edición: 2830 , Martes, 22 octubre 2019
05/10/2011

El Supremo impide a la SS dar el alta al denegar la incapacidad permanente si el trabajador aún necesita atención médica

Javier Ardalán
La resolución administrativa por la que la Seguridad deniega a un trabajador en situación de baja la incapacidad permanente no produce la extinción de la prestación de incapacidad temporal, según establece una sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de julio de 2011. La sentencia, que unifica las doctrinas contradictorias de las Audiencias Provinciales y sienta jurisprudencia, considera que  la prestación de incapacidad temporal se extingue cuando se produce el alta médica con propuesta de incapacidad permanente y cuando se ha agotado la duración máxima.

El ponente, el magistrado Calvo Ibarlucea, refrenda que no es competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social el otorgar las altas médicas. Por ello, concluye afirmando que no habiéndose agotado el plazo del artículo 128-1º de la Ley General de la Seguridad Social ni recaído un informe propuesta de invalidez permanente, no cabe la aplicación del artículo 131 -bis de dicha norma de manera que ni hay una invalidez permanente que ponga fin a la incapacidad temporal ni el acto administrativo equivale al alta médica.

Tampoco se puede dar por concluida la prestación porque el actor ya no requería asistencia sanitaria, si el trabajador continuó recibiendo partes de confirmación de baja, lo que evidencia su incapacidad para trabajar.

En sus razonamientos, la sentencia hace referencia a la de la propia Sala Cuarta, de 22 de noviembre de 2005, que considera que la situación de incapacidad temporal se debe mantener mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, según establece el artículo 128.1 de la Ley General de la Seguridad Social, sin que el mero hecho de que, iniciadas actuaciones administrativas tendentes a conseguir una posible declaración de incapacidad permanente, terminen aquéllas con la decisión de no declarar tal incapacidad, pueda dar lugar a la extinción del subsidio establecido en el art. 129 de la Ley General de la Seguridad Social para la situación de incapacidad temporal; y ello es así porque esta situación no viene contemplada entre las únicas que pueden dar lugar a la extinción del referido subsidio, causas que no son otras que las taxativamente mencionadas en el número 1 del art. 131.bis del propio texto legal.

La sentencia también continuaba señalando que la terminación de un expediente sobre incapacidad permanente denegando el reconocimiento de ésta, deba dar lugar a la extinción del subsidio derivado de la incapacidad temporal, pues el párrafo que es ahora objeto de comentario únicamente entra en juego para el supuesto de que la situación de incapacidad temporal "se extinga por el transcurso del plazo máximo" de su duración, por así disponerlo el primer párrafo del apartado 2 del tan citado art. 131 .bis, y ésta no es la situación que aquí se enjuicia, en la que el trabajador no había agotado el período al que se refiere el art. 128.1 .a), antes transcrito.

Determina también, que el artículo 1.1.g) del RD 1300/1995 de 21 de Julio se refiere únicamente a las situaciones previstas en el apartado 3 del art. 131.bis Ley General de la Seguridad Social , atinente, una vez más, al transcurso del plazo máximo de duración de la situación de incapacidad temporal, otorgando al INSS la facultad de declarar la extinción de la prórroga del subsidio; pero aquí no estamos en presencia de ninguna expiración del plazo de duración de la situación del trabajador ni, por consiguiente, está pretendiendo éste prórroga alguna del subsidio al que tal situación le da derecho, sino que simplemente pretende que el expresado subsidio se le mantenga en tanto no surja alguna causa legal para su extinción.

Finalmente, y con relación con el art. 10.3 de la Orden Ministerial de 18 de Enero de 1996, que regula que “En el supuesto de extinción de la incapacidad temporal por transcurso del período máximo de duración establecido para la misma, el equipo de valoración de incapacidades elevará dictamen-propuesta al director provincial, a efectos de la calificación procedente, dentro del plazo máximo de tres meses, a que se refiere el primer párrafo del núm. 2 del art. 131 bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social , salvo en aquellos casos en que, conforme al segundo párrafo del mismo artículo, la situación clínica del interesado haga aconsejable demorar la calificación que, en cualquier caso, no podrá rebasar los treinta meses siguientes a la fecha en que se haya iniciado la incapacidad temporal", por cuanto asimismo contempla un supuesto de extinción de la situación por transcurso del plazo máximo legalmente previsto para su duración.

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