edición: 2764 , Viernes, 19 julio 2019
24/02/2010

El Supremo desacredita las explicaciones de palabra de los empleados bancarios como prueba de que se informó al cliente

Javier Ardalán
El Tribunal Supremo considera en una reciente sentencia, que las explicaciones de palabra que los empleados de una sucursal bancaria dan a sus clientes no constituyen una prueba suficiente para demostrar que se informó debidamente al cliente sobre las dificultades que comportaba el producto financiero vendido.

Consideran los expertos consultados a lo largo del litigio, que este producto, denominado ‘imposición a plazo atípica’ debe dirigirse a aquellos clientes que tengan una mínima preparación financiera, tal y como ocurre con otros muchos activos financieros de carácter atípico que se han comercializado y comercializan por la banca, sin distinción del conocimiento financiero de los clientes.

Considera el ponente, el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, que en la mayoría de los casos no se explicó a los clientes la particularidad de este producto, en cuanto no era una imposición a plazo típica, pues se podía perder parte o todo el capital.

Por ello, el tribunal no exige a los clientes la ‘diligencia debida’ a pesar de que muchos de ellos, por no decir casi todos, no leyeron el contenido del contrato, ya que se fiaban de lo que les decía el director de la sucursal, limitándose a firmar, creyéndose que se trataba de una renovación más de un plazo fijo que ya tenían, ajenos totalmente al riesgo de pérdida que existía, puesto que no se les había advertido.

También descarta la responsabilidad de los clientes, aunque se llevaran a casa el contrato para documento para que lo firmara algún familiar, cuando los empleados de la sucursal actuaron en función de la relación de confianza que el asesoramiento del director de la sucursal les ofrecía -ya por el hecho de su prolongada relación de clientela en una determinada sucursal, ya como consecuencia de su profesionalidad- y no leyeron en su mayoría las condiciones que aparecen impresas en los contratos de depósito de alta rentabilidad.
La sentencia, de 22 de diciembre de 2009, condena a RuralCaja a devolver el dinero a sus clientes, por haber vendido un ‘cap’, un activo atípico basado en las oscilaciones bursátiles de unas determinadas acciones, a clientes muy conservadores, que tenían depósitos a plazo fijo, y de bajo nivel de conocimientos financieros.

Incluso la sentencia considera que la culpa es de la entidad bancaria aunque no existiese dolo o mala fe, puesto que sus empleados, aunque actuaron de buena fe, no valoraron adecuadamente el riesgo que hacían asumir a sus clientes, que aceptaron el activo confianza del asesoramiento que recabaron de los profesionales de banca.

El cóctel que hace que el Supremo considere que existe un vicio en la aceptación tiene, por tanto tres coordenadas: la confusa redacción de la cláusulas recurridas en relación con el carácter conservador de los clientes -impositores a plazo fijo- a quienes se ofreció el producto, unido al fenómeno de confianza depositada en el director de la entidad bancaria sin lectura del texto del contrato. 
Además, afirma que la entidad utiliza indebidamente la palabra comisión para referirse a la traslación al cliente de parte de las pérdidas generadas en la compraventa de valores; dice que el importe de la imposición será abonado, cuando el capital no se garantiza; la presentación del anexo invita a su firma sin lectura.

La sentencia del Supremo aclara otro aspecto importante a tener en cuenta, ya que si bien, la Audiencia Provincial señaló en su fallo en la instancia previa, que no procedía la declaración de nulidad de los contratos celebrados subsiguientemente para paliar las consecuencias, al haber sido estos contratos libremente aceptados por los clientes dentro del ámbito de su autonomía de voluntad y, en consecuencia, desestimó la petición de nulidad, si bien los tuvo en cuenta por estar relacionados, y condenó a la Caja Rural a devolver las cantidades.

Sin embargo, el Alto Tribunal si considera nulos los contratos subsiguientes al considerar que se establecieron como continuación de un contrato declarado nulo. Además, entiende que, dado el perfil de los clientes afectados resulta dudosa la afirmación de que la iniciativa contractual del Anexo II procede de los consumidores perjudicados y de su evaluación de la "evolución al alza" y de que solicitaran de la Caja que ejercitase la opción que servía de cobertura al depósito atípico.

Este fallo, llega inmediatamente después de otra sentencia, de 16 de diciembre, en el que el Tribunal Supremo anuló trece cláusulas contractuales, fundamentalmente por falta de información o por considerar que el banco aprovechó su posición de fuerza sobre el cliente.

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