edición: 2451 , Viernes, 20 abril 2018
04/10/2010
Observatorio Juridico

El Supremo legitima las grabaciones de las conversaciones entre detenidos en las celdas

DATADIAR
La sentencia núm. 513/2010 de 2 de junio del Tribunal Supremo, ha confirmado las condenas por delitos de secuestro y asesinato legitimando la grabación de las conversaciones en las celdas entre los detenidos. La sentencia recoge de forma imprescindible para la condena las escuchas realizadas en los calabozos de los detenidos, pretendiendo su nulidad en base al art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en tanto que se les debe informar del derecho constitucional a no declarar contra sí mismos, a no declararse culpables y a conocer el motivo de su detención, por lo que el incumplimiento de este precepto, debe anular por inconstitucional las escuchas así realizadas, máxime cuando no han sido ratificadas posteriormente en presencia judicial.

La defensa entiende vulnerado el derecho a la presunción de inocencia dada la exigencia de que solo puede entenderse como prueba la producida con las debidas garantías, practicada en el juicio oral con la inmediación del órgano judicial y con observancia de los principios de publicidad y contradicción.

El artículo 18.2 de la Constitución Española garantiza el secreto de todas las comunicaciones, sea cual sea el medio por el que éstas se producen, por tanto también de aquellas comunicaciones que, de forma verbal y directa, puedan producirse entre dos o más personas en un lugar cerrado, sin mediación de artificio o aparato alguno. Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia han cuestionado la posibilidad de que pueda alzarse el secreto de las comunicaciones, aún con resolución judicial habilitante.
 
Así, un sector doctrinal mantiene que la autorización judicial para la instalación de aparatos de escucha, transmisión y grabación en lugar cerrado está fuera del ámbito de aplicación del artículo 579 de la LECrim porque una interpretación contextual del término comunicaciones, y no gramatical, remite a las enumeradas como tales en el primer inciso del precepto, esto es, las postales, telegráficas o telefónicas.
 
En sentido contrario, otro sector doctrinal opina que el precepto constitucional para la intervención u observación de dichas comunicaciones es el art. 18.3 CE y el requisito de la previsión legal que exige al art. 8 TEDH, se encuadra en el párrafo 3 del art. 579 que también sería aplicable a este tipo de comunicaciones verbales directas entre dos o más personas. La cuestión a resolver consistiría en la interpretación adecuada del último inciso del aludido párrafo tercero que se refiere a las comunicaciones de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos.

En el presente caso, el Tribunal entiende que no es razonable que se proteja menos una conversación por ser telefónica, y no lo pueda ser una conversación no telefónica de dos personas en un recinto cerrado. Recordemos que el artículo 51 de la Ley General Penitenciaria permite que las comunicaciones orales (y escritas) sean intervenidas motivadamente por el Director del establecimiento, dando cuenta a la autoridad judicial, mucho más cuando sea el propio Juez Instructor de la causa el que lo acuerde.

Pues bien, afirma el Tribunal que sí se permite al Director en la normativa penitenciaria mucho más al Juez de Instrucción a autorizar la grabación de las conversaciones entre detenidos en calabozos policiales, cuando su finalidad y su labor sea garantizar precisamente una pluralidad de valores en una sociedad democrática que no pueden desconocerse.

En este sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha estimado violación del art. 8.1 del Convenio cuando la injerencia resulta necesaria para la seguridad nacional, la defensa del orden y las prevenciones penales cuando está prevista por la Ley y es justificable como necesaria en una sociedad democrática; o sea particularmente proporcionada al fin legitimo perseguido. Ello sin perjuicio de las especiales cautelas y garantías que deberán adaptarse para la instalación de aparatos de escucha, transmisión y grabación en estos casos para intervenir las comunicaciones de una o varias personas. Así, en todo caso, deberá ir precedida de la existencia de indicios racionales suficientes de la existencia de un delito y de criminalidad contra personas determinadas. Asimismo, la adopción de la medida deberá estar presidida por los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. En base al primero deberán ponderarse cuidadosamente los intereses en juego, los beneficios a obtener para la causa y los principios que puedan ocasionarse.

