edición: 2324 , Martes, 17 octubre 2017
30/10/2013
LA OREJA DE LARRAZ

El Supremo exime de las deudas posteriores a los administradores tras su cese, aunque no disolviesen la sociedad

Javier Ardalán

El Tribunal Supremo, ha aclarado en una importante sentencia, de 14 de octubre de 2013, que los administradores sociales, aunque incumplan el deber de promover la disolución de la sociedad, una vez cesados de su cargo, no responden de las deudas que pudiera contraer la sociedad con posterioridad a su cese, sino tan sólo de las deudas que existían mientras eran los administradores.

Tras la reforma de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, esta responsabilidad se limita, además, a las deudas posteriores a la aparición de la causa de disolución.

La acción ejercitada de responsabilidad de los administradores de una sociedad anónima prevista en el artículo 265.5 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (TRLSA), que se corresponde en la actualidad con el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), requiere que los administradores hayan incumplido el deber de promover la disolución.

En estos casos, es preciso que, mientras los administradores demandados estaban en el ejercicio de su cargo, la sociedad hubiera incurrido en alguna de las causas de disolución contenidas en la LSC y que se refiere a las situaciones por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal.

El magistrado que actúa deponente, Ignacio Sancho Gargallo, indica que la remoción de la causa de disolución de la compañía, si bien no extingue la posible responsabilidad en que hubiera podido incurrir el administrador durante el tiempo que incumplió el deber de promover la disolución respecto de los créditos existentes entonces, sí evita que a partir del momento en que cesa la causa de disolución puedan surgir nuevas responsabilidades derivadas de aquel incumplimiento.

Concurriendo esta causa legal de disolución, los concretos deberes que el artículo 262 del TRLSA, en sus apartados 2 y 4 (se corresponden con los actuales arts. 365 y 366 de la LSC), imponía a los administradores eran:  en primer lugar, convocar la junta general en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución; en el caso en que no se hubiera podido constituir la junta, solicitar la disolución judicial en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta; y si se hubiese celebrado la junta, pero no se hubiera adoptado el acuerdo de disolución o el acuerdo hubiese sido contrario, solicitar la disolución judicial en el plazo de dos meses a contar desde el día de la junta.

En este caso, quedó acreditado en la instancia que los administradores demandados no convocaron la junta para que acordara la disolución, esto es, incumplieron el primer deber legal relacionado con la promoción de la disolución.

Interesante resulta también el caso del otro administrador demandado, que es distinto al de los anteriores, porque  tras el cese de los anteriores administradores, fue nombrado administrador único de la compañía y estaba en el ejercicio del cargo cuando nació el crédito.

La acción de responsabilidad del artículo 262.5 del TRLSA ejercitada contra  él fue desestimada por una razón diferente, porque había quedado probado que antes de que naciera el crédito se había removido la causa de disolución, ya que, como consecuencia de dos ampliaciones de capitales realizadas en mayo de 2005 y febrero de 2006, el patrimonio neto de la sociedad había dejado de ser inferior a la mitad del capital social, de tal forma que cuando surgió el crédito.

En atención a la redacción del artículo 260.1.4º del TRLSA [actual artículo 363.1.d) de la LSC], procedía la disolución cuando "por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal".  De tal forma que, aunque hasta febrero de 2006 hubiera podido concurrir esta situación que constituía causa legal de disolución y, por lo tanto, imponía a los administradores el deber de promover la disolución, este deber desapareció cuando como consecuencia del aumento de capital social el patrimonio neto dejó de estar por debajo de la mitad del capital social.

La remoción de la causa de disolución de la compañía no extinguió la posible responsabilidad en que hubiera podido incurrir el administrador durante el tiempo en que incumplió el deber de promover la disolución, respecto de los créditos existentes entonces, pero sí evita que a partir del momento en que cesa la causa de disolución puedan surgir nuevas responsabilidades derivadas de aquel incumplimiento. Esto es, los acreedores de las deudas sociales surgidas después de que la compañía hubiera superado la causa de disolución, como es el caso de la entidad financiera, carecen de legitimación para reclamar la condena solidaria del administrador basada en un incumplimiento anterior.

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