempla que los daños concretados según el sistema legal vigente a fecha del siniestro sean económicamente valorados, a efectos de determinar el importe de la indemnización procedente, con arreglo a las cuantías publicadas por la DGS para todo el año en que se produjese el alta definitiva. Dado que esta tuvo lugar antes de la demanda, la solución de la AP de cuantificar el daño con arreglo a las cuantías vigentes al momento de interponerse es más favorable que la que resultaría de aplicar la doctrina mencionada.

Incumplimiento contractual del Agente que cesa en la ejecución del contrato con completa inactividad lo que comporta se estime disentimiento unilateral «de facto» injustificado. Tribunal Supremo. Sentencia 12 de noviembre de 2010
El  objeto del proceso versa sobre un contrato de agencia sujeto a la normativa de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, en el que se pactó un plazo de duración de dos años, prorrogables automáticamente anualmente, salvo denuncia. La entidad mercantil que tenía la condición de agente solicitó la resolución del vínculo por incumplimiento de la empresa con la que había concertado el contrato, y subsidiariamente la extinción de éste por terminación del plazo, acumulando a las anteriores pretensiones otras relativas a reintegración de comisiones descontadas -«descomisiones«-, pago de comisiones concurrentes, compensación de clientela e indemnización de daños y perjuicios. El eje del debate se centra básicamente en los recursos extraordinarios en el tema relativo a que habiendo cesado la entidad agente en la ejecución de la actividad meses antes de finalizar el plazo del contrato, al no haber causa justificada, se apreció incumplimiento grave revelador de disentimiento unilateral «de facto», sin que por el contrario haya habido incumplimiento de la parte contraria.

Civil

El verdadero incumplimiento esencial causante del conflicto entre las partes no fue otro que el retraso permanente de la contratista en la ejecución de la obra a causa de su propia carencia de medios. Tribunal Supremo. Sentencia 28 de octubre de 2010.
A todo lo largo de los motivos examinados la recurrente elude la cuestión nuclear de su retraso ya desde el momento mismo del inicio de las obras, acreditado por la primera certificación, la persistencia indiscutida de ese retraso en la fecha en que tenía que haber terminado la obra y, sobre todo, la evidencia de que la causa fundamental o primordial del retraso no fue otra que su propia carencia de medios materiales y humanos para una obra de tal envergadura, de suerte que en sus esfuerzos por realzar los retrasos de la promotora en algunos pagos o la falta de pago de algunas partidas se advierte claramente un intento de presentar su incumplimiento contractual por imposibilidad propia o interna, sólo a ella imputable, como un incumplimiento de la parte contraria que justificaría su pretensión de resolución del contrato. Todos los motivos alegados adolecen por igual, del defecto de prescindir de un hecho probado tan fundamental como que el muy notable retraso en la ejecución de la obra se debió a la carencia de medios de la contratista recurrente. Siendo esto así, y por tanto también que en las disfunciones surgidas durante la ejecución del contrato la mayor responsabilidad correspondía a esa misma recurrente, el esfuerzo del tribunal sentenciador por lograr una solución equilibrada del conflicto, valorando también determinados incumplimientos de la promotora comitente, no puede traducirse, como se pretende en una aplicación del contrato que generalice el 6% de interés para todas las cantidades que dicho tribunal considera debidas por la promotora ni, desde luego, en una consideración de esas cantidades debidas como un incumplimiento esencial de la promotora que oculte o excluya el verdadero incumplimiento esencial causante del conflicto entre las partes, que no fue otro que el retraso permanente de la contratista en la ejecución de la obra a causa de su propia carencia de medios.

La calificación de los contratos no depende de las denominaciones que le hayan dado los contratantes sino de las características del mismo. Tribunal Supremo. Sentencia 3 de noviembre de 2010
Examinados los textos y partiendo de que los contratos son lo que son y la calificación no depende de las denominaciones que le hayan dado los contratantes la calificación es de contratos de compraventa en que constan las cosas vendidas y el precio cierto.

Se trata de un precontrato aunque la conclusión a que llega sería inviable con la calificación de precontrato que produce obligaciones entre las partes, sin que abone en modo alguno la pretensión de que los demandantes queden totalmente fuera de todo derecho. En definitiva, prevalece la calificación de contrato, no precontrato, de compraventa que ha hecho la sentencia de instancia, con lo cual sigue la doctrina jurisprudencial que en un caso de calificación de un contrato de compraventa de cosa futura (edificio en proyecto de construcción) reitera que debe ser mantenido el resultado exegético obtenido por la Sala de instancia.

Laboral

El Convenio reconoce el derecho a la promoción por el transcurso de los plazos que establece en favor de todos los empleados, sean fijos o temporales. Tribunal Supremo. Sentencia 4 de noviembre de 2010
A efectos de promoción por experiencia, la cuestión debatida es la de cómo se han de computar los denominados «períodos de permanencia» cuando los servicios del trabajador a la empresa,  a través de sucesivos contratos temporales, se han visto interrumpidos. Como ya ha resuelto esta Sala, la norma convencional aplicable no distingue entre trabajadores fijos y temporales, es claro que nosotros tampoco podemos distinguir, lo que supone el que deba entenderse que el Convenio reconoce el derecho a la promoción por el transcurso de los plazos que establece en favor de todos los empleados, sean fijos o temporales. El art.15-6 ET impide computar de diferente manera la permanencia en la empresa cuando se trata de trabajadores temporales que cuando se trata de fijos, sin que sea posible dar a estos un trato más favorable.