En el caso que analizamos, la Brigada de Policía Judicial tras efectuar un amplio resumen de las investigaciones llevadas a cabo por la desaparición y posterior muerte violenta de la víctima y poner en conocimiento del Juzgado que se iba a proceder a la detención de las personas implicadas en la investigación, solicitó, además de diversos mandamientos de entradas y registros en los domicilios, que se autorizara la colocación de medios ocultos de grabación audiovisuales en las celdas de los calabozos, en las que ingresen los detenidos al considerarse una medida necesaria e imprescindible para el buen fin de la investigación, habida cuenta que así podrían aportarse las conversaciones de los detenidos al proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción considera el precepto habilitante para la intervención (art. 579.2 LECrim) y aplicando la doctrina mencionada por la que "no resulta concebible que se proteja menos una conversación por ser telefónica, en cuanto puede ser legítimamente intervenida por el Juez y no lo puede ser una conversación no telefónica de dos personas en un recinto cerrado", y teniendo en cuenta que se trata de investigar una muerte violenta de una persona, cuyo cadáver fue encontrado con un disparo en la cabeza y cuyo teléfono móvil fue utilizado por sus supuestos captores antes de producirse esta, lo que dio lugar a la adopción de una línea de investigación basada en la intervención de una serie de teléfonos móviles cuyo resultado arrojó fundados indicios, y tras proceder a su detención y con anterioridad a ser puestas a disposición judicial pudieran encontrarse implicadas en el hecho en cuestión, concluye con la idoneidad, necesariedad y proporcionalidad de la medida solicitada y precisamente "para evitar que los imputados pudieran ver mermado su derecho de defensa y su derecho a no declarar contra sí mismos, no se podrá instalar los aparatos de escucha en el lugar donde aquéllos tengan acceso a la entrevista reservada con su letrado dado que el imputado puede revelar a su letrado los secretos que quedan bajo la reserva del secreto profesional", acordando en la parte dispositiva que no podrán utilizarse los sistema de captación en el habitáculo reservado para que los imputados mantengan la entrevista reservado con su letrado, que permanecerá separado de las celdas en que se instalarán las escuchas y que la colocación de los micrófonos se realizará por los técnicos de la policía judicial "en presencia del Secretario Judicial que levantará acta en relación a la citada colocación y, en su caso, de la separación debida entre las celdas y el lugar donde los detenidos se entrevisten con su letrado".

Finalmente en base a todo lo razonado hasta ahora, el Tribunal entiende que la prueba es legítima.

En resumen, la aplicación del principio de proporcionalidad en lo que a la aplicación de la medida  se refiere, solo debe aplicarse en supuestos excepcionales, por delitos graves, en los que concurran claros indicios de la existencia del delito y de las personas criminalmente responsables del mismo, sin que nunca pueda basarse su adopción en meras sospechas o conjeturas y por el tiempo imprescindible que, por la propia naturaleza de la medida acordada, será en la práctica, mucho menor que el usual en las intervenciones telefónicas. Por otra parte, el principio de subsidiariedad apunta que esta medida únicamente debe acordarse cuando no sea posible obtener, de otro modo, el mismo resultado y al mismo tiempo sea necesaria su adopción para el buen fin de la instrucción de la causa.

Equipo jurídico de Datadiar.com

LEGISLACIÓN

Ley Orgánica 6/2010, de 27 de julio, complementaria de la Ley 31/2010, de 27 de julio, sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. BOE, núm. 182, de 28 de julio de 2010.
La Ley sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea establece, en su disposición adicional segunda, apartado segundo, que, cuando se requiera de autorización judicial para el acceso a la información solicitada, los órganos jurisdiccionales competentes para autorizar o, en su caso, denegar dicho acceso serán los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, salvo que la información forme parte de un procedimiento judicial abierto, en cuyo caso el competente a tal fin será el órgano judicial que esté conociendo de dicho procedimiento. En consecuencia, debe darse una nueva redacción al artículo 88 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que asigne a los Juzgados Centrales de Instrucción la competencia para autorizar o, en su caso, denegar, cuando se requiera autorización judicial, el acceso a la información solicitada en el marco de la Ley citada en el párrafo anterior, siempre que la información solicitada no forme parte de una investigación desarrollada en el seno de un procedimiento judicial abierto, en cuyo caso la competencia corresponderá al órgano jurisdiccional que esté conociendo de dicho procedimiento.

