edición: 2973 , Lunes, 25 mayo 2020
30/06/2016
LA OREJA DE LARRAZ

El Supremo duda del valor medioambiental de tres impuestos energéticos

Javier Ardalán
El Tribunal Supremo plantea cuestión de inconstitucionalidad contra 12 artículos de la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.  
El Tribunal tiene dudas sobre la constitucionalidad de tres impuestos regulados en dicha norma: el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), el Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radioactivos, y el Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radioactivos.

Aunque el debate doctrinal es antiguo, en los tres casos, la Sala tiene dudas sobre la finalidad medioambiental de dichos impuestos, que los ponentes, los magistrados Huelin Martínez de Velasco y Montero Fernández, entienden en sus cuatro autos, de 14 de abril de 2016, que podrían estar gravando el mismo hecho imponible o la misma manifestación de riqueza ya gravada por otros impuestos.

Ambos magistrados creen que el Tribunal Constitucional debe dilucidar si vulneran el artículo 31.1 de la Constitución, que señala: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

El planteamiento de las cuestiones de inconstitucionalidad ha sido acordado por la Sala al examinar los recursos de UNESA (Asociación Española de Industria Eléctrica), Iberdrola y Endesa contra las órdenes de Hacienda que establecen los modelos de dichos impuestos.

En sus resoluciones, el Supremo destaca que los recurrentes pudieran tener razón al afirmar que la verdadera realidad perseguida con dichos impuestos es financiar el déficit tarifario.

Señalan los magistrados que la doble imposición económica no es ‘per se’ contraria al principio de capacidad que proclama el artículo 31.1 de la Constitución, pero no tienen claro, enfrentando la resolución del estos recursos de casación, que la circunstancia de que el IVPEE someta a tributación la misma capacidad económica por la que los productores de energía eléctrica abonan el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), sin responder nítidamente además a la otra finalidad extrafiscal que teóricamente lo justifica, la medioambiental, no incida sobre dicho principio contributivo, sin cuyo respeto no cabe hablar de tributos constitucionalmente admisibles.

En otras palabras, cabe preguntarse si, cuando un impuesto grava a través de un hecho imponible una manifestación de capacidad económica, es posible someter a tributación esa misma capacidad mediante otro tributo que define un hecho imponible idéntico o prácticamente igual, cuando además se revela desprovisto de la otra finalidad, la extrafiscal, proclamada para justificarlo.

Es cierto que la configuración del IAE no requiere la producción efectiva de energía eléctrica, tal y como está diseñado, a diferencia de lo que sucede con la configuración del IVPEE, pero esa excepcional situación no parece suficiente para descartar la duda expuesta.

En todo caso, la incógnita corresponde despejarla al Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución y en cuanto único órgano jurisdiccional con potestad para enjuiciar la constitucionalidad de las leyes y disposiciones con fuerza de ley.

El Tribunal Supremo reconoce que no alberga dudas sobre la compatibilidad entre el IVPEE y el IE, porque el primero es un impuesto  directo y el segundo indirecto de repercusión legal obligatoria, lo que implica que la capacidad económica sometida a gravamen en uno y otro sea distinta, aunque en ambos el sujeto pasivo contribuyente sea el productor de la energía eléctrica.

Por otra parte, se explica en los autos que  el IAE grava el mero ejercicio una actividad empresarial o profesional en sí mismo considerada y se paga en función de una tarifa aprobada por el Gobierno, atendiendo siempre al beneficio medio presunto de la actividad gravada (arts. 84 y 85 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

En cambio, en el Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, se distingue entre la producción de combustible nuclear gastado resultante de cada reactor nuclear y la producción de residuos radiactivos resultantes de los procesos de generación de energía nucleoeléctrica. (El combustible nuclear gastado es el combustible irradiado cuando es extraído definitivamente del reactor).

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