edición: 2613 , Martes, 11 diciembre 2018
06/09/2010

El Supremo delimita el derecho a la información de los socios ante las juntas generales

Xavier Gil Pecharromán
El Tribunal Supremo ha emitido durante el mes de julio una serie de sentencias de trascendencia fundamental para interpretar los límites del derecho a la información de los socios con vistas a la celebración de las juntas generales de las sociedades. El ponente de todas ellas ha sido el magistrado Corbal Fernández. Así, por ejemplo, la del día 26, determina que la falta de información no trasciende a la totalidad de los acuerdos adoptados en una Junta General, sino tan sólo a aquellos sobre los que el efecto del vicio se proyecta. De esta forma, si se recurren en conjunto los acuerdos aprobados por la junta general, el tribunal correspondiente deberá desestimar.

En esta misma sentencia, el magistrado determina también que el derecho de información, aunque fundamental, en cuanto es instrumental del derecho de voto, sin embargo no es ilimitado, sino que ha de ceñirse a los extremos concretos sometidos a la Junta, ni puede ser llevado al paroxismo, esto es a una situación en que se impida u obstaculice el funcionamiento correcto y normal de la sociedad, sino que ha de ser ejercitado de buena fe, como todos los derechos, debiendo rechazarse los modos de ejercicio que resulten abusivos.

Así, los jueces no pueden considerar que exista abuso por parte de un socio que se presenta en la oficina de la sociedad para conocer los datos económicos con vistas al ejercicio de su derecho de voto en la junta, aunque supiese que ésta se encontraría cerrada por estar ausente el administrador, si fue la propia sociedad la que estableció el horario para hacer factible el deber de información, y fue ella la que no lo cumplió al tener la oficina cerrada, sin que sea apreciable la existencia de mala fe o de actuación abusiva del socio demandante por el hecho de no haber intentado la información otro día, dada la necesidad de asistirse de un asesor, por tratarse de consulta de cuentas, y el brevísimo espacio de tiempo que restaba hasta el día de la Junta.

En el caso de las sociedades anónimas (SA) que tienen obligación de auditarse, si por razones que no sean contrarias a la buena fe, la junta general aprueba las cuentas sin facilitar el informe del auditor de cuentas cuando resulta claro que el nuevo acuerdo sustitutivo no habría de variar sustancialmente respecto del anulado, no habrá justificación para que el acuerdo termine anulado.

La sentencia, del día 21, considera que tal eventualidad en nada favorecería al socio impugnante y podría ser perjudicial para la sociedad, e incluso hipotéticamente para terceros. Se produciría una desproporción entre la infracción y el resultado, incurriéndose en un formalismo excesivo e inútil.

Otro asunto sobre la información facilitada a los socios que acaba de aclarar el Alto Tribunal, en sentencia del día 23, es que el derecho a la información en las sociedades de responsabilidad limitada (SL) no se conculca cuando el socio que reclama la anulación de los acuerdos de la Junta tenía un exhaustivo conocimiento de las cuentas al haber participado en su elaboración él mismo y, por tanto, ser una de las personas que contaban con más datos de entre todos los administradores, siempre que se le facilitasen las aclaraciones que solicitó durante la celebración del plenario de la sociedad.

A este respecto, considera la sentencia que una cosa es que se conozca total o parcialmente la contabilidad, es decir la situación económica y patrimonial real de la sociedad, y otra distinta que las cuentas que se presentan a aprobación se correspondan con aquélla. Por ello, si la documentación contable entregada en la junta es parcial, si falta una parte de la que debe ser elaborada o la entregada es ilegible, mal puede estimarse satisfecho el derecho de información. Lo cual supone un problema muy distinto.

Es interesante destacar otras dos sentencias, en estos casos de Audiencias Provinciales, que se han conocido públicamente en el mes de julio, fueron publicadas en el de abril.

La primera de ellas, de la Audiencia de Badajoz, de la que ha sido ponente el magistrado Moreno Montero y fechada el día 23, determina que cuando el administrador de una sociedad recibe una solicitud de exhibición de documentos y cuentas por parte de un socio o condueño para iniciar un procedimiento judicial, no será preciso mostrar aquellos que puedan ser consultados  en los registros públicos, como pueden ser el Mercantil o el de la Propiedad.

Afirma el magistrado que  la relativa inconcreción de una solicitud inicial de datos sobre el objeto de la demanda pretendida por el socio no puede servir para que las diligencias se conviertan en “una a modo de ‘generalis inquisitio’ de índole mercantil” (procedimiento iniciado sin que se hubiese establecido un delito determinado).

La Ley obliga a informar, pero no a entregar la práctica totalidad de los documentos de la sociedad, ni permite que los accionistas suplan la actividad de los auditores, según establece una sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, del día 29.

El ponente, el magistrado Oliver Barceló, manifiesta que se ha cumplido la obligación de informar con la entrega de las cuentas y balances abreviados, según los artículos 175 y 181 de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA), al concurrir los requisitos exigibles.

Matiza, no obstante, que no debe confundirse, no obstante, la información que los administradores deben facilitar a los socios previa a la junta, con la documentación adicional sobre partidas, cobros, pagos, ingresos y gastos, fondos propios, salvedades y objeciones de los auditores o la práctica de una pericial técnico-económica, que solicitada en tiempo y forma legales, sería denegada indebidamente.

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