JURISPRUDENCIA

Penal

Delitos de detención ilegal, amenazas, lesiones y robo con violencia. Absolución del delito de robo con violencia. Alegada vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Incorrecta aplicación de los artículos que tipifican el robo con violencia. Tribunal Supremo. Sentencia 14 de junio de 2010.
La sentencia es consciente de que existen algunas contradicciones, las examina, las valora y atribuye esta deficiencia al hecho del intenso temor que los acusados causaron a sus víctimas. Esta valoración se ve corroborada por el hecho de que una de las víctimas acudió a la Comisaría con uno de los grilletes con los que había sido inmovilizada en una muñeca. La nueva versión de los hechos está presidida por el clima de intenso terror que sufrieron las víctimas. Por el contrario, si se va al núcleo de la denuncia se observa que es perfectamente coherente en sí misma y con los datos que la complementan. Por otro lado, está el hecho objetivo e incluso asumido por el recurrente, de la existencia de lesiones, además de las versiones testificales a las que la sentencia dedica una especial atención. Por ello, no se observa ninguna mácula al proceso valorativo que no es irracional ni arbitrario. Incorrecta aplicación de los artículos que tipifican el robo con violencia (artículo 237 y 242.1º CP). El planteamiento del motivo es rotundo al afirmar que en el relato de hechos probados no se contiene referencia alguna a comportamientos, actuaciones o conductas que requieran, de manera expresa, la existencia de violencia directamente encaminada al apoderamiento de bienes en lucro propio.

Mercantil

Contrato verbal de distribución. Extinción por decisión unilateral del fabricante sin preaviso. Indemnización por el lucro cesante correspondiente al tiempo de preaviso considerado procedente. Tribunal Supremo. Sentencia 22 de junio de 2010.
Si la más reciente jurisprudencia de esta Sala rechaza la aplicación mimética o automática del régimen jurídico del contrato de agencia al contrato de distribución incluso para la compensación o indemnización por clientela, menos aún cabe la aplicación analógica que pretende la recurrente en materia de indemnización de daños y perjuicios por lucro cesante, del mismo modo que tampoco en materia de prescripción de la acción del distribuidor para reclamar indemnización de daños y perjuicios. Es más, la concreción del plazo de preaviso en un contrato de distribución carente de plazo expreso «dependerá de las circunstancias concurrentes» y el criterio del art. 25 de la Ley 12/92 es uno de los posibles, de lo que claramente se desprende que no es un criterio obligatorio o imperativo como propone la recurrente.

Seguro de accidente. Prueba del siniestro por la declaración de fallecimiento del asegurado. Tribunal Supremo. Sentencia 18 de junio de 2010.
Alega la aseguradora recurrente que la declaración de fallecimiento no otorga certeza y no pasa de ser objeto de una mera presunción. Señala el TS que el hecho de que la declaración de fallecimiento establezca la probabilidad de la muerte del desaparecido, sin excluir la posibilidad de que el mismo siga vivo, no impide que nuestro ordenamiento vincule a la misma importantes consecuencias jurídicas - en los órdenes familiar y patrimonial: artículos 85 y 196 del Código Civil -, que no hay razón, en defecto de pacto, para no extender también al ámbito del seguro.

Civil

Decae la objeción a la eficacia del contrato basada en la falta de ratificación tácita por estimar la suficiencia del poder en cuya virtud actuó el mandatario. Tribunal Supremo. Sentencia 10 de junio de 2010.
En el caso, el mandato otorgado por el que el mandatario procedió a la venta de  las fincas litigiosas no es un mero mandato concebido en términos generales que sólo facultaba para realizar actos de administración, sino que es un mandato expreso que habilitaba al mandatario para la enajenación de los inmuebles. A dicha conclusión conduce la referencia clara que se hace en el documento de apoderamiento a poder «vender», pero en cualquier caso no es preciso una especial argumentación en la materia porque se entiende  que ha habido ratificación tácita.  Es cierto que la sentencia recurrida no aplica tal ratificación tácita, pero, con independencia de que la determinación de la significación jurídica de los hechos declarados probados forma parte del juicio jurisdiccional de la casación, debe señalarse que la resolución recurrida tampoco rechaza la ratificación sino que simplemente estima que decae la objección a la eficacia del contrato basada en su falta por estimar la suficiencia del poder en cuya virtud actuó el mandatario. Es decir, que al ser el poder suficiente resultaba innecesario valorar si era aplicable la ratificación tácita. Por lo demás, la posibilidad de ésta, incluso cuando se realizan actos de riguroso dominio sin representación, o extralimitándose del poder, se reconoce por la jurisprudencia cuando se acrediten actos del mandante que impliquen necesariamente de un modo evidente e inequívoco la intención de obligarse y concretamente si el mandante se aprovecha de los actos ejecutados por el mandatario.