No se ha transmitido una entidad organizada, en cuanto que lo que se ha hecho es proceder a la cesión de un grupo de personas dedicadas a una determinada actividad dentro de una empresa. Tribunal Supremo. Sentencia 4 de noviembre de 2010
La cuestión que se plantea consiste en determinar si en el supuesto enjuiciado, en el que el Colegio Mayor empleador originario que externaliza sus servicios limpieza contratándolos con una empresa de servicios, la que ya realizaba con anterioridad el servicio de comedor, acordando ambas que la empresa de servicios se subrogara, entre otros  en el contrato de trabajo de una limpiadora del referido Colegio Mayor, se ha producido o no una sucesión de empresas. Las sentencias aportadas para el juicio de contradicción no son contradictorias con la recurrida, la diferencia estriba esencialmente en que, la empresa de servicios recurrente ya elaboraba con anterioridad a la subrogación actual las comidas del Colegio Mayor por lo que aunque exista o hubiere existido cesión a favor de la empresa de servicios de los locales, instalaciones y equipamientos precisos para desarrollar el «servicio de desayunos, comidas, y cenas, no son los relativos al servicio de limpieza que se contrata por primera vez con la empresa de servicios y a la que, por acuerdo entre las empresas ahora recurrentes se decidió por parte de éstas el que pasara la actora a prestar servicios la empresa de servicios, con subrogación de derechos por esta última con respecto a la demandante. No concurre, por tanto, la identidad de hechos necesaria para superar el juicio de contradicción, pues esta diferencia sustancial puede justificar perfectamente la discrepancia en los respectivos fallos de las sentencias sometidas a contraste, de tal suerte que cada una de ellas resolvió el supuesto particular que se sometía a su enjuiciamiento y, en consecuencia, no existe una verdadera discrepancia doctrinal que precise ser unificada. Además, y aunque hipotéticamente concurriera el referido presupuesto procesal, no existiría, además, falta de contenido casacional, pues la doctrina de la sentencia recurrida coincide con la doctrina de esta Sala: no puede afirmarse que se haya transmitido una entidad organizada, en cuanto que lo que se ha hecho es proceder a la cesión de un grupo de personas dedicadas a una determinada actividad dentro de una empresa, lo que por sí solo y en defecto de elementos probatorios que lo hubieran acreditado, no puede calificarse como tal, para decidir que lo transmitido constituye una entidad en el sentido en que viene requerido por el art. 44 del ET.

Administrativo

Nulidad del artículo 5 de la Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de enero de 2008. Tribunal Supremo. Sentencia 21 de enero de 2011
Las medidas de ahorro de energía se proyectan sobre el consumo de energía eléctrica, y no sobre mejoras o mayor eficiencia de la generación, transporte, distribución y comercialización de la energía que son las actividades específicamente contempladas y reguladas por la Ley del Sector Eléctrico. Sin embargo, no parece exacto afirmar, que "la financiación parcial del Plan con cargo a la tarifa introduce una señal de precio en el mercado eléctrico" o que el mecanismo de financiación del Plan "supone, en cierta forma, la internalización de parte de los costes medioambientales de la energía eléctrica en el precio final del kilovatio hora". En efecto, nada tiene que ver por si mismo el ahorro en el consumo de energía eléctrica con los costes medioambientales de su generación, fuera de la relación indirecta de que un menor consumo originará una menor demanda, una menor generación de energía y, finalmente, en alguna medida, unos costes medioambientales menores. Con ello se quiere decir que no puede justificarse la imputación a la tarifa del coste de planes de ahorro en el consumo eléctrico en que dichos costes puedan considerarse comprendidos en los de generación de la energía eléctrica.

Peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas. Nulidad de la DA3ª de la  Orden ITC/3863/2007. Tribunal Supremo. Sentencia 24 de enero de 2011
La retribución de las actividades gasistas por la vía de los peajes exige que éstos incorporen tan sólo los conceptos expresamente previstos en la Ley 34/1998 , entre los que no figura la financiación de planes de ahorro energético. Y aun cuando el artículo 25 del Real Decreto 949/29001 establezca como criterio para la determinación de los peajes, entre otros, el de incentivar a los consumidores un uso eficaz del gas, ello no hace posible imputarles el coste directo de la financiación de los planes de ahorro y eficiencia energética. Mucho menos puede mantenerse que sirvan de cobertura a esta imputación las previsiones generales que contiene el artículo 54.1 de la Ley 34/1998, a tenor del cual las actividades de las empresas que operan en el sector gasista deben respetar, entre otras, las obligaciones derivadas de la defensa del medio ambiente.

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