No procede la resolución del contrato por incumplimiento del comprador cuando tal incumplimiento está justificado por la negativa de la parte vendedora a que el comprador pueda examinar el inmueble antes de  la  escritura pública. Tribunal Supremo. Sentencia 10 de junio de 2010.
Se exige, entre los requisitos que determinan la eficacia de las condiciones y presupuestos resolutorios de las obligaciones recíprocas, previstos en el precepto civil 1124, en su relación con el 1504   , que básica y fundamentalmente no se dé por quien ejercita acción resolutoria, situación de incumplimiento previo y por tanto provocador de la actitud de defensa de sus intereses, que motiva a adoptar a la contraparte adquirente, así como que ésta acceda a la condición de exclusiva incumplidora por su libre y decidida voluntad, que no es preciso está representada por una actitud dolosa o actitud deliberamente rebelde, como resulta expresión superada, sino que lo decisivo es que se produzca frustración del fin del contrato, para la parte que cumple y por razón del incumplimiento obstativo de la contraria. En este caso, no cabe afirmar que el incumplimiento atribuido a la parte compradora fuera injustificado pues se produjo precisamente por la actitud obstativa de la parte vendedora a dar cumplimiento a una obligación que, si no estaba expresa en el contrato, sí constituía lógica derivación de la propia naturaleza de las obligaciones contraídas mediante el contrato de compraventa; por lo que, en definitiva, no cabe considerar que la resolución unilateral del convenio operada por la parte vendedora estuviera justificada y, en consecuencia, determinara una ineficacia sobrevenida del mismo. El incumplimiento del comprador en cuanto a su obligación de procurar la elevación del contrato a escritura pública está amparado por una explicación o justificación razonable.

Laboral

No cabe vincular la duración de este tipo de contratos con la percepción de subvenciones o adjudicación de contratas cuando es la misma empresa la que sigue llevando a cabo la actividad sin solución de continuidad. Tribunal Supremo. Sentencia 14 de junio de 2010.
La cuestión a resolver consiste en determinar si resulta lícita la extinción del contrato de trabajo para obra o servicio determinado suscrito entre en una empresa dedicada a la actividad hospitalaria y  una técnico especialista de laboratorio, cuando se decide prescindir de sus servicios a la terminación de una de las sucesivas prórrogas del concierto suscrito con la Administración Sanitaria para la prestación concertada de servicios de hospital, con la particularidad de que tanto el concierto como la actividad que llevaba a cabo la demandante continuaron desarrollándose en los mismos términos después del cese. En el presente caso, la modalidad contractual empleada de obra o servicio determinado fue utilizada de manera fraudulenta por la empleadora porque la actividad que llevada a cabo por el trabajador era y sigue siendo una actividad de carácter permanente, incompatible con el concepto legal de «obra o servicio determinado». Y hasta tal punto era permanente que pocos días antes de despedir a la demandante se contrata a otra persona de su misma categoría para prestar servicios también en el laboratorio, además,  la vinculación de la actividad de la trabajadora con el Concierto con el Servicio Canario de Salud no era tal, desde el momento en que aquélla realizaba sus funciones tanto para los pacientes de la S.Social como para los privados. Y sobre todo, porque la actividad en la Clínica ha seguido en la misma forma y con el mismo concierto después del cese de la trabajadora, una vez prorrogado tácitamente y para el siguiente año el referido concierto. En principio, no cabe vincular la duración de este tipo de contratos con la percepción de subvenciones o la adjudicación de contratas cuando es la misma empresa la que sigue llevando a cabo la actividad sin solución de continuidad. Con mayor motivo lo será en el caso presente en el que no se ha interrumpido la vigencia y operatividad del concierto con la Administración Sanitaria. De lo razonado se desprende que el cese de la trabajadora constituyó un verdadero despido al haberse producido el cese bajo la forma de una extinción del contrato de trabajo por causa en él consignada cuando realmente se trataba de una contratación indefinida, no sujeta a término.

No es aplicable la doctrina tradicional sobre el derecho a diferencias retributivas por el ejercicio de funciones de superior categoría porque en la definición efectuada en el convenio aplicable resulta la identidad de funciones entre ambas. Tribunal Supremo. Sentencia 17 de junio de 2010.
El demandante es personal laboral de la Junta de Andalucía, ostentando categoría profesional de Perito Judicial no Diplomado, y en las presentes actuaciones reclama las diferencias salariales con la superior categoría de Perito Judicial Diplomado, a pesar de no contar con la titulación específica exigida al efecto por el convenio colectivo aplicable. Siguiendo doctrina de esta Sala al respecto, no es aplicable la doctrina tradicional sobre el derecho a diferencias retributivas por el ejercicio de funciones de superior categoría, porque en la definición efectuada en el convenio colectivo aplicable resulta la identidad de funciones entre las dos categorías profesionales comparadas, diferenciadas exclusivamente por el título exigido para su desempeño, por lo que el demandante no realiza funciones de categoría superior sino las propias de su categoría ostentada aunque las mismas sean coincidentes con las de la categoría superior. Y como las funciones encomendadas no son inadecuadas a su categoría y a su titulación, y en el contrato se atiende a la titulación para conferir la categoría, y las funciones o tareas se realizarán con arreglo a esa misma categoría atendida para la contratación, por ello es por lo que no cabe pretender es que las tareas se valoren por la titulación personal de quien las realiza, sino que han de serlo por la categoría profesional a la que están encomendadas. El art. 14 CE no impone en el ámbito de las relaciones laborales una igualdad de trato en sentido absoluto, pues la eficacia en este ámbito del principio de la autonomía de la voluntad deja un margen en el que el acuerdo privado o la decisión unilateral del empresario, en ejercicio de sus poderes de organización de la empresa, puede libremente disponer la retribución del trabajador, respetando los mínimos legales o convencionales. En la medida, pues, en que la diferencia salarial no tenga un significado discriminatorio por incidir en alguna de las causas prohibidas por la Constitución o el Estatuto de los trabajadores, no puede considerarse como vulneradora del principio de igualdad.

Administrativo

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a obtener una resolución de fondo, así como a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa. Tribunal Constitucional. Sentencia 26 de julio de 2010.
La Sentencia impugnada, no sólo examina la concurrencia efectiva o no de los supuestos que habilitarían la posibilidad de revisión, sino que trasciende el examen de los mismos dando una respuesta también sobre al fondo de la pretensión contenciosa al negar el carácter de recurrible al Decreto impugnado, por ser de trámite. El propio recurrente reconoce expresamente en la demanda de amparo el carácter de acto de trámite de dicho Decreto impugnado, así como que el mismo es anterior a la resolución definitiva del expediente de recuperación, si bien intenta justificar la naturaleza cualificada del mismo y la necesidad de acudir a un criterio amplio al respecto, intentando subsumir el supuesto en el art. 72.2 LJCA como si se tratara de medidas cautelares adoptadas, abundando en la justificación del carácter privado de los terrenos recuperados al existir placas de propiedad privada y otras acreditaciones, propias y privativas de la jurisdicción ordinaria, mas dicha alegación es también expresamente resuelta en la Sentencia impugnada, lo que no hace sino abundar a la existencia de efectiva resolución sobre el fondo, hasta el punto de que este último razonamiento implica la inexistencia de lesión material, consecuencia, así, de que en todo caso el acto originario tenía, por no ser recurrible, vedado el acceso a la jurisdicción. Por tanto, la concurrencia de sendos argumentos, sobre la naturaleza no impugnable de acto de trámite del Decreto recurrido en su día en revisión, y sobre la improcedencia misma de este instrumento de impugnación excepcional, conllevan que no se ha vulnerado el derecho a obtener una resolución de fondo, como consecuencia también de la propia naturaleza presunta --y que, por ello, nada nuevo añade- del acto impugnado.
 
Urbanismo. Relación entre planes insulares de ordenación y planes urbanísticos. Tribunal Supremo. Sentencia 22 de julio de 2010.
No nos encontramos en el marco de las relaciones entre el planeamiento urbano general y el de desarrollo del mismo, sino en el marco, distinto, de la vinculación existente entre el planeamiento territorial y el planeamiento urbano. Es cierto que el primero es superior jerárquico al planeamiento municipal, incluso la ley proclama su carácter vinculante. Pero, obviamente, solo y exclusivamente, si este existe, ya que la diferencia esencial estriba en que, así como puede existir planeamiento municipal sin la existencia del planeamiento territorial, lo que no resulta posible es la existencia de planeamiento municipal de desarrollo (Plan Parcial) sin el anterior planeamiento municipal general (Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias). Pero es que, incluso, a mayor abundamiento, en modo alguno ha resultado acreditado que las Normas Subsidiarias no se ajustaran a la delimitación previamente establecida, por la Modificación del PIOT, en el AIP en el físicamente se ubicaban. Esto es, anulado por sentencia firme el Plan Insular de Ordenación de la Isla de Gran Canaria desaparecían con ello las Áreas Insulares de Protección en él previstas, de forma tal que el planeamiento urbanístico de Mogán no quedaba vinculado a dicho PIOT, por lo que la modificación de sus Normas Subsidiarias debía ajustarse o acomodarse al cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables a las alteraciones del planeamiento, a las diversas normas sectoriales y medioambientales, y, singularmente, a los límites en el ejercicio del ius variandi, pero no a las determinaciones de un planeamiento de superior rango jerárquico inexistente.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2018 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...